La vicepresidenta Cristina Kirchner saluda a sus seguidores desde uno de los balcones del Congreso, en Buenos Aires, el 23 de agosto.JUAN MABROMATA (AFP)
Cristina Fernández de Kirchner habló durante casi una hora en defensa propia. Intentó hacerlo primero ante los jueces que la juzgan como presunta jefa de una asociación ilícita creada para enriquecerse con dinero de la obra pública. No la dejaron. Decidió entonces hablar ante una cámara que colocó en su despacho del Senado. Denunció que la investigación que enfrenta es en realidad “contra todo el peronismo”, una “ficción” sin pruebas ni sustento jurídico. Colocó detrás de la jugada al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), representante de “aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados”. Cuando se apagó la cámara, Kirchner salió a uno de los balcones del Congreso. En la plaza la esperaban cientos de seguidores. Alzó las manos, cantó a coro la marcha peronista y se marchó.
Este lunes fue la última de nueve jornadas de alegatos de la acusación en la llamada causa Vialidad. El fiscal Diego Luciani consideró a Cristina Kirchner la jefe de una asociación ilícita que perpetró durante sus dos mandatos como presidenta, entre 2007 y 2015, “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. La investigación alcanza a otros 12 altos funcionarios del kirchnerismo acusados de desviar dinero de la obra pública para enriquecerse. Entre los acusados están el exministro de Obras Públicas, Julio de Vido, y el secretario de la cartera, José López, detenido desde que en 2016 fue descubierto in fraganti arrojando bolsos con nueve millones de dólares dentro de un convento. Está también Lázaro Báez, un bancario devenido en constructor que durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se hizo con ocho de cada diez contratos de vialidad de la provincia de Santa Cruz, cuna política del matrimonio. El fiscal dio por probado que la fortuna de Báez, hoy preso por lavado de dinero, creció 12.000% entre 2004 y 2015, mientras cerraba contratos privados con los Kirchner.
El desafió del fiscal es enorme. Debe probar que se había creado en el Gobierno de Kirchner una asociación ilícita que la tenía como jefe. No encontró documento alguno con la firma de la expresidenta que la uniese a Lázaro Báez. Buscó pruebas en otra causa, la que llevó a José López, el funcionario de los bolsos rebosantes de dólares, a la cárcel. Como secretario de Obras Públicas, López había mantenido chat privados en los que daba a entender a Báez que la presidenta, a la que no nombra, debía dar el visto bueno a pagos y contratos. Cristina Kirchner tomó este martes aquellos mismos chats, reproducidos en 9.000 páginas, para demostrar que López también hablaba seguido de negocios oscuros con Nicolás Caputo, un empresario de la construcción muy cercano a Macri. “Al final, la que me siento una boluda soy yo”, dijo, dando a entender que López hacía negocios a sus espaldas, tanto con Báez como con Caputo.
El fiscal Luciani pidió cárcel contra Kirchner, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El kirchernismo se aferró a lo que considera un intento de proscripción de su líder, cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales. Con una sola voz, los más altos funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández salieron a respaldar a la líder del movimiento. Según el relato oficial, la justicia ha complotado con la oposición conservadora para proscribir a Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2023. El canciller, Santiago Cafiero, comparó la situación de la vicepresidenta con al de otros líderes regionales que terminaron en la cárcel, como el brasileño Lula da Silva o el ecuatoriano Rafael Correa. Sergio Massa, parte de la coalición y actual ministro de Economía, dijo que la acusación del fiscal Luciani sienta un grave precedente, porque “es absurdo plantear que el jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes”. Massa optó por una defensa técnica, luego de que en el pasado hiciese campaña por la presidencia prometiendo que metería presa a Kirchner.
Durante los nueve días de lectura de alegatos de la acusación, la expresidenta intentó apartar del juicio al fiscal Luciani y a uno de los tres jueces del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu. Se basó en una foto difundida por la prensa que muestra a ambos como participantes habituales de los torneos de fútbol que el expresidente Mauricio Macri organiza en Los abrojos, su casa de fin de semana. No tuvo éxito. Deberá ahora esperar que hablen los abogados defensores de todos los acusados. La sentencia podría estar a finales de año.
Una bandera en apoyo a Cristina Kirchner cuelga de la reja que bordea al Congreso, en Buenos Aires, el 23 de agosto de 2022.AGUSTIN MARCARIAN (REUTERS)
La causa Vialidad es la que más complica a Kirchner. No teme a la cárcel, porque en diciembre ya habrá cumplido 70 años y, en el peor de los casos, le corresponderá prisión domiciliaria. Tiene, además, fueros como vicepresidenta que solo puede perder mediante un juicio político. El problema es político. El kirchnerismo tiene muy pocas expectativas de triunfo en las presidenciales del año próximo. La crisis económica y las peleas intestinas entre Fernández y Kirchner han dilapidado el capital electoral del oficialista Frente de Todos. A Kirchner le queda al menos la posibilidad de una banca en el Senado, pero si finalmente es inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos quedará fuera de carrera.
Podemos cierra filas con la vicepresidenta y Ayuso aplaude el proceso
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno español y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha salido este martes en defensa de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, después de que ayer la Fiscalía del país sudamericano formalizara una petición de 12 de años de cárcel e inhabilitación perpetua contra la dirigente peronista. En opinión de Belarra se trata de una “guerra judicial y medíatica”.
La líder de Podemos ha transmitido también el respaldo de la formación a la expresidenta argentina, vinculada por el fiscal a una trama de de concesiones fraudulentas de obras públicas. “La guerra judicial y mediática contra Gobiernos progresistas es una constante que siempre vamos a denunciar. Porque no es contra nosotros, pone en peligro a la propia democracia”, ha manifestado a través de Twitter antes de establecer un paralelismo con España “o cualquier país democrático”.
La eurodiputada y responsable de política internacional de Podemos, Idoia Villanueva, también se ha pronunciado sobre el caso al señalar que el proceso está “lleno de incongruencias y atropellos” y ha ido más allá al considerar que se trata de “un nuevo ataque a la democracia”. “Deber de los demócratas denunciarlo, exigir garantías y justicia”, ha agregado.
En las antípodas de estas declaraciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la acusación de la Fiscalía para afirmar que “el pueblo argentino clama por la independencia judicial, por la democracia, contra el populismo, la corrupción y el narcotráfico”. “Todo nuestro aprecio, cariño y apoyo a Argentina, gran país que despierta y tiene la oportunidad de ser ejemplo para las democracias liberales”, ha agregado.
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