La acusada se convirtió en acusadora. Desde el banquillo, que era en realidad el imponente despacho de la presidencia del Senado, con la bandera nacional como fondo, Cristina Fernández de Kirchner lanzó un feroz alegato contra el poder judicial argentino. Acusó a los jueces de favorecer la victoria electoral de Mauricio Macri en 2015 y, de forma voluntariamente confusa, comparó a los grandes medios informativos con los militares de la dictadura. La actual vicepresidenta lo tenía todo a favor: hablaba mirando a una cámara que retransmitía a todo el país, porque la sesión era telemática, y sabía que la causa contra ella era, a diferencia de otros sumarios en curso, insostenible.
La actual vicepresidenta de Argentina denunció, para empezar, que la maquinaria del “lawfare”, o el uso de la judicatura con fines políticos, seguía a pleno rendimiento. Probablemente tenía razón. Comparecía ante una sala del Tribunal Federal de Casación que debía decidir si sobreseía una causa abierta en octubre de 2015, justo entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales que ganó Mauricio Macri, a raíz de una denuncia de parlamentarios de la entonces oposición macrista.
Se la acusaba de una operación de venta de dólares a futuro efectuada por el Banco Central que resultó en pérdidas. Aquella fue una maniobra política tan clara como la emprendida el lunes por el presidente Alberto Fernández, quien anunció una querella contra el expresidente Macri por haber contraído una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Los sumarios por decisiones políticas ejercidas dentro de la Constitución (el dólar futuro o el acuerdo con Irán, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, o el préstamo del FMI en el caso de Macri) son jurídicamente insostenibles, pero pueden durar años y tener efectos electorales.
Durante tres cuartos de hora, la vicepresidenta desplegó su talento oratorio (al borde de las lágrimas cuando hablaba del daño sufrido por los argentinos, con ojos relampagueantes cuando se refería a las supuestas maquinaciones judiciales) para destrozar la acusación en su contra y para cargar contra determinados jueces, muy en especial contra el ya fallecido juez Claudio Bonadio. Resulta razonable pensar que Bonadio tenía algo personal contra Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, cuando inició la causa del “dólar a futuro” llegó a acusarla de “traición a la Patria”. Instancias superiores bajaron el tono y la acusación quedó en “administración infiel”.
Siete de las diez causas abiertas contra Cristina Fernández de Kirchner cayeron, supuestamente por sorteo, en manos de Claudio Bonadio. La vicepresidenta se encargó de recordar que Bonadio ordenó allanamientos justo en los cumpleaños de las dos nietas de la familia Kirchner, y que en el aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner la convocó para ocho indagatorias. También hizo notar que entre los beneficiados por la venta de dólares a futuro (muy rentable para quienes la suscribieron gracias a la devaluación, inevitable, efectuada por Mauricio Macri al inicio de su mandato) figuraba Mario Quintana, vicejefe de Gabinete de Macri, y en cambio no había ningún alto funcionario kirchnerista.
Cristina Fernández de Kirchner citó a numerosos jueces que, según ella, habrían prevaricado (sin mencionar el término), y amplió la acusación a los medios informativos dominantes en el país, fundamentalmente el imperio multimedia de Clarín. En un momento dado, señalando a los magistrados de Casación que la observaban en pantalla, afirmó: “Ustedes contribuyeron a que Macri ganara”. “No miren para otro lado”, siguió, “ustedes son responsables de lo que está pasando y me da mucha bronca porque la gente sufre”.
Luego agregó una frase confusa pero perfectamente estudiada. Se refirió a la destitución del presidente radical Hipólito Yrigoyen, el primero elegido democráticamente y derrocado en 1930 por la cúpula del Ejército bajo una acusación genérica de “corrupción”. Y siguió, estableciendo un paralelismo entre el golpismo castrense y “los medios”: “Ahí empezaron una serie de golpes militares donde la persecución se hacía a través de las Fuerzas Armadas (…) Ya no es necesario desaparecer materialmente a los dirigentes políticos [en referencia a los crímenes cometidos por la dictadura militar entre 1976 a 1983], con la articulación de los medios alcanza, no sólo por lo que titulan, sino porque cuentan cosas que no están en los expedientes y cuando se producen las sentencias se basan en los medios”.
La vicepresidenta sabía que tenía ganada la causa. Ahora, según puede interpretarse de los anuncios efectuados el lunes acerca de una reforma para someter al poder judicial a controles políticos, necesita desplegar todos sus recursos para afrontar otras causas de corrupción, como las que lo vinculan al empresario Lázaro Báez, recién condenado a 12 años de prisión por blanqueo de un dinero presuntamente procedente, de forma directa o indirecta, de los Kirchner. Ahí su situación es mucho más delicada.
Cristina Fernández de Kirchner concluyó su alegato con un desafío: “No les voy a pedir el sobreseimiento, cumplan con la Constitución y hagan lo que tengan que hacer”. Los tres magistrados de la Sala I de la Cámara Federal de Casación disponen de 20 días para hacer pública su decisión sobre el asunto.
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