El campamento policial de Barranco Seco, que sustituyó al muelle grancanario de Arguineguín y donde los inmigrantes no deben pasar más de 72 horas, se ha convertido en las últimas semanas en un centro improvisado donde cientos de personas han tenido que cumplir cuarentenas de hasta 10 días. En el recinto, una sucesión de tiendas clavadas sobre tierra arenosa, no se sirve comida caliente, los inmigrantes no pueden ducharse con regularidad, hace mucho frío y humedad y es, según todas las fuentes consultadas, un sitio inadecuado para un aislamiento sanitario. La responsabilidad de mantenerlos allí es de la Consejería de Sanidad canaria que es quien, según el protocolo vigente, debería habilitar espacios para aislar a los inmigrantes que den positivo y a sus contactos estrechos.
El campamento de Barranco Seco, a ocho kilómetros del centro de Las Palmas, albergaba este jueves a unas 260 personas, la mayoría de origen subsahariano. Todos habían sobrepasado ya los tres días de detención que marca la ley, pero, según fuentes policiales, se les ha mantenido allí a la espera de que se les asigne otro lugar donde pasar la cuarentena. El aislamiento de al menos 10 días ―tanto para los positivos en covid-19 como para sus contactos estrechos― es un requisito obligatorio para entrar en la red de acogida estatal.
Como la derivación a otros espacios no se está realizando con agilidad, el campamento lleva cerca de dos semanas acumulando gente. Los positivos, una minoría, tienen prioridad y la Consejería de Sanidad financia hoteles para su cuarentena, pero la gestión de los negativos que son contactos estrechos, que son grupos más numerosos, requiere más infraestructura. “No siempre se logra encontrar soluciones de forma ágil dada la cantidad de migrantes que llegan de forma continua a nuestras costas, pero siempre ha estado garantizada la asistencia sanitaria tanto por covid como por cualquier otra patología que haya surgido”, explica una portavoz de la Consejería.
Algunos de los inmigrantes han llegado a pasar allí hasta 10 días por esta demora, según diversas fuentes que conocen la rutina del campamento. Y la Policía ha acabado asumiendo un trabajo que no le corresponde. “El Ministerio del Interior y la Policía Nacional están realizando el esfuerzo necesario para que estas personas puedan pasar la cuarentena en las mejores condiciones mientras la autoridad competente en este ámbito pueda hacerse cargo de ellos”, ha explicado el departamento de Fernando Grande-Marlaska.
El campamento de Barranco Seco, más allá de no ser un lugar adecuado para las cuarentenas, tiene carencias incluso para una detención de 72 horas. La situación ha mejorado considerablemente si se compara con el escenario del muelle de Arguineguín, pero los migrantes que han pasado por Barranco Seco llevan casi dos meses quejándose del frío y de la humedad, la comida servida es fría y, para algunos, insuficiente, y ha llegado a faltar agua para asearse. El Ministerio del Interior señala que el campamento “está sujeto a constantes mejoras”.
El protocolo de la discordia
La responsabilidad de las comunidades autónomas de garantizar las cuarentenas de los inmigrantes irregulares está recogida en un protocolo que la Secretaría de Estado de Migraciones elaboró el pasado verano. Migraciones puede participar en la logística y la atención de los inmigrantes en aislamiento, pero el documento limita su actuación a una colaboración “voluntaria” y “temporal”. En Gran Canaria hay tres centros de gestión compartida con la comunidad para este fin y durante un tiempo, cuando las llegadas de pateras batían récords, Migraciones permitió que se hicieran cuarentenas en los hoteles. En la Secretaría insisten, sin embargo, en que se trata de una competencia autonómica. “Durante periodos de gran afluencia fuimos flexibles, mostrando como siempre una colaboración con el resto de administraciones para favorecer el bienestar de las personas migrantes”, afirman.
En su momento, este protocolo generó mucho malestar en Andalucía, Murcia y también en Canarias, principales puertos de llegada de pateras, y sus dirigentes se quejaron de que el Gobierno central descargase en ellas esa responsabilidad. A pesar de las quejas, las comunidades afectadas acabaron asumiendo las directrices. “Canarias se mostró contraria a ese protocolo que se aprobó de forma unilateral, pero aún así el Gobierno de Canarias ha ido encontrando soluciones habitacionales en coordinación con la Delegación del Gobierno y está a la espera de que se habiliten las plazas de acogida que ha prometido el Estado”, ha puntualizado una portavoz de Sanidad.
Las islas se han visto sobrepasadas con la llegada de 23.000 inmigrantes irregulares, pero fueron un ejemplo a principios de la pandemia al ser la primera comunidad autónoma que realizaba PCR a todas las personas llegadas en patera. La enorme afluencia de personas, sin embargo, acabó derivando en fallos en el cumplimiento de las directrices sanitarias.
En Arguineguín, donde llegaron a hacinarse 2.600 personas, el Defensor del Pueblo, demandó el cierre urgente del campamento a Interior, pero también dio un toque de atención a las autoridades sanitarias canarias. El distanciamiento social en el muelle era imposible y allí, de forma anárquica, convivían personas con test negativos y positivos. En su recomendación del 24 de noviembre el Defensor pidió a la Consejería de Sanidad “coordinación” con la Administración General del Estado, los cabildos y los ayuntamientos para identificar “recursos residenciales específicos” para realizar las cuarentenas obligatorias de los migrantes con casos positivos de covid.
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