Cuatro comunidades redujeron el año pasado el gasto en dependencia. Fueron Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha y La Rioja, según los datos publicados este lunes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. El primer año de la pandemia, 55.487 personas murieron mientras esperaban, o bien a ser atendidas con la prestación que les había sido reconocida o a ser valoradas para saber si tenían derecho a ello. La ley reconoce a estas personas, en situación muy vulnerable, el derecho a recibir apoyos en su día a día. Pese a que la norma obliga a que el peso de la financiación sea compartido al 50% entre el Gobierno y las autonomías, estas últimas volvieron a asumir el año pasado el grueso de la financiación: aportaron el 84,4% del gasto (7.517 millones de euros, que incluye el copago de los usuarios), frente al 15,6% (1.390 millones ) de la Administración General del Estado. En total, 8.907 millones de euros.
La asociación ha analizado la certificación de gasto en dependencia que las autonomías han remitido al Ministerio de Derechos Sociales. Atendiendo al total del gasto, tanto lo aportado por las comunidades como por el Gobierno, el año pasado hubo un aumento del 3,5% en la inversión, y el porcentaje de personas en situación de dependencia atendidas se elevó un 2,7%, llegando a más de 1,1 millones.
En el caso de las cuatro regiones cuyo gasto disminuyó, en Cantabria la bajada fue del 4,6% mientras que atendieron a un 4,4% más de beneficiarios, y en Castilla-La Mancha la reducción fue del 1,9% y los atendidos crecieron un 0,9%. En Madrid y en La Rioja, la caída también afectó al número de atendidos: en la primera bajó un 3,6% el gasto y un 3,4% los beneficiarios, y en la segunda, un 1,8% la inversión y un 4% los atendidos. “Es obvio que en el año de la covid alguien ha considerado otras prioridades”, asegura la asociación en un comunicado.
La organización, experta en el sector, critica la “acusada desigualdad territorial”. El gasto medio por persona beneficiaria fue de 7.991 euros en el conjunto del país. Hay, no obstante, “grandes diferencias” entre comunidades. En el País Vasco, prácticamente se duplica la cantidad que destina Andalucía: 12.480 euros por beneficiario, frente a 6.251. Según los datos que maneja la asociación, al País Vasco le siguen, en gasto por dependiente atendido, Extremadura (11.695) y Navarra (10.250). A la cola, justo por encima de Andalucía, están Galicia (6.547) y Castilla y León (6.568).
La asociación destaca que los presupuestos de 2021 supusieron una inyección de unos 600 millones de euros. Supusieron el fin de los recortes que se arrastraban desde 2012 y que han lastrado el funcionamiento del sistema de la dependencia en España desde entonces. En su nota, los directores y gerentes de servicios sociales manifiestan que “esperan” el mismo incremento en 2022, algo a lo que se había comprometido el Ministerio de Derechos Sociales al presentar su plan de choque en dependencia, en el que propuso un incremento presupuestario de 3.600 millones en tres años.
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