Indígenas de la etnia yanomami pescan en la Amazonia venezolana.DEA / G. SIOEN (De Agostini via Getty Images)
Una comunidad yanomami al sur de Venezuela consiguió la donación de un equipo para conectarse a internet, para la que acordó con los militares de la zona instalarlo en su base porque el lugar cuenta con paneles solares. Decidieron compartir la conexión wifi. Tras un relevo del personal en el puesto de la Aviación, el trato se rompió y los indígenas fueron a reclamar. En la discusión, cuatro yanomanis resultaron muertos. Otros tres están heridos, entre ellos un adolescente de 16 años, además de dos funcionarios. La comunidad de Parima B llora a sus muertos y está en rebelión desde el domingo cuando ocurrió el incidente.
Esta semana se ha movilizado el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para investigar los hechos. El gobernador del Estado Amazonas, Miguel Rodríguez, confirmó las muertes dos días después. “Hubo un enfrentamiento entre hermanos yanomamis y compañeros del componente Aviación acantonados en Parima B, luego de que no se les compartiera el Internet, generando una situación de confrontación, que dejó como resultado cuatro fallecidos y cinco heridos”, escribió en su cuenta de Facebook.
El fiscal Tarek William Saab informó este miércoles de que su despacho iniciará la investigación sobre la denuncia de un “enfrentamiento” entre indígenas yanomamis y funcionarios militares. Designó a fiscales en materia indígena y en derechos humanos para investigar conjuntamente con el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los funcionarios se trasladaron hasta Parima B para hacer la investigación. El abogado Olnar Ortiz, indígena bare y defensor de derechos humanos en esa región, ha advertido de las dificultades de tipo cultural que pueden hacer cuesta arriba la investigación. “Por su cosmovisión, ellos no van a dejar salir a sus hermanos, no van a permitir que hagan autopsia”.
El pueblo de Parima es parte de la serranía que divide las cuencas de los ríos Orinoco y Amazonas, en la frontera con Brasil. Está a seis semanas de caminata del poblado más cercano, a 450 kilómetros de la capital, Puerto Ayacucho, donde está el hospital a donde llevaron al adolescente herido, el único de gravedad. A Parima solo se llega en avión, por lo que el internet que exigían los indígenas era más que un wifi.
En un video que ha corrido en redes sociales, se ve a un grupo de indígenas reclamando a un general destacado en Amazonas. “Se supone que ustedes vienen a cuidarnos. No tenían que usar las armas así”, dice una mujer mientras de fondo se oye un llanto colectivo inconsolable. En la grabación los uniformados prometen que enviarán a alguien de más rango para negociar con ellos. “Nuestras leyes dicen que el problema que sucede en la tierra de un pueblo yanomami se resuelve en esa tierra”, responde la mujer indígena.
El pueblo yanomami ha impedido el traslado de los militares heridos hasta el hospital en protesta por la masacre, por lo que fue trasladado al lugar un cirujano para atenderlos, informó Ortiz. En algunas versiones, señalan que inicialmente un capitán indígena había ido a pedir el router a los militares y estos le pidieron oro a cambio, lo que llevó al pueblo entero a reclamar.
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Parima es un pueblo que también está sometido a la minería ilegal controlada por garimpeiros brasileños y sindicatos venezolanos, con apoyo de miembros de la Fuerza Armada que han militarizado todo el Estado. La organización SOS Orinoco denuncia que los yanomamis y sanemas están siendo usados como obreros en esta actividad ilegal a cambio de su subsistencia y de transgredir su cultura.
El 20 de marzo se cumplieron diez años de un acuerdo amistoso suscrito entre el Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que Venezuela se comprometió a garantizar la integridad del pueblo yanomami. Estos compromisos surgieron en respuesta a la masacre de Haximú ocurrida en 1993 en la que fueron asesinados 16 indígenas por mineros brasileños (el caso 11.745 Yanomamis Vs Brasil) y son nuevamente recordados por los activistas tras las muertes del pasado domingo.
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