Tres columnas de humo negro se elevan al sur de la plaza del Obelisco de Dakar. Es viernes, después del rezo, y grupos de jóvenes con la cara tapada lanzan piedras sin cesar contra la policía, que responde con granadas lacrimógenas. El ambiente es irrespirable. “¡Este país no es una democracia, estamos hartos!”, grita un joven encapuchado. A cientos de metros, los rescoldos de decenas de hogueras de la batalla campal de por la mañana arden aún en el barrio de Medina mientras en la Avenida Blaise Diagne, alfombrada de piedras, grupos de jóvenes siguen gritando “¡Liberad a Sonko!” e insisten en jugar al gato y al ratón con los agentes. En otros barrios, como Yoff, Parceles, Gueule Tappé o Mermoz, vuelven a sonar las sirenas.
La detención del líder opositor Ousmane Sonko el pasado miércoles ha generado una ola de protestas en Senegal que ha provocado cuatro muertos confirmados por el Gobierno y graves enfrentamientos entre jóvenes manifestantes y la policía en todo el país, pero sobre todo en la capital, Dakar, y en la región sureña de Casamance, uno de los principales feudos de Sonko. El primer fallecido fue identificado como Cheikh Ibrahima Colly, tenía 20 años y murió este jueves en Bignona, en el sur, donde el Gobierno ha abierto una investigación; los otros tres han muerto en Dakar en las últimas horas. Durante las protestas, gasolineras y supermercados franceses han sido saqueados y varios medios de comunicación y edificios gubernamentales han sido atacados en este estallido de cólera.
El viernes por la noche, el ministro del Interior, Antoine Diome, ofreció un duro mensaje televisado en el que acusó a Sonko de negarse a colaborar con la Justicia y de hacer llamamientos a la violencia, “actos de provocación sin precedentes”, dijo. Todo ello, manifestó el titular de Interior, “ha conducido a violencia, saqueos, pillajes y actos de naturaleza terrorista” en los que el Gobierno ha identificado un cierto grado de organización. Diome advirtió también que las manifestaciones son “una violación del estado de catástrofe sanitaria” y que toda persona que cometa delitos será llevada ante la Justicia.
Ousmane Sonko, diputado muy crítico con el Gobierno que quedó en tercer lugar en las elecciones de 2019, fue detenido el miércoles en Dakar acusado de alteración del orden público cuando se dirigía al juzgado a declarar rodeado de cientos de sus seguidores que entonaban cánticos y lanzaban consignas por el centro de la ciudad. Sonko había sido convocado por un juez después de que el pasado 3 de febrero fuera acusado por la empleada de un salón de masajes de Dakar de un presunto delito de violación y amenazas de muerte. La mañana del viernes declaró por primera vez en el Palacio de Justicia y el juez ordenó mantenerlo bajo custodia policial. El líder opositor asegura que esta acusación es un complot urdido por el presidente para que no se pueda presentar a las elecciones de 2024 y acabar con su carrera política.
Hace una década que no se producían disturbios de esta intensidad en Senegal. El Consejo Nacional de Regulación de lo Audiovisual (CNRA), dependiente del Gobierno, suspendió este jueves la emisión de dos televisiones privadas, Walf TV y Sen TV, a las que acusa de incitación a la violencia y poner en peligro la estabilidad nacional en relación con su cobertura de las protestas. En respuesta, varias personas atacaron e incendiaron la sede Radio Future Media (RFM), el conglomerado de medios propiedad del cantante y empresario Youssou N’Dour, cuya línea editorial se considera desde el entorno de Sonko próxima al Gobierno, así como la sede del periódico gubernamental Le Soleil, que también fue incendiada. Las redes sociales y Youtube sufren restricciones de conexión desde este jueves.
El tema ocupa todos los debates y las portadas de los periódicos en Senegal desde que, hace un mes, una masajista de 20 años acusó a Sonko de violación y de haberla amenazado de muerte en el interior de un salón de belleza. Tras hacerse pública la denuncia, el líder opositor reconoció que frecuentaba dicho establecimiento para tratarse dolores de espalda, una dolencia que sufre desde hace años, pero negó los hechos y los calificó de “complot”. Después de que la Asamblea Nacional acordara retirarle la inmunidad parlamentaria para que pudiera responder en los tribunales, Sonko, quien también cuestionó al juez encargado del caso, se negó en un primer momento a acudir al juzgado, donde había sido citado el pasado miércoles. Aconsejado por sus abogados y su líder religioso, cambió de idea y anunció que se presentaría.
Este viernes los principales edificios gubernamentales del centro de la ciudad amanecieron bajo una fuerte protección policial y todo el entorno de la Asamblea Nacional, el Palacio de Justicia y la sede de Presidencia, completamente blindados. El representante de Naciones Unidas en África occidental, Mohamed Ibn Chambas, hizo un llamamiento a “la calma y la moderación” y condenó todos los actos de violencia.
Embajadas extranjeras y organismos internacionales han alertado a sus ciudadanos de la tensa situación y les han recomendado evitar todo desplazamiento en la medida de lo posible. De momento, el presidente Macky Sall ha evitado pronunciarse oficialmente sobre los graves incidentes que sacuden al país y solo en una entrevista realizada por Radio France Internacional a finales de febrero dejó claro que no había participado en ningún complot.
Conexión con los jóvenes
Ousmane Sonko, de 46 años, ha conseguido colocarse en la primera línea política senegalesa con un discurso trufado de patriotismo, anticolonialismo y panafricanismo que ha conectado sobre todo con la diáspora y los jóvenes que no encuentran respuestas a sus problemas en la vieja clase política. Ya durante las elecciones de 2019 recibió duros ataques mediáticos desde el entorno del poder por supuesta financiación extranjera y vínculos con el islamismo más conservador. Sin embargo, Sonko se ha mantenido como la referencia de una juventud que, en plena crisis económica por la covid-19, le percibe como rupturista.
El caso Sonko recuerda a muchos senegaleses lo sucedido con Khalifa Sall, el exalcalde de Dakar que en 2017 fue encarcelado por malversación de 2,7 millones de euros y quien también acusó al presidente Macky Sall de haber puesto en marcha un complot político-judicial para frenar sus aspiraciones presidenciales. Un año más tarde, el tribunal de la Comisión Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) estimó que los derechos del primer edil de Dakar habían sido vulnerados durante el proceso.
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