A dos semanas de que Nicaragua celebre unas controvertidas elecciones presidenciales, cuatro organizaciones civiles de Latinoamérica han publicado un exhaustivo informe que muestra las irregularidades del proceso electoral y exigen al Gobierno que suspenda los comicios. “Es fundamental que los gobiernos democráticos, los organismos internacionales y demás actores internacionales pertinentes hagan uso de sus buenos oficios para evidenciar la falta de legitimidad de origen de los poderes Ejecutivo y Legislativo nicaragüenses que serán electos en el proceso del próximo 7 de noviembre, dadas las graves violaciones a la integridad de este así como la persecución e inhabilitación de facto sobre los candidatos opositores”, establece el informe. El presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección continua en estas presidenciales, en las que participa sin competencia tras encarcelar a los siete aspirantes de la oposición.
El informe ha sido preparado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, y por el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, un grupo no gubernamental de observación y seguimiento electoral nicaragüense. Estas organizaciones denuncian las maniobras del Gobierno de Ortega para lograr una elección a su medida: control del Tribunal Electoral y los registros de votación, exclusión de partidos políticos de oposición, persecución de voces críticas, encarcelamiento de candidatos de la oposición, uso ilegal de recursos estatales con fines proselitistas y la ausencia generalizada de derechos y libertades fundamentales. “De no producirse un giro hacia la plena garantía de los derechos humanos y la integridad electoral a través de la reprogramación de nuevas elecciones, se hace un llamado a la comunidad internacional a desconocer el resultado de las elecciones”, recomiendan las organizaciones que han preparado la investigación.
Desde su regreso a la presidencia en 2007 —Ortega había gobernado Nicaragua de 1985 a 1990—, el exguerrillero sandinista ha desarrollado un gobierno autoritario, controlado todas las instituciones del Estado e instaurado una autocracia familiar, donde él y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comparten el poder junto a sus hijos, asesores presidenciales y empresarios bajo la sombrilla del Estado.
En junio, Ortega inició una brutal represión contra la oposición encarcelando, además de los aspirantes a la presidencia, a activistas, feministas, académicos y empresarios, en una cacería que ha sido criticada tanto por Estados Unidos y la Unión Europea, que han impuesto sanciones a funcionarios del régimen y a los hijos y esposa de Ortega.
El mandatario se sostiene en el poder por la fuerza, debido a que su popularidad se mantiene en las mínimas, según las encuestas. La más reciente ha sido elaborada por CID-Gallup, la firma con mayor credibilidad en Nicaragua, que ha revelado que si las elecciones en Nicaragua fueran entre Daniel Ortega y alguno de los siete aspirantes que han sido apresados por el régimen, el mandatario sandinista solo obtendría un 19% de los votos frente a un 65% opositor, mientras otro 16% de los consultados se mostraron indecisos. Los resultados exponen un desplome histórico del candidato oficialista y su fórmula.
“La comunidad internacional debe desconocer estas elecciones e ignorar sus resultados. El régimen autoritario de Ortega-Murillo ha debilitado y manipulado al extremo la institucionalidad y las prácticas democráticas y ha violentado gravemente los derechos humanos del pueblo nicaragüense”, ha dicho Daniel Zovatto, director regional de IDEA. “En su ambición por perpetuarse indefinidamente en el poder ha despojado de toda integridad al sistema y al proceso electoral. Exhortamos a la comunidad internacional a desconocer estas elecciones y a las autoridades que resulten electas, porque se trata de un proceso doloso, viciado, sin ninguna credibilidad ni legitimidad”, ha agregado.
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