Con el objetivo de garantizar la estabilidad de la nación cubana así como su tranquilidad ciudadana, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó una nueva ley en el nuevo Código Penal que castiga hasta por tres años a quienes insulten a altos funcionarios.
A 10 meses de las protestas masivas que se registraron en la isla, que dejaron un saldo de un muerto y centenares de ciudadanos en la cárcel, en el nuevo texto legal se mantendrán vigentes los delitos de propagación de noticias falsas que se castiga con hasta 30 años de prisión, como ocurrió con los manifestantes de las protestas que ocurrieron el 11 y el 12 de julio de 2021 (la mayoría de ellos rondaba entre los 16 y 20 años de edad).
Las reacciones no se han hecho esperar.
“El Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva cubana que criminaliza sin ningún reparo la disidencia no violenta”, dicen en un comunicado conjunto el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la Red Femenina de Cuba (RFC) y la Asociación de Madres y Familiares 11J por la Amnistía (AMFA).
Por otro lado, los efectos para el periodismo independiente en Cuba podrían ser “catastróficos”, según señaló el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Foto: REUTERS
En julio pasado, una periodista que fue detenida mientras cubría las protestas en Cuba fue liberada de la custodia policial pero puesta bajo arresto domiciliario. La reportera, de 28 años de edad, había estado informando sobre las protestas masivas que atrajeron a miles de personas a las calles y que significaron las mayores manifestaciones antigubernamentales vistas en décadas en la isla.
“Querían que firmara un papel diciendo que admitía desórdenes públicos, pero me negué, no he hecho nada malo”, dijo luego de que se le liberó.
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