“Esto no va a parar hasta el 20 de enero”, dice con cierto humor, pero resignado y con preocupación, un experimentado empresario extranjero con negocios en Cuba tras conocer la inclusión en la lista negra de Washington del Banco Financiero Internacional (BFI), uno de los principales del país que gestiona buena parte de las cuentas de las compañías y hombres de negocios extranjeros y se ocupa de las transacciones vinculadas a las empresas mixtas. Se trata de la última sanción de la administración Trump para dañar la economía cubana antes de marcharse. A esta, según reveló esta semana el periódico The New York Times, podría sumarse en los próximos días otra todavía peor: la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Actualmente integrada solo Corea del Norte, Irán y Siria, la lista conlleva duras sanciones que podrían ser complejas de desmontar para la administración del demócrata Joe Biden que ya ha anunciado que su Gobierno recuperará la política de acercamiento a Cuba que impulsó Barack Obama.
El 20 de enero, día en el que Biden asumirá el cargo de presidente de EE UU, se ha convertido en una fecha clave para los sectores de la actual administración interesados en torpedear cualquier acercamiento a Cuba. Desde hace meses, y más desde que Trump perdió las elecciones, Washington ha iniciado una carrera frenética por dejar a Biden el terreno lleno de obstáculos. En Cuba, en particular, han impuesto numerosas sanciones que van desde prohibir a los norteamericanos alojarse en hoteles del Estado a obligar al cierre de las más de 400 oficinas que la Western Union tenía en la isla, un duro golpe a las remesas que envían los emigrados. El objetivo es que cuando la nueva administración de los primeros pasos para retomar el camino planteado por Obama se encuentre con tantas minas que el paso será lento o impracticable.
El Gobierno cubano rechazó el viernes la inclusión del BFI en la lista de empresas cubanas con las que los norteamericanos tienen prohibido hacer transacciones y acusó a Washington de “recrudecer el bloqueo” con el fin de aumentar el cerco financiero y asfixiar al país. El argumento del secretario de Estado, Mike Pompeo, al anunciar la medida, fue que el BFI está controlado por la corporación militar GAESA, y que sus “operaciones benefician de manera desproporcionada a los militares cubanos en lugar de a los empresarios independientes, fomentando la represión del pueblo cubano y financiando la interferencia de Cuba en Venezuela”. La misma justificación fue esgrimida para meter en la lista negra a la financiera cubana FINCIMEX, que ocasionó el cierre de las oficinas de la Western Union.
“Esta medida puede suponer a las empresas y empresarios una gran dificultad, pues algunos bancos extranjeros con los que operamos pueden temer ahora ser sancionados por Washington”, asegura un hombre de negocios con una empresa establecida desde hace años en la isla. “Lo único bueno es que a partir del 20 de enero todo esto cambiará”, zanja.
Biden ya ha dicho que acabará con la política de hostilidad y sanciones de Trump y, aseguran los analistas, en breve comenzará a levantar la maraña de medidas impuestas por su antecesor durante estos cuatro años, como la restricción de las remesas, la prohibición de vuelos directos y de los cruceros, el cierre del Consulado o la eliminación del llamado “People to people”, la modalidad de viajes de “enriquecimiento cultural” que la mayoría de los norteamericanos utilizaban para viajar a la isla. Muchas de estas medidas pueden desmontarse con relativa rapidez, pero otras, afirman expertos en las relaciones entre Cuba y EE UU, son más complejas de levantar, como la de sacar a las empresas de GAESA de la lista negra de Washington.
El New York Times publicó esta semana una exclusiva en la que adelanta que Pompeo ha de decidir en los próximos días si incluye a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Obama sacó a la isla de la lista en 2015, durante el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. El diario norteamericano reveló que la propuesta de devolver a Cuba a la lista partió de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y no de su Oficina de Contraterrorismo, que normalmente debería estar involucrada en tal medida. Sería, pues, una decisión política, no una basada en el peligro real que suponga Cuba para EE UU.
La designación como Estado patrocinador del terrorismo puede desencadenar sanciones que incluyen “restricciones a la ayuda exterior de Estados Unidos; una prohibición de las exportaciones y ventas de defensa; ciertos controles sobre las exportaciones de artículos; y diversas restricciones financieras y de otro tipo”, según el Departamento de Estado.
“Poner a Cuba en la lista de países terroristas en los últimos días de su mandato, obviando el riguroso proceso interno que esto implica, enseña la falta de seriedad de esta administración y es una nueva humillación a los profesionales que elaboran la política de seguridad nacional de EE UU”, dijo en La Habana Joe García, exsecretario de Energía de la administración Obama, quien se encuentra en la isla después de haber apoyado y organizado el envío de un vuelo histórico con ayuda sanitaria de Miami para el IPK, el principal instituto del Ministerio cubano de Salud implicado en la lucha de la pandemia.
Según el excongresista demócrata, que también fue director ejecutivo de la Fundación Cubanoamericana (la principal organización del exilio, liderada por el fallecido Jorge Más Canosa) y que defiende hoy el acercamiento a Cuba, este es momento de construir puentes, no de levantar muros. Sobre la última sanción contra el Banco Financiero Internacional, señaló que “está hecha con intención de dañar en un momento clave, pero sin pensar en las consecuencias para ambos países y en particular para al pueblo cubano, que es a quien dice beneficiar”. Según García, un profundo conocedor de la comunidad cubanoamericana de EE UU, la medida “sería risible y de politiquería barata si no tuviese consecuencias directas para el pueblo de Cuba y los cubanos del sur de la Florida, que son los que tendrán que buscar nuevas vías y pagar más caro para ayudar a sus familias”.
Ambas medidas –aunque la de inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo no es oficial– generaron no solo el rechazo del Gobierno, sino también el de la diplomacia europea. “En plena pandemia cualquier sanción es una barbaridad que demuestra un nivel de enconamiento y odio que no tiene justificación”, aseguró el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro. Como Joe García, Navarro piensa que estos momentos son “de construir puentes, no de destruirlos”.
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