Un hombre carga una balsa en una playa a las afueras de La Habana, este mes.ADALBERTO ROQUE (AFP)
La crisis migratoria que vive Cuba está pulverizando todas las marcas. En los últimos 11 meses, cerca de 180.000 cubanos entraron a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera mexicana y otros 8.000 lo intentaron por vía marítima. Son cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU. A ellas se suman datos recientes de la Guardia Costera de EE UU que indican que desde octubre del año pasado 5.421 balseros cubanos fueron interceptados en alta mar tratando de cruzar el estrecho de la Florida en frágiles embarcaciones —y unos 3.000 lograron tocar tierra firme—, cifra que supera la del total de balseros detenidos en los últimos cinco años. Se trata de un éxodo sin precedentes: esta crisis migratoria es mayor que todas las anteriores, incluida la del Mariel y la Crisis de las balsas juntas: durante la primera, en 1980, 125.000 cubanos abandonaron la isla, y en la segunda, en 1994, lo hicieron 35.000.
Lo peor es que todo indica que esta sangría va a continuar, coinciden diversos sociólogos y economistas cubanos consultados, que afirman que el deterioro de las condiciones de vida y las penurias económicas que están en la base de esta estampida no van a amainar, sino que pueden agravarse todavía más en el futuro inmediato. El criterio general es que la crisis que atraviesa el país es estructural y que para salir del hueco va a hacer falta mucho tiempo, capital, ayudas financieras y reformas radicales que no está claro que el Gobierno esté dispuesto a hacer.
Casi a diario en la prensa cubana y estadounidense salen noticias de deportaciones, naufragios, operaciones de tráfico de personas y crudos testimonios de las arriesgadas aventuras vividas por los emigrantes cubanos durante las travesías por mar o por tierra —en este caso cruzando fronteras centroamericanas hasta llegar a México— en su intento desesperado por llegar a EE UU. Decenas de cubanos, probablemente cientos, han perdido la vida ahogados en el mar, cruzando el río Bravo o a manos de las mafias que controlan la emigración ilegal en la región. Las exhortaciones de ambos gobiernos para detener el éxodo son cada vez mayores. Pero la gente continúa intentándolo.
La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció un aumento en las patrullas fronterizas por tierra, mar y aire para frenar la gran ola de balseros cubanos, y aseguró que diversas agencias encargadas de gestionar la inmigración ilegal se coordinarán para ello. “Los objetivos principales de este grupo interagencial [sic] son evitar la pérdida de vidas en el mar, e interrumpir la migración ilegal marítima utilizando las fuerzas del Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó en un comunicado la misión diplomática, que señaló que los cubanos interceptados en alta mar serán deportados.
Este fin de semana, la televisión cubana entrevistó a varios balseros deportados por EE UU que relataron cómo estuvieron a punto de perder la vida en el mar, entre ellos una joven con un niño pequeño. El mensaje disuasorio era evidente: dijeron que no lo volverían a intentar por vía ilegal. Pero que esta recomendación cale en una población angustiada, agotada y desesperanzada es improbable.
Con la situación desbordada, el pasado jueves y viernes Cuba y EE UU realizaron en La Habana un “encuentro técnico” entre Tropas Guardafronteras cubanas y el Servicio de Guardacostas estadounidense para “incrementar la cooperación bilateral” en la lucha contra la emigración irregular, el tráfico de personas y drogas, así como la búsqueda y el salvamento marítimo. Según un comunicado oficial cubano, la reunión se celebró “en un clima respetuoso y profesional” y fue provechosa. “Las delegaciones de ambos países destacaron la utilidad de estos encuentros y coincidieron en la importancia de avanzar en la cooperación en esta área”, además de acordar “continuar con estos encuentros técnicos en el futuro”, informó el Gobierno cubano. En abril, Cuba y EE UU ya habían retomado las conversaciones bilaterales sobre temas migratorios, los primeros de alto nivel desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Estas reuniones habían sido suspendidas durante la presidencia de Donald Trump, que dio marcha atrás al histórico proceso de acercamiento entre ambos países.
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Desde siempre, el tema migratorio ha sido clave en las turbulentas relaciones entre Cuba y EE UU, pero ahora lo es quizás más que nunca. En las últimas seis décadas, diversos éxodos han elevado la tensión entre ambos países en diferentes momentos —desde Camarioca (en los sesenta) hasta la crisis de las balsas (en los noventa)—, funcionando como válvulas de escape y mecanismos de presión a Washington coincidiendo con crisis económicas y políticas en la isla. Pero la magnitud del descalabro actual, que derivó en las históricas protestas contra el Gobierno el 11 de julio del año pasado, no tiene parangón. El 11-J marcó un antes y un después en Cuba, y ahí están las cifras migratorias, que hablan por sí solas.
En el año fiscal 2020, 14.000 cubanos entraron ilegalmente a EE UU por la frontera mexicana. En 2021 fueron 39.300, y hasta agosto de 2022 —el año fiscal comenzó el 1 de octubre del año pasado y termina el próximo 30 de septiembre— cerca de 180.000 emigrantes han ingresado por la frontera sur. Según las autoridades norteamericanas, si se sigue al actual ritmo, 2022 podría cerrarse con un récord absoluto de más de 200.000 cubanos en situación irregular. Los datos de balseros interceptados por guardacostas norteamericanos son igualmente reveladores. En el año 2017 fueron detenidos 1.468 cubanos; en 2018, 259; 313 en 2019; solo 49 en 2020 y 838 balseros en 2021. En solo 11 meses del presente año fiscal, ya van 5.421.
No hay duda de que la actual crisis migratoria es la mayor vivida hasta ahora desde que triunfó la revolución. Tampoco la hay de que las condiciones que la alientan tienen difícil solución. Las penurias económicas, los apagones draconianos, la inflación desbocada, la escasez de artículos de primera necesidad y de medicinas, el deterioro de los servicios de salud, el agotamiento y la falta de esperanza de la sufrida población cubana, sobre todo de los más jóvenes, no parece que vayan a cambiar a corto plazo. El pesimismo es general, no se ve la luz y muchos jóvenes sienten que marcharse es la única opción para mejorar. Un drama que hipoteca el futuro del país.
El Gobierno de Biden, que no quiere más emigrantes en situación irregular cubanos, ha puesto en marcha recientemente varias medidas en la dirección de restablecer los servicios consulares de su embajada en la isla —que Trump desmanteló— y revitalizar el programa de reunificación familiar. Pero La Habana asegura que son medidas insuficientes, y culpa a Washington de exacerbar el flujo de emigrantes ilegales por el incumplimiento del acuerdo bilateral que estipula la entrega de 20.000 visados anuales a ciudadanos cubanos, y por el mantenimiento de la ley de Ajuste Cubano, que beneficia a los cubanos y les permite obtener la residencia permanente al año y un día de entrar al país, aunque lo hayan hecho ilegalmente. Eso, y el recrudecimiento del embargo, al que el Gobierno de La Habana echa la culpa de todos sus males. Mientras ambos gobiernos siguen enrocados en su viejo desacuerdo, los cubanos ven que el tiempo pasa, el éxodo crece y ellos cada vez viven peor.
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