Se sabía que Biden no iba a ser Obama con Cuba. Y que levantar las sanciones de Trump y retomar la política de acercamiento del anterior presidente demócrata podría demorar tiempo. Pero nadie imaginó que las cosas pudieran torcerse tanto. Casi cinco meses después de su llegada a la Casa Blanca, ni una sola de las 240 medidas para recrudecer el embargo adoptadas por Trump ha sido levantada. Los reproches de Washington por la situación de los derechos humanos en la isla van en aumento, y la nueva Administración acaba de decir que La Habana no colabora plenamente con Washington en la lucha contra el terrorismo, por lo que seguirá en su lista negra. La reacción de la Cancillería cubana fue inmediata: “Se trata de una acusación totalmente infundada y utilizada con fines políticos, que intenta justificar las agresiones contra Cuba, incluido el inhumano bloqueo económico, comercial y financiero que sufre nuestro pueblo”. De las expectativas iniciales poco queda. Día a día se vuelve a la retórica enconada de la era Trump, y de la normalización de Obama ya ni se habla: para Cuba, Biden es el presente y el pasado.
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En las últimas semanas, los rifirrafes diplomáticos entre ambos países se han multiplicado. El 4 de mayo, el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, dijo durante la 51 Conferencia del Consejo de las Américas que su país “condenará la represión de los derechos humanos en la isla” y defenderá “los derechos humanos del pueblo cubano, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y reunión”. El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, respondió horas después: “Si el secretario Blinken estuviera interesado en los derechos humanos de los cubanos, levantaría el bloqueo y las 243 medidas aplicadas por el Gobierno anterior, vigentes hoy en medio de la covid-19. Restablecería servicios consulares y la reunificación familiar”.
La semana pasada, a raíz de la huelga de hambre del artista y activista disidente Luis Manuel Otero Alcántara, de su traslado a la fuerza a un hospital de La Habana —en el que lleva casi cuatro semanas ingresado y aislado— y del posterior arresto del rapero opositor Maykel Osorbo, la secretaria adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, dijo que EE UU rechazaba “la detención de artistas por ejercer su libertad de expresión”. “El Gobierno cubano no puede silenciar a sus críticos mediante la violación de sus derechos humanos”, agregó la funcionaria, pidiendo la “inmediata liberación” de los dos integrantes del denominado Movimiento San Isidro. Esta vez respondió la subdirectora general de EE UU de la Cancillería cubana, Johana Tablada, considerando el pronunciamiento de Chung “abiertamente demagógico e injerencista” y un “simulacro de preocupación por los derechos humanos, mientras esconde los verdaderos propósitos del gobierno estadounidense”. “A EE UU no le preocupa el pueblo de Cuba y ni siquiera le preocupan aquellos ciudadanos cubanos a los que de manera sistemática financia, orienta y promueve con alta visibilidad para fabricar acciones ilegales de desestabilización y generar una falsa imagen de Cuba, pretextos con los cuales intenta justificar su criminal política de bloqueo económico”, dijo Tablada.
Para empeorar la cosa, esta semana Washington designó a Cuba, junto a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela, entre los países que “no cooperan” del todo en sus “esfuerzos antiterroristas”, lo que justificaría mantener a la isla en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo, en la que Trump la incluyó nueve días antes de dejar la Casa Blanca, una última sanción con el objetivo de obstaculizar cualquier posible acercamiento a La Habana. “Sorprende e irrita la calumnia y que [la Administración Biden] aplique la política de Trump”, contratacó Rodríguez.
El académico norteamericano William Leogrande recuerda que Joe Biden apoyó la apertura de Obama a Cuba cuando era su vicepresidente y prometió durante la campaña de 2020 reanudar el compromiso. “Pero las primeras señales de los funcionarios de la administración indican que se está produciendo un debate interno entre los que están a favor de volver a la política de Obama, y los que continuarían con la política de presión, dejando muchas de las sanciones de Trump en su lugar”, señala en un reciente trabajo.
En los últimos meses varios congresistas y senadores de ambos partidos han registrado diversas iniciativas legislativas, a favor y en contra, de la flexibilización del embargo. El cabildeo es creciente, y en él es clave la posición del importante senador demócrata Bob Menéndez, presidente del comité de relaciones exteriores de la Cámara Alta, comprometido con la línea dura hacia Cuba. En días recientes Menéndez y el senador republicano Marco Rubio -que actuó como pilar de Trump en su política de sanciones contra la isla- presentaron una propuesta para prohibir que los tribunales de EE UU puedan reconocer derechos a una persona o una empresa sobre una marca comercial que haya sido “confiscada por el régimen cubano”. Una raya más al tigre. Al tiempo, la ONG Oxfam pidió a EE UU que “actúe cuanto antes para normalizar las relaciones con Cuba” y levantar las sanciones por cuestiones humanitarias, recordando que de las 243 medidas adoptadas por Trump, 55 fueron dictadas durante la pandemia.
El debate sobre qué debe hacer Biden en relación a Cuba está abierto en EE UU. Prestigiosos think tanks, como el Consejo para la Democracia en las Américas (CDA), el Washington Office on Latin America (WOLA) o el Cuba Study Group (CSG) han solicitado en diversos documentos a la nueva administración que conceda prioridad al tema cubano y restablezca la política de acercamiento y compromiso crítico de Obama. Pero de momento nada. En el difícil juego de equilibrios de poder en Washington, observa Leogrande, “es posible que se obtengan beneficios políticos internos si se mantiene el statu quo”, pero esto no producirá nada “positivo” en política exterior, opina. “Una política eficaz hacia Cuba requiere una mentalidad realista que reconozca, de una vez por todas, la incapacidad de Washington para imponer su voluntad a Cuba. Los responsables políticos deben abandonar la ilusión de que las sanciones producirán la victoria, y ponerse a trabajar con un régimen que puede no gustarnos, pero que no va a desaparecer pronto”. Lo otro es seguir con la misma política de presiones de hace 60 años que ha demostrado su fracaso y alimenta en el Gobierno cubano la psicología de plaza sitiada. Y en medio, como siempre, los cubanos de a pie son los perjudicados.
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