NEW ORLEANS, LOUISIANA – Defensores de los inmigrantes escuchan este miércoles en una Corte Federal de Apelaciones en Nueva Orleans un nuevo capítulo de la batalla legal existente por el tema de la orden ejecutiva que dio un beneficio que impide la deportación de miles de personas traídas a Estados Unidos cuando eran niños.
Un juez federal en Texas sentenció el año pasado que la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, (DACA, por sus siglas en inglés) era ilegal, pero aceptó que la disposición siguiera vigente en su forma actual para los que ya se beneficiaban de ella durante las apelaciones.
Aunque no se espera una sentencia en la audiencia de este miércoles en la Corte 5ta de Apelaciones, sí sirve como escenario para reivindicar lo logrado por cientos de miles de inmigrantes cobijados por este programa expedido durante la presidente de Barack Obama.
El Departamento de Justicia defiende el programa juntamente con el estado de Nueva Jersey, organizaciones como el Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) y una coalición de grandes empresas —Amazon, Apple, Google y Microsoft, entre otras— según las cuales los beneficiarios de DACA son “empleados, consumidores y creadores de empleos”.
Muchos inmigrantes caen en la trampa de estafadores.
Texas, el demandante principal en conjunto con otros ocho estados de tendencia republicana, argumenta que DACA se aprobó sin pasar por los debidos canales legales y administrativos y que la permanencia ilegal de inmigrantes en el país los perjudica económicamente.
“DACA impone clásicos perjuicios al bolsillo de los estados a través del costo de los servicios sociales, la salud pública y la educación”, sostuvieron los abogados de Texas en un acta, según la cual el estado gasta decenas de millones en servicios médicos para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país.
Los defensores de DACA sostienen que el estado no ha demostrado que el fin del programa no traería una reducción de esos costos. Dicen que Texas debilitó su argumento de perjuicio financiero al esperar seis años antes de cuestionar el programa. Además, sostienen que los beneficiarios de DACA reducen los costos de Texas porque muchos de ellos tienen empleos con beneficios de salud y muchos son propietarios de viviendas cuyos impuestos sobre la propiedad sostienen las escuelas.
DACA ha enfrentado numerosos juicios desde que el entonces presidente Obama lo creó por decreto en 2012. Su sucesor Donald Trump trató de eliminarlo, pero la Corte Suprema sentenció que no lo había hecho debidamente, lo devolvió a la vida y permitió nuevas demandas, como la de Texas.
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