Cinco miembros de una organización familiar de tráfico sexual fueron sentenciados esta semana a casi 40 años de prisión por la jueza federal de distrito Allyne R. Ross en una corte federal en Brooklyn, Estados Unidos.
José Miguel Meléndez-Rojas fue condenado a 39 años y seis meses de prisión; José Osvaldo Meléndez-Rojas y Rosalio Meléndez-Rojas fueron condenados a 39 años y cuatro meses de prisión cada uno; Francisco Meléndez Pérez y Abel Romero-Meléndez fueron condenados a 25 años y 20 años de prisión, respectivamente.
Fueron condenados a pagar una restitución a sus víctimas. Los acusados fueron declarados culpables por un jurado federal en marzo de 2020 de tráfico sexual, conspiración de tráfico sexual, tráfico sexual de menores, prostitución interestatal, contrabando de extranjeros y conspiración de lavado de dinero. Un sexto coacusado, Fabián Reyes-Rojas, se declaró culpable de conspiración de tráfico sexual y tráfico sexual en diciembre de 2019 y está a la espera de sentencia.
Entre 2006 y julio de 2017, los acusados transportaron a mujeres y niñas mexicanas jóvenes y vulnerables, algunas de las cuales eran menores de edad, a los Estados Unidos y las obligaron a trabajar en la prostitución.
Los explotadores sexuales utilizaron falsas promesas de amor, matrimonio y una vida mejor para atraer a las mujeres y niñas a relaciones románticas y sexuales, y las aislaban de sus familias llevándolas a vivir en las casas de los acusados en Tenancingo, México.
Luego, los acusados las violentaban física y sexualmente y las amenazaban para obligarlas a trabajar en la prostitución en la ciudad de Nueva York, Long Island, Nueva Jersey, Connecticut y Delaware. Los ganancias generadas por la prostitución de las víctimas eran aplicada en lavado de dinero para ocultar su fuente.
Seis víctimas-testigos declararon en el juicio sobre el abuso físico y sexual que sufrieron a manos de los acusados. Una víctima identificada como “Diana” testificó que fue contrabandeada a los Estados Unidos cuando era menor de edad y obligada a trabajar como prostituta. Cuando intentó escapar, José Miguel Meléndez-Rojas la golpeó y violó frente a otros miembros de la familia, entre ellos Rosalio Meléndez-Rojas y Abel Romero-Meléndez.
Otra víctima identificada como “Delia” testificó que cuando tenía 14 años fue obligada a prostituirse por Francisco Meléndez Pérez y su tío Rosalio Meléndez-Rojas. En llegado momento se negó a trabajar; no obstante fue golpeada por los acusados.
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Las víctimas “Fabiola” y “María Rosalba” también testificaron que fueron obligadas a trabajar como prostitutas a través de amenazas, abuso físico y abortos forzados por Rosalio Meléndez-Rojas y José Osvaldo Meléndez-Rojas. La víctima “Daisy” testificó que fue obligada a prostituirse por Fabián Reyes-Rojas.
Otra víctima que responde al nombre de “Verónica” testificó en el juicio que José Miguel Meléndez-Rojas la amenazó a ella y a su familia, diciéndole que él “cortaría a [su] madre en pedazos” si ella no trabajaba en la prostitución para su beneficio.
La investigación, el enjuiciamiento, las medidas bilaterales de aplicación de la ley y la extradición de los acusados detenidos en México, se coordinaron a través de la Iniciativa Bilateral de Aplicación de la Trata de Personas entre Estados Unidos y México.
Desde 2009, los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional colabora con sus homólogos mexicanos encargados de hacer cumplir la ley en la iniciativa bilateral para desmantelar de manera más efectiva las redes de trata de personas que operan a través de la frontera entre Estados Unidos y México, llevar a los traficantes de personas ante la justicia, restaurar los derechos y la dignidad de las víctimas de trata de personas y reunir a las víctimas con sus hijos.
Estos esfuerzos han resultado en enjuiciamientos exitosos tanto en México como en los Estados Unidos, incluidos los enjuiciamientos federales de los Estados Unidos de más de 170 acusados en múltiples casos en Georgia, Nueva York, Florida y Texas, además de numerosos enjuiciamientos federales y estatales de traficantes sexuales asociados en México.
Las condenas en este caso son el último desarrollo en el programa integral contra la trata del Distrito Este de Nueva York, que ha acusado a más de 100 personas por tráfico sexual; prestó asistencia a más de 180 víctimas, entre ellas más de 40 menores; reunió a los hijos de 19 víctimas con sus madres; y obtuvo órdenes de restitución de más de 4 millones de dólares en nombre de las víctimas de la trata.
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El gobierno de México, incluida la entonces Procuraduría General de la República y la Policía Federal de México, así como el Centro Nacional de Atención a Delitos Cibernéticos contra Menores (CENADEM), también desempeñaron un papel destacado en el avance de los esfuerzos bilaterales contra la trata de personas en este caso. Los proveedores de servicios y defensores no gubernamentales de las víctimas también dedicaron esfuerzos a restaurar y mejorar las vidas de los sobrevivientes de la trata y sus familias.
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