Daniel Ortega ha enviado un mensaje claro a los nicaragüenses: en el país centroamericano nadie es intocable y puede ser investigado y arrestado si el régimen lo considera una amenaza para sus intereses. El último detenido es Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), el principal de Nicaragua, con presencia en Centroamérica, el Caribe y Ecuador. Al banquero se le imputan los mismos cargos que al resto de detenidos en la escalada represiva desatada por Ortega, incluyendo incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares o usar financiamiento externo para ejecutar actos de terrorismo que desestabilicen al régimen. La justicia nicaragüense también investiga a 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento ligado al sector privado, que publica análisis sobre la situación económica del país. Entre los investigados están dos de los empresarios más poderosos de Nicaragua, José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo. Una jueza de Mangua les ha impuesto retención migratoria y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
Crisis política en Nicaragua
“El arresto del principal ejecutivo bancario del país enturbia toda vía más un ambiente económico que ya estaba lleno de desconfianza e incertidumbre, porque el mensaje a los inversionistas y los consumidores es negativo y lo pensarán mucho antes de invertir o contraer una deuda en Nicaragua”, explica el economista nicaragüense Enrique Sáenz. “Esta medida va más allá de la mera irresponsabilidad, porque las corridas bancarias, los pánicos financieros, son de carácter sicológico y no son controlables ni por represión ni por medidas políticas una vez que se desatan. Esta medida de Ortega raya en el suicidio, con la gran diferencia que se llevaría consigo no solo al sistema financiero, sino a una economía frágil y una sociedad vulnerable”, agrega Sáenz.
El Banpro reaccionó con una escueta y tímida nota de prensa en la que afirma que la institución “ratifica su apego a las leyes vigentes en el país”. Ni condena ni exigencia de libertad, lo que demuestra el temor de los empresarios frente a un régimen que ha roto todas las líneas. Hasta 2018, Ortega mantenía una suerte de cogobierno con el sector privado, una alianza estratégica con los empresarios, que permitían los desmanes del sandinista a cambio de hacer jugosos negocios. El distanciamiento llegó cuando Ortega quiso imponer por la fuerza una reforma a la seguridad social que afectaban a las pensiones y que fueron rechazadas por los empresarios, porque imponían a la patronal el pago de mayores cuotas. Una de las primeras protestas masivas contra el régimen, que convocó a decenas de miles de nicaragüenses, fue financiada por los empresarios, en una afrenta directa a Ortega. Además, cuando Estados Unidos impuso sanciones a familiares y funcionarios de Ortega, los bancos del país desistieron de hacer negocios con el régimen, temerosos de que esas acciones generarán represalias de Washington y afectaran sus negocios en Nicaragua y el extranjero.
“En esta embestida demencial también hay elementos de venganza”, dice el economista Sáenz. “No es que los bancos hayan tenido muestras de rebeldía, sino que sus acciones [contra el régimen] se deben a una tutela de sus intereses, los bancos cerraron sus instituciones financieras al poder para protegerse. Ortega intenta someter a los grupos económicos más poderosos con este acto de venganza”, analiza Sáenz.
Con su nueva ofensiva represiva Ortega ha detenido a 16 personas en Nicaragua. Los primeros perseguidos fueron los aspirantes a una candidatura por la oposición, con especial escarnio contra Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996) y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe nacional asesinado por la dictadura somocista. Cristiana Chamorro apenas había anunciado su interés de participar en el proceso electoral, cuando despertó grandes simpatías entre los nicaragüenses. Fue entonces cuando la maquinaria de justicia se ensañó contra ella, levantando un caso de lavado de dinero a través de su fundación —que lleva el nombre de su madre—, una organización que durante décadas apoyó al periodismo independiente. A ella le siguieron el exdiplomático Arturo Cruz, el académico Félix Maradiaga y el exviceministro de Hacienda Juan Sebastián Chamorro García.
Luego fue detenido José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quien lideró una mesa del diálogo de 2018 por parte de los empresarios para hallar una solución a la crisis política. A él le siguió Violeta Granera, destacada activista, y un día después José Pallais, uno de los juristas más lúcidos del país. El pasado domingo fueron apresados los exguerrilleros sandinistas Dora María Téllez, Victor Hugo Tinoco y Hugo Torres, considerados héroes de la revolución sandinista. Todos los detenidos son acusados de incitar a una intervención extrajera en Nicaragua para desestabilizar al Gobierno de Ortega.
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