Michael Healy, el presidente de la patronal de Nicaragua, ha sido arrestado con violencia por policías del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la mañana de este jueves en Managua. El titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) ha sido detenido luego de que asistió a una citación que le impuso la Fiscalía, bajo control del Ejecutivo. Antes de ingresar al recinto, el empresario ha dicho que no temía ser apresado. “Yo no he hecho nada malo”, ha afirmado ante los medios de comunicación. Menos de dos horas después de la detención de Healy, el régimen también ha apresado al vicepresidente del Cosep, Alvaro Vargas.
Healy fue arrestado mientras la policía allanaba su casa. Su detención acentúa la fractura del régimen Ortega-Murillo con el empresariado, un sector que fue su gran aliado hasta 2018 bajo un modelo llamado de “diálogo y consenso”, y al que ahora acusa de “financiar” un supuesto “intento golpe de Estado”.
El idilio corporativista se rompió a raíz de la crisis sociopolítica, originada en las protestas que fueron reprimidas con violencia por policías y fuerzas paraestatales. Desde entonces, el Cosep pasó a tener una postura crítica con el Gobierno, aunque siempre ha pesado sobre los principales dueños del gran capital la crítica sobre la que se considera su actitud timorata para confrontar a un régimen que ha cerrado todas las libertades con una escalada represiva total, liquidado las garantías democráticas de las elecciones del 7 noviembre y ensombrecido el panorama sociopolítico y económico de Nicaragua.
Healy se convierte en el segundo presidente del Cosep en ser arrestado en menos de seis meses. Antes fue José Adán Aguerri, una figura clave durante los años de relación entre el empresariado y el oficialismo. Aguerri fue arrestado el 9 de junio pasado, cuando los Ortega-Murillo desataron una cacería de opositores, entre ellos siete precandidatos presidenciales. Aguerri renunció a la presidencia de la patronal en septiembre de 2020, ya que se involucró de lleno en la Alianza Cívica, un grupo opositor surgido a raíz de las protestas de abril, y se dedicó, entre otras misiones, a negociar la liberación de los presos políticos.
Healy fue elegido nuevo presidente del Cosep y su gestión ha sido muy tímida frente a la radicalización del Gobierno y la liquidación de las elecciones. Sin embargo, la noche de este miércoles la Fiscalía le entregó una citación para “una entrevista” sin especificar los motivos y, poco tiempo después, su vivienda fue rodeada de policías.
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El líder patronal asistió a la cita que le fue reprogramada y luego, cuando salió del Ministerio Público de regreso a casa, fue interceptado por una patrulla de tropas especiales. Los oficiales detuvieron momentáneamente a periodistas que seguían la camioneta de Healy para impedir documentar el arresto. Luego de la detención, la policía emitió un comunicado asegurando que el presidente del Cosep es “investigado por el delito de lavado de dinero” y por “traición a la patria”.
Tras la captura de sus directivos, el Cosep ha expresado que “estas acciones represivas del Gobierno evidencian un ataque directo al Consejo Superior de la Empresa Privada y sus dirigente” y ha manifestado que dicho ataque “no contribuye a la paz y la seguridad” nacional. Además exigió la “inmediata liberación” de su expresidente José Adán Aguerri arrestado desde el pasado 8 de junio.
Empresarios no respondieron a propuesta de diálogo
La detención de Healy ocurrió menos de 24 horas después que la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobara con 26 votos una resolución contra el régimen Ortega-Murillo, que demanda de manera urgente la liberación de los presos políticos y precandidatos presidenciales. Al mismo tiempo advirtió que la situación de Nicaragua podría ser discutida nuevamente tres días después de que los mandatarios sandinistas se proclamen ganadores de la contienda, en unos comicios simulados el 7 de noviembre.
La OEA expresó su “grave preocupación” por el hecho de que Nicaragua haya ignorado los esfuerzos de su Consejo Permanente para que se comprometa a la celebración de elecciones “libres y justas”. Además, la OEA tomó nota “con alarma” del deterioro de la situación de los derechos políticos y humanos en Nicaragua y del empeño de su Gobierno de minar el proceso electoral.
Aparte de Healy, también fueron citados a la Fiscalía el vicepresidente del Cosep, Álvaro Vargas, y la presidenta de la Cámara de Turismo Lucy Valenti, quien expresó en un medio de comunicación la convalecencia económica del sector que representa a causa de la pandemia y las restricciones exageradas del gobierno para las aerolíneas internacionales, las cuales no han podido aterrizar en Managua desde 2020.
La citatoria a los máximos representantes del sector empresarial ocurre una semana después que el diputado sandinista, Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, anunció un supuesto diálogo nacional programado para después de las elecciones sin competencia. El legislador sandinista hizo un guiño a los empresarios para participar en la posible negociación, pero hasta ahora el Cosep ni otros empresarios manifestaron anuencia alguna.
“Estas citatorias para los empresarios son una medida para generar presión, provocar miedo y obligarlos al silencio. El régimen está concentrado en conservar el poder por cualquier medio y para ello necesita mantener acuerdos y relaciones con el gremio empresarial, así sea a costa de intimidación, la amenaza, la violencia en contra de la población y el pacto de silencio con el gran capital”, dijo el analista político Óscar René Vargas, un disidente sandinista.
A 18 días de los cuestionados comicios generales, en los que la pareja presidencial no tiene contendientes reales, la Conferencia Episcopal de Nicaragua emitió un comunicado apelando a la ciudadanía “a actuar con conciencia” ante la falta de condiciones electorales.
“Ante la situación que vivimos, cada nicaragüense decida y actúe desde el interior e inviolable dignidad de su conciencia, libremente, para hacer lo que considere más justo y conveniente, en este momento para Nicaragua”, invocaron los líderes religiosos. “Como lo hemos expresado en diversas ocasiones, una auténtica democracia es el fruto de la aceptación convencida de los valores: la dignidad de toda persona, el respeto a los derechos humanos, la búsqueda del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Estas son, entre otras, condiciones básicas e indispensables para el ejercicio de elecciones libres, justas y transparentes”, expresaron los obispos, a quienes el Gobierno señala de “terroristas”.
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