El Gobierno de Daniel Ortega ha expulsado este jueves de Nicaragua a Thomas Ess, jefe de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ha confirmado el organismo. El Gobierno no ha informado el motivo de esta expulsión, que se da en medio de una cacería contra organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. El CICR es la única organización a la que se le permite inspeccionar las condiciones en las que están los presos políticos del régimen, al menos 179 personas que, según sus familiares, sufren maltratos, no tienen acceso a atención médica y están en difíciles condiciones en las cárceles del régimen.
“El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirma que recibió una carta en la que el Gobierno de Nicaragua notifica que decidió retirar el beneplácito a nuestro jefe de misión de Nicaragua. No conocemos las razones de esta decisión que nos tomó por sorpresa. Pese a esta situación, el CICR ratifica su compromiso de continuar su labor humanitaria en Nicaragua, apegado a sus principios de neutralidad, imparcialidad e independencia”, ha confirmado a este diario una fuente del organismo internacional.
El CICR logró el permiso del Gobierno en 2019 para visitar las cárceles del país e inspeccionar la situación de los detenidos por el régimen, aunque los resultados de sus gestiones son confidenciales. La revista Confidencial, de Managua, ha informado de que los familiares de presos políticos informaron que el CICR solicitó al Gobierno de Ortega el ingreso a las celdas de ‘El Chipote’ —prisión considerada como centro de tortura por organismos de derechos humanos— para conocer la situación de los detenidos, pero las autoridades negaron el acceso. “La última información que tuvimos es que se le ha negado sistemáticamente el ingreso al CICR, a la Dirección de Auxilio Judicial específicamente, a pesar de haber hecho distintas gestiones”, informó Ana Lucía Álvarez, hermana de la presa política Tamara Dávila, citada por Confidencial.
Para los familiares de los presos políticos, el CICR es una de las pocas esperanzas que tienen para conocer las condiciones de salud de sus allegados, dado que el Gobierno es renuente a permitir visitas, dar atención médica o distribuir medicinas para los detenidos, principalmente unas 20 personas consideradas de la tercera edad y otros que sufren enfermedades crónicas. La represión se ha convertido en uno de los pilares para mantenerse en el poder de Ortega, que ha desatado una cacería brutal contra quienes expresen alguna crítica contra el régimen. Los más de 170 presos políticos han sido detenidos, juzgados y sentenciados bajo acusaciones relacionadas a lavado de dinero, menoscabo a la soberanía o crimen organizado.
Los juicios son considerados espurios y en ellos no se han podido probar los delitos que se le imputan a los detenidos. Es el caso, por ejemplo, de Cristiana Chamorro, candidata opositora condenada a ocho años de cárcel. Otros presos políticos han recibido condenas de hasta 15 años por delitos inexistentes.
Organizaciones de derechos humanos y familiares denuncian que estas personas detenidas por criticar al régimen están en condiciones inhumanas en las cárceles, incomunicados y muchos sufren delicadas condiciones de salud. El pasado 12 de febrero falleció en una de estas prisiones el exguerrillero histórico del sandinismo, el general en retiro Hugo Torres, quien estaba recluido en una celda de la cárcel de ‘El Chipote’.
La expulsión de Thomas Ess se suma a las decisiones del Gobierno de echar de Nicaragua en 2018 a una misión de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), a la misión de expertos la CIDH, y al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni). Estos organismos han denunciado en sucesivos informes que en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad.
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