Para minimizar el impacto del último paquete de sanciones impuesto por Estados Unidos contra el sector energético de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ordenó una serie de reformas en el seno del Ministerio de Energía, la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y el Instituto Nicaragüense de Electricidad (INE).
Así, Ortega nombró a Estela María Martínez Cerrato como nueva viceministra del Ministerio de Energía y Minas, por lo que asumirá todas las funciones administrativas que antes recaían en manos de Salvador Mansell Castrillo, que ha sido incorporado a la “lista negra” de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
Según la Gaceta del Estado, Martínez será la encargada de firmar todos los documentos relacionados a la rectoría y normación de los sectores eléctrico, hidrocarburo y minero, competencia del Ministerio de Energía y Minas, así como todos los documentos necesarios para la correcta administración y funcionamiento del Ministerio.
Esto incluye lo relacionado con desembolsos de fondos nacionales y extranjeros y los derivados de la suscripción, ejecución, evaluación y cierre de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera y técnica internacional, previo cumplimiento de los procedimientos y normas que correspondan, según el texto.
Además, Bruno Mauricio Gallardo Palaviccine será el representante de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua. Gallardo asumirá las funciones administrativas de José Adrián Chavarría, que también ha sido sancionado por Estados Unidos.
En un tercer movimiento, Ortega también nombró a Martínez nueva presidenta de ENATREL, que hasta ahora ocupaba el cargo de secretaria dentro de la junta directiva de la empresa. Gallardo, por su parte, se incorporará como vicepresidente de la junta, lo que deja fuera a José Adrián Chavarría Montenegro en representación del Ministerio de Hacienda.
En el caso del presidente del INE, Antonio Castañeda Méndez, Ortega decidió que sea él quien siga al frente de la entidad, si bien dejará de encargarse de la representación legal y administrativa que le corresponde al presidente de dicha institución, una tarea de la que estará a cargo un consejo de dirección.
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