El obispo Rolando Álvarez, en Managua (Nicaragua), en mayo de 2022.MAYNOR VALENZUELA (REUTERS)
La diócesis de Matagalpa y de Estelí, dos de los departamentos más importantes del norte de Nicaragua, no tienen obispo desde hace casi cinco meses. El púlpito desde el cual monseñor Rolando Álvarez criticaba la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es ahora ocupado por otros religiosos, en calidad de administradores ad omnia, mientras el juicio penal contra el popular prelado tome un rumbo definitivo.
El pasado diez de enero la justicia sandinista remitió a juicio a monseñor Álvarez, voz central de la Iglesia católica perseguida en Nicaragua, y lo acusó por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. A pesar de los cargos, el obispo ha sido mantenido bajo casa por cárcel desde su arresto en agosto de 2022, cuando una tromba policial irrumpió de madrugada en la casa cural de Matagalpa y lo secuestró junto a otros sacerdotes y laicos que lo acompañaban.
Después de ser mantenido bajo la figura de facto de “resguardo domiciliario” todos estos meses, la apertura del juicio contra el obispo Álvarez representa un apretón de tuercas más del régimen para intentar deshacerse de la voz pastoral más crítica en el país. Antes de ser acusado, relataron fuentes eclesiales , el Gobierno le ofreció a Álvarez “destierro”. Sin embargo, el religioso se ha negado en todo momento a “abandonar su patria”. A pesar de las presiones sobre el líder católico, el régimen no ha logrado enviarlo al exilio, como sí lo consiguieron con el obispo Silvio Báez, radicado en Miami desde abril de 2019.
En el caso de Báez, el Gobierno consiguió “negociar” su salida con el Vaticano. No obstante, con monseñor Álvarez la Santa Sede ha mantenido una actitud silenciosa, pero sin retirarle su nombramiento como obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí. “Están viendo el juicio como un impasse, pero el gobierno mantiene sobre la mesa la propuesta de destierro o cárcel para monseñor Álvarez. Como no han podido doblegar al obispo, por eso inician el juicio”, dice una fuente religiosa que pide anonimato.
Analistas políticos y fuentes religiosas coinciden que el régimen Ortega-Murillo no ha enviado a prisión a monseñor Álvarez por el peso moral de su figura, a diferencia como lo hicieron con los sacerdotes y laicos que fueron arrestados junto a él. La “carta” que juegan con el obispo ha sido más de presión, pero “no ha funcionado al punto que suben la parada con este proceso penal”, continúa la misma fuente consultada.
Hace una semana, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), monseñor Carlos Herrera, reveló al medio Despacho 505 que la dictadura inició “recientemente conversaciones” con el Vaticano “para abordar la situación” del obispo Álvarez.
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“No te puedo decir mucho, porque son cosas de Estado, pero todavía se está en ese proceso, en ese diálogo con la Santa Sede… para aclarar por qué lo están acusando [a Álvarez]”, informó Herrera al medio digital.
José Antonio Canales, obispo de la Diócesis de Danlí, en Honduras, ha afirmado que con este acercamiento con el Vaticano, el régimen sandinista está apostando por el destierro de Álvarez, porque “sabe que en Nicaragua no podrá amilanarlo”. “Suponemos que ese es el ofrecimiento que le han hecho a monseñor Álvarez: o se queda callado en Nicaragua, cosa que él no va a hacer porque su carácter y su forma de ser lo impide, o se va al exilio”, dijo Canales, en referencia al talante rebelde del obispo de Matagalpa.
La persecución religiosa se mantiene
En diciembre pasado, el régimen dio otro golpe a la diócesis de Matagalpa al capturar a los periodistas Manuel Obando Cortedano y Wilberto Artola, dos de las voces que mantenían activas las páginas de los medios de comunicación de esa Diócesis, en las que se rogaba constantemente por la liberación del obispo Álvarez.
Con Obando y Artola, el régimen de Ortega y Murillo ya eleva a diez la cifra de integrantes de la diócesis de Matagalpa detenidos en los últimos meses. En septiembre fueron acusados cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo. Todos se encuentran en la cárcel por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Entre abril de 2018 y octubre de 2022 el régimen el sandinismo ejecutó 396 ataques contra la Iglesia católica de Nicaragua, según la investigación Nicaragua: ¿una iglesia perseguida?. El documento, elaborado por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina Montenegro, reveló que la represión hacia los sacerdotes y obispos incluye asedio, encarcelamientos, expulsiones, procesos penales y cierre de medios religiosos.
La investigación también destaca que, en medio de los ataques del régimen está el exilio forzado de 11 religiosos, entre ellos un obispo, ocho sacerdotes y dos diáconos. También se suman dos expulsiones contra líderes católicos. A un sacerdote se le prohibió salir del país y a otros ocho no los dejaron entrar a pesar de que son nicaragüenses.
“De manera paralela a esta investigación nos hemos enterado que hay otros sacerdotes exiliados, pero por motivos de seguridad a las familias ellos han decidido por el momento hacer silencio, entonces no hemos podido incluirlos en esta entrega por la seguridad de ellos”, sostuvo Molina Montenegro.
El pasado 29 de septiembre, el mandatario sandinista acusó a los sacerdotes y obispos de ser los principales orquestadores de un supuesto “golpe de Estado”, haciendo alusión a las protestas sociales de 2018 que fueron brutalmente reprimidas por la policía. Incluso, Ortega señaló sin pruebas a “algunos” líderes religiosos de supuestamente ordenar asesinarlo en el contexto de las protestas. “Algunos curas, algunos obispos, llamando a la gente a que me metieran plomo… ¡Qué clase de obispos, qué clase de curas!”, espetó.
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