Jacobo Dayán, advirtió que la campaña impulsada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para promover la salida de países de la Corte Penal Internacional (CPI) representa un intento de debilitar una de las principales instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial para perseguir y sancionar crímenes atroces.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, explicó que la CPI es resultado del desarrollo del derecho penal internacional surgido después de la guerra, con el propósito de prevenir y castigar delitos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Recordó que antes de la creación de la Corte existieron mecanismos como los tribunales de Núremberg y Tokio, así como los establecidos para Ruanda y la ex Yugoslavia. Señaló que fue hasta el final de la Guerra Fría cuando se generaron las condiciones políticas para constituir un tribunal permanente.
“El impulso para crear esta corte y todos los mecanismos para que esta opere es norteamericano”, afirmó, al destacar que, aunque Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, desempeñó un papel central en la construcción de la institución.
Dayán indicó que la CPI llegó a contar con 133 Estados miembros, aunque algunos países se han retirado en años recientes, entre ellos Hungría, Filipinas durante el gobierno de Rodrigo Duterte y tres países africanos. Actualmente, dijo, la Corte agrupa a 125 naciones que han decidido someter a su jurisdicción los delitos más graves reconocidos por el derecho internacional.
En ese sentido, sostuvo que las presiones de Washington contra la CPI no son nuevas, pues durante el primer gobierno de Donald Trump ya se habían aplicado sanciones diplomáticas y económicas contra fiscales y jueces del organismo. Sin embargo, consideró que la estrategia anunciada por Rubio escala ese enfrentamiento.
“Lo que anuncia Marco Rubio es un embate diplomático para presionar a aliados de los Estados Unidos a eliminar o a retirar su adhesión a la Corte Penal Internacional”, señaló.
Según el académico, una eventual salida masiva de países podría debilitar severamente a la institución. Mencionó que actualmente la Corte enfrenta dificultades para hacer cumplir órdenes de aprehensión relevantes, como las emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin.
Desde su perspectiva, una reducción significativa de miembros dejaría a la CPI “mucho más débil de lo que ya se encuentra” y podría conducirla a la “inutilidad absoluta”.
Dayán señaló que el reciente embate forma parte de una campaña contra los organismos multilaterales creados después de la Segunda Guerra Mundial. “Ante lo que estamos es ante un intento por desmontar las instituciones garantes del proyecto civilizatorio nacido de la segunda guerra mundial”, afirmó.
Recordó que el próximo 17 de julio se conmemora el Día Mundial del Derecho Internacional, fecha establecida en referencia a la firma del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.
“Operación de Estado” en el caso Ayotzinapa
En otro tema, Dayán abordó la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa. Consideró que el debate no debe centrarse exclusivamente en la presidenta del organismo, Rosario Piedra Ibarra, a quien describió como una “operadora”.
Sostuvo que la recomendación guarda una estrecha similitud con una carta enviada al final de su mandato por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014. Aseguró que ambos documentos responsabilizan a periodistas y organizaciones civiles.
Asimismo, mencionó un reportaje del periodista John Gibler sobre una reunión en la que habrían participado López Obrador, el entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, el entonces secretario de Gobernación Adán Augusto López, Alejandro Encinas y el exministro Arturo Zaldívar, encuentro que, según dijo, habría influido en el rumbo de las investigaciones.
Para Dayán, lo ocurrido en torno al caso Ayotzinapa responde a una estrategia institucional para evitar responsabilidades de las Fuerzas Armadas. “Ante lo que estamos, es ante una operación de Estado para proteger a las fuerzas armadas”, afirmó. Incluso sostuvo que la recomendación de la CNDH “parece haber sido escrita con tinta verde olivo”.