La prisión de Evin, en Teherán, es ese lugar que muchos de sus antiguos reclusos definen como “un infierno”. Allí han acabado algunos de los al menos 14.000 manifestantes que Naciones Unidas calcula han sido detenidos en las protestas contra el régimen que ya duran más de dos meses en Irán. Una habitación de ese penal se reserva para ejecutar a los condenados a muerte, relata un antiguo reo, en un testimonio bajo anonimato transmitido por uno de sus allegados. En el suelo de esa estancia, cuenta, “hay un gran agujero”. Las paredes de ese hoyo fueron lo último que vieron los iraníes que durante años murieron allí lapidados, explica el antiguo preso, un método de ejecución legal en Irán, al igual que el fusilamiento y la crucifixión. También la horca, el procedimiento que se utiliza de forma preferente desde 2008, según la ONG iraní en el exilio Iran Human Rights. Desde el 13 de noviembre, cinco manifestantes detenidos en las protestas han sido ya condenados a muerte. Otros 21, entre ellos una mujer, afrontan cargos que podrían llevarlos al patíbulo, según Amnistía Internacional (AI).
En 2021, al menos 314 personas murieron ejecutadas en Irán, constata Amnistía. El 83,5% de ellas sin que se anunciara la ejecución y, en algunos casos, sin que la familia fuera avisada ni pudiera despedirse de su ser querido, de acuerdo con Iran Human Rights. Irán no fue solo el segundo país del mundo, por detrás de China, que más personas ejecutó el año pasado. También fue el que ajustició a más mujeres, según la ONG iraní, —14 de un total de 24— y uno de los pocos Estados que sigue matando legalmente a personas que cometieron delitos cuando aún eran menores.
Ya antes de que empezaran las manifestaciones —desencadenadas por la muerte bajo custodia policial el 16 de septiembre de la joven de 22 años Mahsa Amini, detenida por llevar mal colocado el velo—, “Irán había ejecutado a 251 personas, entre enero y junio de este año”, explica Yolanda Vega, especialista en Irán de Amnistía. 13 eran mujeres, precisa Iran Human Rights. Estas cifras hacen temer a Amnistía que el número de ejecutados este año “sea enorme”. Sobre todo, recalca Vega, porque “las autoridades iraníes están utilizando la amenaza de las condenas a muerte como una forma de intimidación y de castigo para sofocar las protestas y disuadir a la población de unirse a ellas”.
El régimen iraní “ha dado instrucciones a los tribunales para que aceleren los juicios, las condenas y las ejecuciones. 227 de los 290 diputados del Parlamento iraní han instado a los tribunales a no mostrar clemencia con los detenidos en las protestas. Hay documentos sobre casos concretos en los que se pide a las fiscalías que aceleren los procesos y la ejecución de unas condenas que a menudo se justifican con confesiones obtenidas con torturas”, afirma la experta de Amnistía.
En uno de los artículos publicados por la propaganda del régimen iraní se informó además de que la ejecución de uno de esos manifestantes se llevaría a cabo “de la forma más rápida posible y en público, para confortar a las fuerzas de seguridad”. Ese hombre había sido acusado de haber matado a un policía, pero, tanto él como el resto de los condenados, fueron procesados por cargos “sin correspondencia con las leyes internacionales”, argumenta Vega, como la “enemistad con Dios” y la “corrupción en la tierra”, cuya “definición ambigua” ofrece “un cheque en blanco” a los tribunales para dictar penas capitales.
Irán suele ahorcar a algunos presos en público —en 2021, solo se conoce un caso— utilizando una grúa para suspenderlos en el vacío. En ciertos casos de condenas por asesinato, los familiares de la víctima son quienes manejan la máquina o quitan personalmente al condenado la plataforma en la que está de pie con la soga al cuello. La muerte por ahorcamiento no es siempre rápida ni relativamente clemente. Algunos condenados expiran tras largos minutos sometidos a una lenta asfixia.
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Para el politólogo hispano-iraní Daniel Bashandeh, si las autoridades pretenden sofocar las protestas con la amenaza de la horca, están consiguiendo lo contrario. “Estas condenas representan un punto de inflexión, que refuerza la causa de los manifestantes” frente a un “régimen aislado internacionalmente, que necesita mantener la mano dura”. Al menos 416 personas, incluyendo a 51 niños, han muerto hasta ahora por la represión, denuncia Iran Human Rights.
Mujeres
De entre los delitos que en Irán se castigan con la muerte —incluidos el sexo heterosexual fuera del matrimonio o entre homosexuales—, sobresale uno como causa de las condenas: el tráfico de drogas, que motivó más del 50% de esas sentencias en 2021. Esa acusación se ha utilizado en el pasado para eliminar a opositores, precisa un informe de Iran Human Rights. El documento alude a Zahra Bahrami, de 46 años, detenida en las protestas contra el régimen de 2009. Esta mujer, prosigue el texto, “fue torturada para que confesara cargos relacionados con las drogas en un caso inventado que terminó con su ejecución el 29 de enero de 2011″.
La aplicación de la pena de muerte a mujeres en Irán va precedida de torturas añadidas a causa de su sexo, según el relato del antiguo preso de Evin. Muchos musulmanes creen que si una mujer muere virgen, tiene garantizado el paraíso. “Por eso, las condenadas vírgenes son violadas la noche anterior a la ejecución para privarlas del edén”. A las mujeres que iban a ser lapidadas —asegura este iraní— las bañaban antes y las cubrían con una tela blanca de la cabeza a los pies, que les impedía ver nada. Luego las introducían en el agujero de la habitación de las ejecuciones, antes de “apedrearlas hasta la muerte”. En esa cárcel, Evin, está recluida en régimen de aislamiento Nilufar Hamedi, la periodista que reveló la muerte de Mahsa Amini, y otros detenidos en las actuales protestas.
Las iraníes son responsables penalmente desde los nueve años; los iraníes, desde los 15. Los perfiles de las condenadas a muerte en Irán hablan de pobreza, la que está detrás muchas veces del tráfico de drogas en ese país, recuerda Yolanda Vega, pero sobre todo de injusticia. Muchas de las ejecutadas en Irán en los últimos años habían sido acusadas de narcotráfico; otras muchas de delitos que cometieron en defensa propia. Los casos que resalta Iran Human Rights en sus informes tienen casi siempre como contexto la profunda discriminación y los abusos que padecen las mujeres y niñas en ese país. Entre las 164 iraníes ejecutadas entre 2010 y 2021, según esa ONG, hay mujeres y adolescentes que mataron tratando de defenderse de una violación; otras, de cónyuges violentos; al menos seis habían sido casadas siendo niñas y dos eran enfermas mentales. A dos de las iraníes condenadas por matar a maridos que las maltrataban, las ejecutaron en 2021 sus propios hijos —los que habían tenido con esos maltratadores— en aplicación de la norma que permite a los familiares de las víctimas de asesinato ahorcar casi con sus propias manos a los condenados por el crimen.
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