Dos enormes palmeras dan la bienvenida a Villa Hermes, construida en el año 1981 en una finca de 3.000 metros cuadrados en Nueva Andalucía, al norte de Puerto Banús. En este distrito de Marbella, el anonimato y el lujo se dan la mano. La parcela está rodeada por un alto muro de blanco inmaculado desde el que vigilan decenas de cámaras de seguridad. Un vistazo a los portales inmobiliarios descubre que el valor medio de los inmuebles ronda en esta zona los dos millones de euros, aunque algunos suben hasta los cinco. Entre las casas se despliegan los 63 hoyos de cuatro campos de golf.
El secretismo que rodea esta mansión se refleja en la estructura societaria que la controla. Hay que llegar a una sociedad en Malta a nombre de un despacho de abogados local. En esta isla mediterránea se acabaría el hilo del que puede tirar cualquiera con capacidad para moverse por los registros mercantiles, como confirma a EL PAÍS un inspector de Hacienda. La información que permite recorrer el entramado societario que esconde al propietario real de esta vivienda es la que despachos de abogados y proveedores de servicios en paraísos fiscales guardan en secreto en sus cajones.
Los 11,9 millones de documentos de los Papeles de Pandora, una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), incluyen más de 1.600 sociedades fiscalmente opacas que se han utilizado para ocultar operaciones inmobiliarias o los verdaderos dueños de casas de lujo, la mayoría de ellas en Londres. Los documentos permiten seguir tirando de este y otros hilos que llevan hasta el banquero más importante de Colombia, Jaime Gilinski, y su piso de lujo en Madrid, o a fondos de inversión involucrados en grandes operaciones inmobiliarias en Barcelona.
Ocultar a los dueños de una vivienda detrás de sociedades creadas en jurisdicciones opacas es legal. En determinados lugares incluso es normal. Pero su aparición en casos de blanqueo de capitales y las consecuencias que puede tener en el mercado inmobiliario cuestionan su uso.
Una práctica extendida
El dueño de Villa Hermes consta en los archivos internos de Fidelity Corporate Services, uno de los 14 despachos en el centro de la investigación. Por encima de la sociedad maltesa, Anahita & Artimisa, está otra sociedad, en las Islas Vírgenes Británicas. Se llama JB Commodities BV y su dueño, que no figura en el registro de ese paraíso fiscal, es el empresario Mehran Muslimi, “activo en el campo del blockchain [tecnología que permite crear criptomonedas como el bitcoin] y fintech [servicios tecnológicos financieros[”, como explica a este periódico. Reside en Dubái y montó la estructura, asegura, por consejo de un abogado español.
La práctica en sí de comprar viviendas con una sociedad radicada en un paraíso fiscal no es ilegal, pero todos los expertos consultados —en España y en otros países— coinciden en lo que explica a través de un correo electrónico Benjamí Anglès Juanpere, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): “Es muy utilizada por aquellas personas que quieren eludir el pago de impuestos y blanquear capitales”.
En España, la Costa del Sol ha sido durante años el objetivo de inversiones extranjeras canalizadas a través de sociedades en paraísos fiscales. En los documentos internos de los despachos en el centro de los Papeles de Pandora hay decenas de ejemplos. También en Puerto Banús, compró una villa en abril de 2015 el empresario egipcio Mansur Amer. Amer encabeza el grupo inmobiliario que lleva su apellido y es el artífice de media docena de complejos vacacionales en las costas mediterráneas de África y del mar Negro. Para la compra utilizó una sociedad panameña, Rema Spain SA, que no adquirió el inmueble en sí, sino todas las acciones de una empresa española, Real Estate de Comunicaciones SLU. El único objetivo de esta era ser dueña de una vivienda en Laguna de Puerto Banús que vendió a la panameña por 4,4 millones de euros. En el Registro de la Propiedad, Real Estate sigue figurando como dueña de la casa.
Las casas cambiaban de manos sin que la Agencia Tributaria observara que había habido una transmisión patrimonial
Lo que no aparece es quién se ha hecho con el control de Real Estate y, por lo tanto, de la vivienda. Es un tipo de práctica que se ha visto durante años, como recuerda José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha): “Las casas cambiaban de manos sin que la Agencia Tributaria observara que había habido una transmisión patrimonial”. Se solían abrir sociedades en Gibraltar o en otros lugares fiscalmente opacos: “En ningún registro de la propiedad figura ese cambio de titularidad, que sigue a nombre de la sociedad offshore [fiscalmente opaca]”.
De la calle de Lagasca de Madrid a la Diagonal de Barcelona
En los últimos años, el mercado inmobiliario boyante en zonas de lujo también ha convertido Madrid en una ciudad atractiva para los inversores extranjeros. Muchos han optado por hacerse con una propiedad a través de una sociedad, como los notorios casos de venezolanos vinculados al régimen de Hugo Chávez. Las ventajas fiscales de comprar con una sociedad extranjera son considerables: “Además de no estar sujeta a las obligaciones contables o registrales de las empresas españolas, tampoco lo estaría al impuesto de sociedades, ni tendría que pagar el IVA en el caso de comprar un inmueble de nueva construcción o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales si se tratase de un inmueble de segunda mano. Tampoco pagaría el impuesto sobre el patrimonio que se devenga cada año. Solo estaría obligada a pagar la cuota anual del IBI municipal”, resume Anglès Juanpere, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC.
Uno de los compradores más selectos del Barrio de Salamanca de Madrid es Jaime Gilinski, segundo hombre más rico de Colombia. Con una fortuna de más de 3.400 millones de euros, según Forbes, es dueño del mayor banco de América Latina, GNB Sudameris. En diciembre de 2018 utilizó Colden Investments SA, sociedad de Panamá, para firmar el contrato de compraventa de un apartamento en Lagasca 99, una de las promociones de viviendas más exclusivas de Madrid. Su vestíbulo, de 650 m2, es según los promotores el más grande de la capital. La vinculación de Gilinski con la sociedad no aparece en registros públicos, sino en los documentos internos de Alemán Cordero y Galindo, uno de los bufetes cuyos archivos se encuentran entre los Papeles de Pandora.
Los lazos con los paraísos fiscales son comunes en las grandes inversiones inmobiliarias. Muchos de los fondos que invierten en Madrid o Barcelona, como han denunciado asociaciones vecinales de ambas ciudades, gestionan sus activos desde territorios opacos. Entre los Papeles de Pandora, una memoria anual de 2017 del fondo Patron Capital, que gestiona activos por 4.000 millones de euros en toda Europa, muestra el detalle de las estructuras que usan para invertir. “BCN2″ es el nombre del proyecto con el que en 2005 compraron 244 viviendas de alquiler, 700 plazas de aparcamiento y más de 30.000 metros cuadrados dedicados a oficinas. El fondo compró el 37% del complejo, por 207 millones de euros, a la Inmobiliaria de La Caixa a pesar de las protestas de los inquilinos de los pisos, que presentaron una oferta (de unos 180 millones) que “no se ajustó a las condiciones ni ofrecía garantías”, según expresó la inmobiliaria. Toda la operación fue controlada y gestionada a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, accionista de la matriz inglesa de Patron, que a su vez era accionista de una sociedad en Luxemburgo. Un portavoz de Patron explica: “Como en la mayoría de casos en la industria de capital de riesgo y fondos de inversión, nuestros fondos están domiciliados en diferentes jurisdicciones. Nosotros y las compañías en las que invertimos pagamos impuestos según las normas de cada jurisdicción y cumplimos con la ley aplicable”.
Legal en las Islas Vírgenes y con consecuencias en Europa
No es sencillo medir las consecuencias de este tipo de inversiones, precisamente por el secretismo de las sociedades creadas para eludir obligaciones tributarias. Se calcula que a causa del uso de paraísos fiscales, solo en Europa, los gobiernos pierden 46.000 millones de euros en impuestos cada año.
El problema es el encaje legal de estas estructuras, como resume Christoph Trautvetter, experto tributario que ha asesorado a grandes compañías y al Parlamento Europeo: “Cierto, no es ilegal mantenerse en el anonimato según la ley de las Islas Vírgenes Británicas. Por eso los proveedores de servicios de muchos países europeos tienen interés en que esas leyes se mantengan como están”.
Donde se está analizando su impacto sobre el mercado inmobiliario se ven consecuencias. Así ocurre en Londres, la única ciudad donde cualquier sociedad radicada en un paraíso fiscal dueña de un inmueble tiene que estar incluida en un registro público y accesible. Varios estudios han destacado la subida de precios de las casas y la distorsión de la actividad inmobiliaria hacia el lujo, que deja inmuebles infrautilizados o en desuso. Esto, en una ciudad donde más de 36.000 viviendas dependen de una sociedad en otro país. Según un estudio de Transparencia Internacional, allí el 75% de las propiedades cuyos dueños están siendo investigados por la justicia utilizan estructuras fiscalmente opacas para ocultar su identidad. Un escenario parecido al que se analizó también en el momento de máxima expansión del mercado inmobiliario de São Paulo, en Brasil.
Nacho Sánchez ha colaborado en la elaboración de este reportaje
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