Miles de jóvenes protestaron en Lima, entre el 9 y 14 de noviembre, en rechazo al Gobierno interino de Manuel Merino y la policía reaccionó con una desproporcionada represión que provocó la muerte de dos personas y graves lesiones a decenas de ciudadanos. Dos semanas después, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidente, Joel Hernández, aterrizó en la capital peruana para evaluar la situación. El jurista mexicano señala a EL PAÍS que “hay muchas medidas que aprender” respecto de la actuación del Estado para que garantice los derechos de las personas que participan en protestas durante la pandemia.
Durante tres días, el equipo recogió testimonios de familiares de los fallecidos, heridos, manifestantes detenidos arbitrariamente en las manifestaciones, representantes de los poderes del Estado y de la policía. “Un aspecto muy novedoso es que una protesta social de esta dimensión es la primera que se da en el marco de pandemia en el continente”, calificó Hernández. Los jóvenes que se volcaron a las calles el mes pasado, bautizados como la Generación del Bicentenario, consideraron ilegítimo que el entonces presidente del Congreso, Merino, asumiera como jefe de Estado interino luego de que el Parlamento destituyera a Martín Vizcarra. Merino es parte de una alianza, aún activa, de grupos políticos que defienden a sus líderes presos, o que afrontan procesos judiciales e investigaciones fiscales de corrupción y lavado de dinero.
Durante los días de interinato de Merino, la policía no respetó sus propios manuales de control de disturbios y agredió a representantes de la Defensoría del Pueblo cuando en el quinto día de protestas intentaba detener los disparos contra personas desarmadas. La Fiscalía investiga tanto a los responsables políticos como a los mandos de la policía por los hechos. La violencia policial ha conmocionado a Perú al quedar registrada en cientos de imágenes de la prensa -que también fue agredida por las fuerzas del orden- y vídeos de usuarios en TikTok.
Hernández señala que la visita a Perú es parte de un monitoreo amplio de la protesta social, que empezó el año pasado cuando la Comisión visitó Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia, tras las convulsas protestas. “Cada una es distinta, pero hay patrones importantes de represión que deben ser observados”, comentó. ”Es muy claro que la población ejerce de una manera activa su derecho a manifestarse y, al mismo tiempo, existe represión, en ocasiones haciendo abuso de la fuerza y generando violaciones”, agregó. Una de las conclusiones de la delegación de la Comisión Interamericana es que en Lima “hubo una protesta pacífica, entusiasta y masiva”.
Además, señala Hernández, encontraron en el Gobierno de transición de Francisco Sagasti “una institucionalidad democrática muy comprometida para llevar a cabo la investigación y sanción de los abusos cometidos y las violaciones a los derechos humanos”. Según el presidente del ente interamericano, “el sistema de procuración de justicia se está abocando a la investigación de dos lamentables muertes, y un alto número de personas gravemente heridas, y hay un compromiso del presidente para llevar a cabo una reparación a las personas que han sido afectadas”. En su diálogo con el ministro de Justicia, Eduardo Vega, le aseguró que buscan una reparación integral “inmediata, sin trabas burocráticas para la atención a familiares de las víctimas, y la rehabilitación física y emocional de las personas que han sido afectadas”.
El Gobierno de Sagasti se instaló el martes 17, dos días después de la renuncia de Merino al haberse quedado sin respaldo político de sus aliados en el Congreso y de su Gabinete, tras la tragedia de muertos y heridos del sábado 14. Sin embargo, las secuelas del desempeño de la policía han causado una primera baja en el Gabinete de Sagasti. El presidente de transición designó este miércoles como nuevo ministro de Interior a un policía en retiro, luego de que los grupos políticos aliados de Merino anunciaron que no le darían el voto de confianza al Gabinete si mantenía a su titular de Interior, el civil Rubén Vargas. Dado que en los primeros cinco días de protestas contra Merino la policía realizó detenciones arbitrarias y los fiscales no llegaban a las comisarías, el presidente de la Comisión Interamericana afirmó que ese es un aspecto a observar. “Fue uno de los testimonios que recibimos, que pasaron tiempo prolongado en las comisarías en espera de la Fiscalía. Entendemos que una razón de ese rezago fue una falta de adecuación rápida a la complejidad social que se estaba viviendo: para pasar del modo virtual durante la pandemia, a un modo presencial. Ahí hubo un desfase: eso efectivamente produjo detenciones arbitrarias”, comentó. Sin embargo, Hernández precisó que en su diálogo con la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, constató las medidas correctivas que tomaron, “y la estrategia de investigación de alrededor de 91 denuncias presentadas” por la violencia policial en los días de manifestaciones en Lima.
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