El sacerdote Rafael Vez, a su llegada al obispado de Cádiz este jueves, donde se celebra la primera vista del juicio canónico contra élJuan Carlos Toro
No hace tantos años que el zaguán del obispado de Cádiz era un ascua de luz, ennegrecido por el calor de tanta vela que los vecinos ponían al pequeño cuadro de la virgen del Carmen. Era, quizás, la última reminiscencia viva que quedaba del pasado del edificio como hospital de mujeres. Ya apenas quedan candelas ni devotos, los gestores pensaron que sería mejor poner “máquinas de echar monedas porque así sacaban más ingresos”, resume una trabajadora a la que echaron. La anécdota resume bien la política económica del ultraconservador obispo Rafael Zornoza, según sus críticos, sustentada en despidos, desahucios y represalias laborales, también contra sus propios curas. Uno de ellos, Rafael Vez, se ha sentado este jueves en el banquillo, después de que el prelado hubiera nombrado un tribunal expresamente para juzgar al sacerdote por denunciar en redes sociales “abusos y arbitrariedades” económicas, según denuncian fuentes de la defensa.
La puerta donde los vecinos rezaban al cuadro ni siquiera estaba abierta la mañana de este jueves. Un grupo de unas 15 personas del Grupo Cristiano de Reflexión-Acción de Cádiz y Bahía se congregaban a las puertas del obispado para mostrar su apoyo a Vez, antes de que se enfrentase a la primera de las cinco vistas orales —una por semana— ante el Tribunal Eclesiástico de Cádiz. Al sacerdote le imputan dos delitos contra la ley divina, relacionados con el quinto y octavo mandamiento sobre la dignidad de las personas y la mentira, y otros cuatro contra la ley canónica, por desobediencia, falsedad y suscitar odio contra el prelado. El promotor de justicia —equiparable a la figura del fiscal de los procesos ordinarios— acusa a Vez de “divulgar informaciones (…) por medio de sus comentarios, opiniones, declaraciones y cartas abiertas que atentan contra la buena fe y dignidad del obispo” y que causan “grave escándalo entre los fieles”, según ha justificado en los hechos de la demanda. Y, como castigo, le piden una suspensión en el tiempo que dure la pena, que retire “ipso facto” sus comentarios y que pida perdón públicamente.
Pero el juicio es confuso de antemano, dado el riesgo de que se vulnere “la tutela judicial efectiva” de Vez, según denuncia Xisco Cardona, defensa del sacerdote, doctor en Derecho Canónico y abogado del Tribunal de la Rota. Al ser un proceso que enfrenta a Zornoza con uno de sus subordinados, el caso plantea dudas de si debía haberse llevado ante un tribunal independiente, como ocurrió con el proceso canónico que enfrentó a la orden de los Carmelitas con el obispo de Cádiz a cuentas de la titularidad de una iglesia gaditana y que, por cierto, ganaron los primeros. En este caso, la sospecha contra el tribunal se agrava, después de que haya sido el propio Zornoza el que se haya encargado de nombrar “ad hoc” —según apunta Cardona— para esta causa tanto a sus tres miembros, procedentes de Sevilla, como al procurador de justicia, Rafael Rabasco, sacerdote de Córdoba, como añade Cardona. El obispado de Cádiz ha denegado responder a EL PAÍS sobre las dudas que suscita el juicio, ya que “el proceso permanece abierto”.
“Abuso de poder”
“Se han conculcado los más básicos derechos de Rafael Vez. Venimos a este tribunal buscando la verdad y la justicia. Esto no va contra la Iglesia, sino todo lo contrario, queremos defender a la Iglesia del abuso de poder y de arbitrariedad”, ha añadido el abogado del clérigo. Por si el proceso no plantease suficientes dudas, a la defensa le han denegado de antemano la mayoría de las preguntas que puede hacer a los testigos —en los procesos canónicos se tienen que entregar previamente—. En la primera vista del juicio ha declarado el propio acusado. Vez sostiene que las críticas que ha vertido contra la gestión de su superior no afectan ni al magisterio, ni a la fe —protegidos en el derecho canónico—, sino a cuestiones temporales sobre cómo se administran los bienes económicos. “Se ha empeñado en que eso es delito”, explica el sacerdote a EL PAÍS. Además, asegura que esas disconformidades —relatadas a través de su perfil de Facebook— se produjeron como respuesta a informaciones publicadas en medios previamente, relativas a los despidos de trabajadores y desahucios que acumula Zornoza.
La relación entre Zornoza y Vez se terminó de torcer a partir de junio de 2019, después de que el entonces ecónomo, Antonio Diufaín, se vanagloriase de sanear las cuentas de la Diócesis y de que el obispo diese “un trato inhumano” a un sacerdote acusado de robar en su iglesia, según explica Vez. El entonces párroco de Conil de la Frontera lanzó una batería de preguntas en su perfil, relativas al destino de diversas partidas económicas del Obispado, ante la indignación que le produjo que, de forma simultánea, la institución estuviese despidiendo a diversos trabajadores.
Uno de los manifestantes que han acudido la mañana de este jueves a las puertas del obispado de Cádiz a apoyar al sacerdote Rafael Zornoza por su juicio canónico.Juan Carlos Toro
Airado por estas críticas, el prelado destituyó a Vez de sus cargos —era también formador del Seminario y maestro de ceremonias de la Catedral— y le nombró capellán del hospital Universitario de Puerto Real, pese a las dolencias crónicas que Vez acreditó sufrir y que ponían en riesgo su salud, en caso de enfermar por coronavirus. Con el inicio de la denuncia penal canónica, en noviembre de 2020, Zornoza suspendió además a Vez cautelarmente como sacerdote, lo que le impide celebrar misas o impartir los sacramentos. Además, eso ha llevado a que el cura vea mermado su salario al mínimo interprofesional, unos 600 euros menos de lo que cobraba, justo en unos meses en los que ya lleva gastados “unos 30.000 euros” en su defensa jurídica.
No es la primera vez que la política económica de Zornoza acaba, indirectamente, en los tribunales, en este caso ordinarios, desde que llegó a la diócesis de Cádiz y Ceuta en 2011. De los más de 20 despidos —solo de las oficinas centrales del Obispado— que suma el prelado, buena parte de ellos han acabado en procesos judiciales que han acabado por dar la razón a los trabajadores, otros aún siguen enredados en recursos a instancias superiores. Fue el caso de Lola Macías, bibliotecaria del Seminario, a la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dio la razón. A eso se suman otras denuncias por desahucios de locales y viviendas. O la veintena de sacerdotes que han acabado marchándose de Cádiz o secularizándose, según apunta un cura que asegura haber sufrido estas prácticas.
Además de este proceso canónico, Vez se querelló contra el obispo en un juzgado ordinario de Cádiz —el 3 de Instrucción— por presuntos delitos de injurias y calumnias. El caso ha acabado archivado hasta en dos ocasiones y está a la espera de que se resuelva un nuevo recurso presentado por el abogado del sacerdote. Ahora, el clérigo no tiene grandes esperanzas en que el juicio canónico que le sienta en el banquillo acabe muy bien, pero sí confía en que acabe “anulado”, por instancias superiores eclesiásticas ante las supuestas irregularidades. De momento, Rafael Vez tiene claro que lo suyo ya es mucho más que un proceso contra él: “Está en juego el derecho a la libertad de disentir en lo que se puede opinar”.
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