El ya tristemente famoso muelle grancanario de Arguineguín, en el que se hacinan en precarias condiciones más de 2.000 inmigrantes, se confirma, cada día que pasa, como un lamentable símbolo de la deficiente gestión migratoria española. Hay casi tantas personas agolpadas en esa dársena como habitantes tiene el pueblo pesquero que la alberga. Este campamento de carpas precarias y baños portátiles donde la estancia de los migrantes supera con creces los tres días de plazo bajo custodia policial que marca la legislación, nunca debió existir y nada justifica que se mantenga.
La crisis migratoria en Canarias es una crisis de llegadas, pero es sobre todo de gestión. Nadie cuestiona la dificultad de recibir y acoger a 16.750 personas entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, con la pandemia desatada y con los recursos limitados de las islas. Pero la situación actual es inaceptable. Las personas que llegan reciben un trato que no está a la altura de los valores de la sociedad española y que cuestiona a fondo la política migratoria.
Las diferencias y la descoordinación entre ministerios son evidentes. El episodio del pasado martes, cuando una desbordada Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Interior, sacó del muelle a 200 migrantes sin coordinarse con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones —para garantizar a los desplazados al menos un techo bajo el que dormir— es un buen ejemplo. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha entregado las llaves de cinco instalaciones militares donde se levantarán campamentos provisionales, mientras se plantean otras obras de calado. Esta fórmula es la más rápida para acoger a los cientos de personas que siguen llegando cada día y resolverá probablemente el problema de Arguineguín, pero hace meses que se requería esa solución.
El Gobierno también promete reforzar los lazos con los países de origen y tránsito para frenar la salida de pateras y multiplicar las expulsiones de los recién llegados, pero la estrategia tiene limitaciones obvias. Los cupos son pequeños y España no logrará expulsar más de unas decenas o quizá centenas de personas en el medio plazo. Ninguna de las medidas anunciadas por el Ejecutivo aliviará en el corto plazo la crisis de acogida que viven las islas. El Gobierno se resiste a derivar a los migrantes a la península, donde la red de atención presente en el resto de territorios podría asumir sin ningún drama la acogida temporal de una parte de ellos. Europa se cierra en banda ante estos traslados porque supone asumir su tránsito por el continente y el Gobierno tampoco está por la labor, convencido de que sería un incentivo para los migrantes. El del efecto llamada es un argumento recurrente, pero no comprobado. Lo que sí puede comprobarse es el trato inadecuado a las personas que llegan y el daño a los valores españoles y europeos.
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