La práctica totalidad de la población española nunca ha vivido una guerra. Más aún: en las últimas décadas los asuntos militares habían ido quedando orillados en las preocupaciones sociales y en la conversación pública. El movimiento antimilitarista consiguió —de la mano de José María Aznar, paradójicamente— acabar con el servicio militar obligatorio en el año 2001, avanzando así en una desmilitarización de la sociedad similar a la que se daba en países de nuestro entorno. Quienes tienen menos de 50 años apenas han dedicado lecturas, formación ni debates a la estrategia militar, la tecnología bélica o la economía de guerra. ¡Afortunadamente!
Ahora, la invasión de Ucrania nos sumerge en esa conversación, para la que no estamos preparados, entrenados ni armados. Y lo hace de forma abrupta al proponerse —en cumplimiento de compromisos previos con la OTAN— el aumento del presupuesto en Defensa hasta el 2% del PIB, y con la incertidumbre de qué otras medidas habrá que adoptar si el conflicto se alarga.
Hay que recordar que España es, según datos de Pew Research, el segundo país de la UE con mayor porcentaje de ciudadanos con opiniones desfavorables a la OTAN, y que en el imaginario de parte de la izquierda, fundamentalmente de quienes sobrepasan los 60 años, aún duele el referéndum perdido. Los valores pacifistas están extendidos y asumidos hace varias generaciones y forman parte de la cultura política democrática que se ha ido asentando.
Ante los primeros anuncios de incremento de los presupuestos para Defensa, la reacción de la derecha ha sido tan entusiasta como crítica la de la izquierda antimilitarista. Estando como estamos forzados por una crisis bélica, la sociedad española necesita abrir tal debate con honestidad, pluralidad y amplitud de miras, abriendo también el melón de la fiscalidad. Hay que profundizar en la idea de defensa, abordar qué es lo que estamos dispuestos a defender y a qué precio, asumir los costes presentes y futuros, y ser conscientes del modelo social por el que se apuesta en este contexto global, donde la frontera entre la política interior y la exterior es más fina que nunca y emerge un nuevo orden económico mundial. Todo ello, asumiendo que ningún Gobierno se forra recaudando impuestos, como irresponsablemente afirmó Alberto Núñez Feijóo, sino que recauda para invertir de acuerdo a una propuesta política refrendada antes en las urnas y acordada en el Parlamento.
Esta maldita guerra obliga a revisar los modelos en vigor. De ahí la importancia de hacerlo desde un debate plural que comprometa a todos los actores sociales: al Gobierno, pero también al mundo del conocimiento, al conjunto de la sociedad o a los medios de comunicación en su función de articuladores de la conversación pública. Si no es así, conforme las dificultades arrecien las discrepancias pueden convertirse en enormes brechas para regocijo de quienes quieren capitalizar el cabreo.
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