Por Leticia Merino*
El giro drástico de la economía mexicana de mediados de los años 1990 llevó al país a abandonar en gran medida el desarrollo industrial y a apostar por la extracción intensiva de recursos naturales como uno de los ejes económicos. La minería se convirtió así en una de las actividades privilegiadas por los gobiernos en turno. Se modificó entonces la Ley Minera, convirtiéndose en la más permisiva de América Latina.
Las empresas cuentan con derechos preferentes al agua y a la tierra, aun sin el consentimiento de sus dueños; las concesiones mineras pueden alcanzar periodos de 100 años y son legalmente objeto de especulación financiera. Nada parece tener más valor que la generación de enormes ganancias privadas a partir de la explotación de los bienes de la nación. Zonas de gran interés público como los sitios arqueológicos, los lugares sagrados de los pueblos, las zonas de recarga de las cuencas y las Áreas Naturales Protegidas pueden estar sujetas a concesiones mineras.
Existen hoy concesiones mineras en 73 ANP, distribuidas entre las de carácter federal y las establecidas por los gobiernos estales. Es importante señalar que los graves riesgos que implican estas concesiones aún no se perciben del todo, puesto que 59 de ellas se encuentran en fase de exploración, 5 en desarrollo y apenas 3 en explotación, mientras que el resto fueron recientemente otorgadas. Pero la amenaza pende sobre ellas, dado que la LM incluye en una sola concesión las actividades de exploración y explotación.
Que México sea hogar de una impresionante diversidad de especies de plantas y animales y centro de origen de decenas de especies utilizadas en la alimentación mundial, es un hecho desconocido por la mayoría de los habitantes de las ciudades. Pero, además de su valor intrínseco, las ANP y la conservación de la diversidad de la vida, sus funciones y procesos, son fundamentales para responder a presiones como las nuevas pandemias, el cambio climático y la crisis de polinizadores que amenaza la viabilidad de cientos de cultivos. Las ANP proveen también beneficios invaluables como la regulación de los ciclos hidrológicos, la conservación de suelos y la mitigación del cambio climático. Las ANP son además sustento de modos de vida sustentables, de cientos de comunidades campesinas.
Buscando “curarse en salud” en los últimos meses, organizaciones mineras promueven el discurso de la minería sustentable, que restaura, reforesta, invierte en el bienestar comunitario, y genera empleos. La información del Anuario Estadístico (SE) revela un panorama distinto: los empleos en la minería (incluyendo hidrocarburos) representan 0.62% de los trabajadores asegurados en el IMSS, la minería metálica aporta 1% del el PIB y sus contribuciones fiscales apenas 3% del valor de su producción y 0.41% del total de la recaudación nacional. En las regiones mineras se sufre la destrucción de cuencas, la sobreexplotación y contaminación letal de los cuerpos de agua con sustancias como el cianuro y el mercurio y la total remoción de la vegetación en extensas zonas, impactos generalmente irreversibles. Sin embargo, el poder del lobby minero es tal que el mito de las bondades de la minería y ahora de su sustentabilidad, es asumido sin crítica, aún entre funcionarios de gobierno y universitarios.
La minería se sostiene a pesar de las decenas de conflictos socio-ambientales que ha generado, de las comunidades despojadas de sus tierras, fuentes de agua y formas de vida. De las regiones donde muchas empresas fomentan la división y el conflicto para debilitar las resistencias y donde se han instalan graves condiciones de criminalidad violencia. Tierras mineras generadoras de gran riqueza, donde la pobreza y la pobreza extrema son mayores que en el promedio de un país, donde más del 50% de la población son pobres.
La desvaloración de las ANP por los últimos gobiernos va de la mano con el consentimiento -y aún fomento- de actividades con impactos ambientales y sociales devastadores. En este sentido, la iniciativa de modificación de la LGEEPA para prohibir la minería en las áreas naturales protegidas es una señal sumamente alentadora, de compromiso del poder legislativo con un cambio real que haga posible el futuro sustentable de México. Es importante que el Senado dé continuidad a esta iniciativa y la apruebe, poniendo al centro el bien común.
*Leticia Merino es coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM.
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