Para Alfredo Figueroa, la solución definitiva ante las discrepancias entre las empresas medidoras de audiencia es que el Estado ofrezca garantías de un tercero independiente.
En México debería haber una una prohibición a sesgar, a producir y vender un producto que deliberadamente engañe a cierto sector, como sucede en el campo de los medios de comunicación, afirmó el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona.
En #MesaDeAnálisis con la periodista Carmen Aristegui, consideró que el planteamiento inicial no debe ser la cantidad de dinero público que se destina a publicidad oficial sino cuál es el producto.
“La pregunta es si el gobierno está vendiendo su capacidad de desarrollar proyectos o de construir, o si lo que estamos comprando o vendiendo es la imagen mejor o peor de un político, y entonces, la respuesta debe ser muy clara, ¿se vale vender la imagen de los políticos, debemos destinar recursos públicos para que los políticos luzcan mejor?”, cuestionó.
Reyes Orona señaló que hay varios medios “que viven en el formato de esperar que alguien les pague por decir algo” y cuando les dejan de dar recursos públicos se desesperan.
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“Hay algunos medios que no tiene patrocinador, que carecen de audiencia porque no tienen nada que decir. Sabemos que todos estos grandes contratos que pagaba Peña Nieto, que pagaba Calderón, estaban preñados de todo un argumento y de un libreto que estaba perfectamente armado, no para un programa sino para un sexenio. Se trataba de crear una imagen, y las (conferencias) mañaneras han venido a cambiar la dinámica, y por eso la competencia son las mañaneras, porque tienen información, tienen trabajo periodístico”, abundó Reyes Orona.
El exprocurador fiscal expuso que “el producto que hoy en día venden las encuestadoras electorales es sesgar la elección, encauzar a cierto sector del electorado a pensar que la cargada es hacia cierto candidato”.
Asimismo, Reyes Orona apuntó, las calificadoras han perdido seriedad porque “lo que hacen es encontrar mecanismos con los diferentes gobiernos de los estados, a través de consultorías y asesorías, para también ver lo que quieren ver quienes pagar esas calificaciones, y entonces sesgan el mercado también, y por eso han perdido credibilidad”.
En tanto, el exconsejero electoral, Alfredo Figueroa, comentó que que hay medios de comunicación, cuya línea editorial está asociada a el dinero que reciben.
Por lo tanto, apuntó, es una exigencia para este gobierno contarnos bien cómo gasta los recursos públicos en los medios de comunicación.
“La audiencia tiene que saber algo, todo el sistema de partidos, esos que nos indigna cuánto gastan, que se les da mucho dinero, cuesta menos a este país, que lo que cuesta dar propaganda a los medios de comunicación. De esa tamaño es el paso de un dinero que tenemos que saber porqué se entrega indiscriminadamente a unos sí y a otros no“, indicó.
Para Figueroa la solución definitiva ante las discrepancias entre las empresas medidoras de audiencia es que el Estado ofrezca garantías de un tercero independiente.
“No podemos seguir con una maquinaria en donde es un misterio nacional cómo estamos escuchándonos. Yo creo que el Estado debería propiciar esto“, subrayó.
El exconsejero electoral dijo que es sospechoso que el director de INRA, Luis Mercader, dijera que el único que no lo contrata es el dueño de Radio Centro (Francisco Aguirre), quien sale en último lugar.
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El lunes, Aguirre comentó en entrevista que en el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo censura represiva y disminución en los presupuestos para Grupo Radio Centro, sobretodo después del anuncio de la alianza con la periodista Carmen Aristegui.
Al respecto, Figueroa observó que esto tiene que ver con una relación medios-gobierno.
“El gasto se hace con el propósito de controlar a los medios de comunicación, porque ese ejemplo lo podemos ver desde antes de tu salida. Cómo puede salir alguien que tiene los niveles de audiencia que tenía Carmen Aristegui en MVS, cómo puede un conjunto de concesionarios decirle ‘no te contrato’, y cómo a quien está vendiendo al final y haciendo un trabajo profesional que le representa utilidades a un empresario puede decirle ‘usted no’ por lo que plantea Aguirre, porque en el momento en el que cualquiera de esos concesionarios te contratara en ese momento perdía el recurso público“, anotó.
Al ser cuestionado sobre el “nado sincronizado editorial”, respondió que esto se define como “un conjunto de voces, que sin saber cómo o porqué, se ponen de acuerdo hasta en las comas para decir exactamente lo mismo formando una campaña de propaganda, y en ese momento no se distingue entre lo que es información y lo que es propaganda de un conjunto de voces”.
Al hablar de su experiencia como consejero electoral del Instituto Federal Electoral, recordó que en la reforma de 2007 se logró una modificación constitucional al artículo 41, que impedía la compra de tiempos de radio y televisión a partidos políticos, personas físicas o morales, para favorecer a un candidato en un proceso electoral.
“Hecho esto, las grandes televisoras montaron en cólera nacional, primero contra aquéllo que lo aprobaron en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero inmediatamente después contra aquéllos que éramos depositarios de la nueva responsabilidad pública, que éramos el Instituto Federal Electoral, y entonces, había campañas sistemáticas de toda la industria en contra de nuestro trabajo”, detalló.
Reyes Orona consideró que estas “luchas de arena” entre poderes fácticos y el IFE no son asuntos ajenos a la ciudadanía, ya que se trata de cuánto dinero público van a utilizar los políticos “para venderle un producto que está prohibido, que es promover su propia imagen y no la actividad del Estado”.
A continuación la #MesaDeAnálisis completa:
