Las restricciones de tráfico llegarán este año a todas las urbes españolas: decenas de ciudades están preparando ya sus propias zonas de bajas emisiones (ZBE). La Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 obliga a las 149 localidades de más de 50.000 habitantes —y a las de más de 20.000 más contaminadas— a crear una de estas áreas antes de que acabe este mismo año. “La inmensa mayoría de ellas están trabajando intensamente en esta materia desde principios de año”, confirma un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El Ministerio de Transportes explica que subvenciona 62 actuaciones para instalar ZBE en otras tantas urbes, mientras que el de Transición Ecológica avanza que sacará en las próximas semanas un decreto para regular las características de estas áreas.
Las ZBE son áreas —situadas mayoritariamente en el centro de las ciudades— en las que se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes —los más antiguos— para mejorar la calidad del aire. Para ello, se tiene en cuenta el sistema de etiquetas de la Dirección General de Tráfico: los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006 carecen de etiqueta. La etiqueta B se corresponde con coches de gasolina de entre 2000 y 2006 y diésel de 2006 a 2013. La C, de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014. Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros. Hay más de 300 áreas similares en otras tantas ciudades europeas; la última en anunciar la suya ha sido París.
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Los municipios españoles siguen adelante con sus planes de instalar sus propias ZBE a pesar de las trabas que han sufrido en los tribunales las primeras áreas de tráfico restringido instaladas en España, en Madrid y Barcelona. El reciente fallo sobre la capital catalana no altera los planes para seguir adelante. “La sentencia no es firme, es recurrible. Y tampoco hemos recibido consultas por este motivo”, señala un portavoz de la FEMP, que aglutina a más de 7.400 entidades (la mayoría ayuntamientos, pero también diputaciones y cabildos). Las localidades entienden que la norma del Ministerio de Transición Ecológica otorga suficiente seguridad jurídica para crear nuevas ZBE y por eso la gran mayoría ya están trabajando en ello.
En cualquier caso, un portavoz de Transición Ecológica confirma que el departamento que dirige Teresa Ribera “trabaja en un proyecto de decreto que saldrá a información pública próximamente para garantizar el cumplimiento de los valores recogidos en la ley”. Hasta el momento, las urbes cuentan con una guía de recomendaciones —elaborada entre el ministerio y la FEMP— que no determinan que estas áreas de tráfico restringido deban tener una extensión mínima, aunque señalan que deben abarcar un área “significativa” que permita reducir la contaminación. La idea es que en ese decreto se especifiquen las características concretas que deben cumplir las nuevas zonas de bajas emisiones.
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Mientras, una portavoz del Ministerio de Transportes explica que 62 urbes españolas han obtenido subvenciones para establecer sus áreas de tráfico restringido, así como otras 30 actuaciones complementarias para su puesta en marcha o refuerzo de las ya existentes. El departamento de Raquel Sánchez destina a esta partida algo más de 100 millones de euros de los 1.000 aportados por los fondos europeos Next Generation para movilidad sostenible (el resto se destina a peatonalizaciones, carriles bici, autobuses eléctricos…).
Entre las capitales beneficiarias se encuentran Valencia, San Sebastián, Granada, Cuenca, Salamanca, Vitoria, Cádiz, Castellón, Tenerife, Burgos, León, Pamplona, Alicante… También se incluyen ciudades más pequeñas, como Viladecans (Barcelona) o Linares (Jaén). Todas ellas, y muchas otras, contarán con un área de tráfico restringido a lo largo del año. Transportes financiará hasta un 90% los costes de estas actuaciones, con un importe mínimo de 200.000 euros por iniciativa. Además, a lo largo de este año habrá otra partida de 500 millones con los que también se podrán financiar ZBE, además de otras actuaciones de movilidad sostenible.
Restricciones en islas enteras
En Baleares el ejecutivo de la comunidad estudia que cada una de las islas, entera, sea una zona de bajas emisiones, informa Clara Blanchar. El vicepresidente del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, explicó el pasado jueves de visita a Barcelona que la Ley del Cambio Climático contempla restringir a los vehículos más contaminantes islas enteras. “Lo más sencillo, por tamaño, sería empezar por Formentera. Y a continuación, Menorca, que es reserva de la biosfera y donde está más arraigado el sentimiento de ser un espacio frágil”, argumentó durante una visita al Ayuntamiento de Barcelona. Yllanes se refirió también al municipio de Eivissa (que supera los 50.000 habitantes). Más complejo, reconoció, sería el caso de Mallorca.
Además, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, que Transportes llevó al Consejo de Ministros en febrero, abre la puerta a que los ayuntamientos puedan ir más allá y establecer, si lo desean, una tasa para la circulación de vehículos en las zonas de bajas emisiones. La llamada “tasa de congestión” se aplica ya en algunas ciudades europeas como Estocolmo, Oslo, Gotemburgo (Suecia), Milán y Londres, y consiste en que los vehículos deben pagar para acceder al área central de la ciudad —con algunas excepciones, como los de residentes o repartidores—. En Londres, por ejemplo, la cantidad diaria es ya de 15 libras (unos 18 euros), una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años.
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