La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran en una encrucijada sin precedentes para los organismos multilaterales de América Latina. El freno por parte de la OEA a la renovación del contrato de trabajo del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, ha abierto una serie de cuestionamientos sobre la independencia del organismo que defiende los derechos humanos en la región y, a su vez, ha destapado una serie de denuncias por acoso laboral de parte de empleados de la Comisión.
La estabilidad entre los organismos latinoamericanos se rompió el pasado 15 de agosto, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, avisó a la CIDH de que no respaldaría a Abrão para un mandato de cuatro años al frente de la institución de derechos humanos, apenas unas horas antes de que el contrato del secretario ejecutivo venciera. El anuncio abrió paso a una serie de críticas sobre la independencia de la CIDH por parte de países como México y Argentina, así como de organizaciones latinoamericanas de derechos humanos. La explicación tardaría más de 10 días en llegar: al menos 61 empleados y exempleados de la CIDH habían presentado denuncias contra Abrão por acoso laboral ante la OEA.
Almagro explicó en un comunicado el 28 de agosto que los señalamientos contra Abrão desvelaban “una situación muy seria”. Unos 12 denunciantes han publicado una carta –en poder de EL PAÍS– en la que explican que las quejas sobre Abrão fueron presentadas ante Almagro y la ombudswoman de la OEA, Neida Pérez. Los extrabajadores aseguran que en los últimos años, Abrão fue parte de acciones que desembocaron en “abuso de poder, hostigamientos, retaliaciones, humillación pública, sustracción de funciones injustificadas, pérdida de cargos y discriminación en relación con otras personas de cargos similares”, y que esta serie de conductas les llevaron a dimitir tras notar que el ambiente tóxico en su entorno laboral había afectado su salud física y mental.
Buena parte de las denuncias fueron presentadas antes de enero de 2020, cuando los siete comisionados que componen la CIDH aprobaron, por unanimidad, la extensión del nuevo mandato para Abrão. Extrabajadores consultados por este diario han confirmado que las quejas habían sido un tema recurrente tanto en la OEA como en la CIDH, pero que una investigación formal nunca prosperó y comenzó el éxodo. Además, describieron un entorno laboral en el que la intimidación primaba. “Tenía ataques de pánico entre el desayuno y salir de casa al trabajo”, cuenta una de ellas que ha hablado en condición de anonimato, por temor a represalias. “Estaba quebrada psiquiátricamente”, añade. EL PAÍS consultó a Abrão sobre los señalamientos, sin obtener una respuesta.
Para José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, los señalamientos de la OEA respecto a las denuncias laborales deben ser atendidos con independencia de la operación del organismo. “Los abusos merecen ser resarcidos, no se pueden quedar solo en chismes. Si hay denuncias tan graves, deben ser investigadas con rigor”, dijo. Sin embargo, Vivanco señala que la forma en la que la OEA ha interferido podría interpretarse como un “pretexto para bloquear a la Comisión” y para detener su trabajo en Latinoamérica en un momento crucial. “Si Almagro se sale con la suya y logra bloquear a la nominación, va a pasar a la historia con el triste honor de haber dañado la credibilidad y la eficacia de la máxima entidad de protección de derechos humanos en el continente en 60 años”, apuntó.
La CIDH es un organismo que promueve, vigila y defiende los derechos humanos en América Latina desde 1959. La institución depende directamente de la OEA y tiene su sede en Washington. Sin embargo, desde su fundación ha contado con una notable independencia que le ha permitido denunciar importantes violaciones de derechos humanos en varios países y llevar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Abrão ha sobresalido en la esfera diplomática por su rol activo en algunos conflictos internacionales, como la investigación a los ataques contra las protestas civiles de 2018 en Nicaragua, por parte del Gobierno de Daniel Ortega. Mientras, Almagro, excanciller uruguayo, es visto como un aliado de Estados Unidos que ha defendido las posturas más duras contra Cuba y Venezuela.
Almagro ha asegurado en un comunicado que no tiene “interés en participar en la elección del nuevo secretario ejecutivo de la CIDH” y que tampoco desea “designar a una persona por su cuenta” para el puesto y que solo busca que comience una investigación. El secretario general de la OEA ha declinado posicionarse respecto al tema ante una petición de este diario. La CIDH, por su parte, ha señalado que recibió el 10 de agosto las denuncias presentadas ante la ombudswoman, que rechaza “la caracterización de su contenido” y que esperará a una investigación formal por parte del inspector general de la OEA, respetando la presunción de inocencia de Abrão. Un reporte de la agencia Associated Press asegura que la ombudswoman, Neida Pérez, recolectó testimonios de los denunciantes apenas unos días antes de que Almagro hiciera pública las razones por las que no admitió el nuevo mandato de Abrão.
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