Miguel Eraña acusa “distorsiones y faltas graves” cometidas por el Comité Técnico de Evaluación.
Miguel Eraña Sánchez, académico de la Universidad Iberoamericana, declinó continuar participando en el proceso para designar a cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, por estar en desacuerdo con “las distorsiones y faltas graves” cometidas por el Comité Técnico de Evaluación.
En una carta entregada el pasado miércoles 11 a la Cámara de Diputados, el académico -quien ya había aprobado los requisitos iniciales- comunicó su decisión de apartarse del proceso de selección.
Eraña Sánchez pidió a la Cámara “proveer, en la esfera de las competencias y facultades legítimas del pleno cameral, si ha lugar a reconducir el concurso público para elegir consejeras y consejeros del INE en términos de acatamiento pleno a la normativa constitucional y reglamentaria, sin desapegarse a principios y valores de una democracia en transformación y no simulado”.
El académico señaló en su carta que “de la manera más extraña”, el Comité Técnico compuesto por reconocidos profesionales recomendó aprobar en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro “un cuestionable acuerdo con criterios transgresores de etapas y bases, al modificar y suplantar la voluntad originaria del pleno” de la Cámara.
Eraña Sánchez ejemplificó las transgresiones con el hecho de que las cuatro etapas originarias fueron convertidas por el comité en cinco “fases” materiales y de esa manera, unilateralmente, crearon una segunda fase de examen, para pasar a la fase tercera, obviando que en realidad los aspirantes deberían estar ahí siendo evaluados por el Comité Técnico tanto en la calidad de sus ensayos como mostrando conocimientos en la cita pública originalmente prevista, pero que ahora “pasará a cita grabada por criterios opacos y sesgados del Comité de Evaluación”.
Doctor en Derecho, Eraña es actualmente coordinador y representante de la Universidad Iberoamericana en el Programa lnterinstitucional de investigación en Doctorado en Derechos Humanos, que se imparte en convenio con siete centros universitarios públicos.
A continuación, la carta entregada a la Cámara de Diputados:
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