El decreto de Área Natural Protegida (ANP) Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo, frenaría la devastación de la selva y contaminación de aguas que ha propiciado la empresa Vulcan Materials, que posee más de 2 mil 700 hectáreas en la región, donde extrae minerales, estimó Raúl Benet, asesor ambiental y legal de las comunidades afectadas por la mina.
En entrevista en Aristegui en Vivo, el abogado explicó que este freno ocurriría porque el decreto dejaría sin efecto cualquier resolución judicial o mercantil en contra el gobierno mexicano, ya que está vigente un juicio ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, porque la empresa se dijo afectada por la clausura de actividades entre 2017 y 2023, que le ha impuesto la autoridad mexicana por razones ambientales.
Por esta situación demanda a México el pago de más de mil 500 millones de dólares como indemnización.
Benet señaló que existen otros dos litigios más, uno emprendido por la Profepa que mostró incumplimientos e irregularidades en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ofrecida por la empresa hace más de 23 años al gobierno de Ernesto Zedillo –por ello opera bajo condiciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) de ese entonces –.
Y el otro proceso, es el que han encabezado las comunidades, en una acción colectiva contemplada dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles, demandando el resarcimiento de los daños causados a las familias por la contaminación del agua, las tierras y los efectos que esto ha causado.
Por eso, Raúl Benet subrayó que es importante la propuesta de decreto de convertir en ANP la región de Calica porque generaría un plan de manejo ambiental que impediría cualquier actividad extractiva de la empresa.
“Me parece muy importante parte de lo que anunció ayer el presidente, esta idea de decretar una zona de un Área Natural Protegida que tenga un plan de manejo que obviamente impida las actividades mineras de extracción de roca y en la selva; porque eso detendría ahí cualquier cosa, pase lo que pase en el juicio ellos ya no van a avanzar en seguir aumentando su extracción de roca que la manda a Estados Unidos para material de construcción”.
Esto impediría que la empresa continúe extrayendo y exportando materiales pétreos hacia los Estados Unidos por los próximos cien años, como se lo ha ofrecido a sus inversionistas, declaró el defensor.
Indicó que de las más de 2 mil 700 hectáreas de las que Vulcan Materials tiene concesión y propiedad, solo ha logrado impactar en estos años 700, pero pretenden ampliar su exploración y extracción, por lo que es importante la llegada de este ordenamiento presidencial.
Además, estimó que si en las zonas ya impactadas se propone la explotación turística ecológica, las comunidades han levantado la mano para participar de esa actividad, y piden ser tomadas en cuenta.
El abogado también mencionó que Vulcan Materials tiene la concesión de explotación pero también propiedad sobre las 2 mil 700 hectáreas, incluyendo terrenos cercanos a Puerto Venado, y que dado el caso, sería por lo que el gobierno de México tendría que pagar.
Finalmente, sobre el costo que quiere asumir el gobierno del presidente López Obrador para comprar la tierra, Benet dijo que habrá que esperar el avalúo, pero mencionó se debe tomar en cuenta la solicitud de indemnización que quiere la empresa por mil 500 millones dólares – cerca de 30 mil millones de pesos –.
Sin embargo mencionó que México tendría también que tomar en cuenta la contaminación de cenotes, y el manto acuífero de Playa del Carmen que se ha hecho con nitritos de los explosivos que la empresa utilizó, además de otro tipo de impacto ambiental que es invaluable.
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