El sistema penal mexicano es utilizado para perseguir y criminalizar la defensa de los derechos humanos, según denunciaron este martes la abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes documentaron sus propios casos.
Al presentar el informe ‘Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México‘, de la organización Amnistía Internacional, las denunciantes expusieron cómo fueron “sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
Ana Lorena Delgadillo Pérez, defensora y fundadora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), detalló que descubrió dicha investigación en su contra alrededor de 2020 cuando revisaba los expedientes judiciales que solicitó sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas, (2010- 2011).
“Para mi fue muy fuerte abrir el tomo 221 y enterarme que soy, al mismo tiempo, abogada de las víctimas y perseguida por delincuencia organizada y secuestro, en el mismo tomo”, expuso la directora de la organización que representa a cerca de 300 migrantes desaparecidos y sus familias.
La maquinaria del Estado
La defensora señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) “de manera ilegal desvió todo el poder de la maquinaria legal y todo el poder de la ley contra la delincuencia organizada (…) lo desvió en contra de nosotras tres, cuando nosotras solamente queríamos que las familias tuvieran una respuesta”.
“No solamente intervinieron nuestros teléfonos, sino que nos pusieron en la misma investigación donde tendrían que estar investigando al crimen organizado por la masacre, que hasta la fecha, hay que decir, sigue impune”, subrayó.
Por su parte, Marcela Turati, periodista y escritora especializada en derechos humanos, recordó que en 2011 cubrió el hallazgo de las fosas de San Fernando, donde fueron encontrados 196 cuerpos de personas migrantes, y en 2015, publicó una serie de reportajes sobre distintas irregularidades en el caso, “que enojaron tanto a la FGR sobre la ineficiencia y la criminalidad” en su interior.
“Me avisan que estoy en un expediente. Que están mis reportajes, que están mis ubicaciones, que está mi letra, que estoy geolocalizada, que se pusieron a ver cuántas veces le llamé a qué víctimas, desde dónde”, contó.
Tratamiento AN
“Han sido años de mucha pesadilla. Me queda claro que hay una intención de estos gobiernos, y digo estos porque esto empezó en 2016, pero es el Estado. Ahí siguen esas personas que nos investigaron, aunque algunos están en la cárcel o prófugos por (el crimen) de Ayotzinapa”, advirtió.
Por su parte, Mercedes Doretti, fundadora y directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), comentó que le tomó tiempo “entender la gravedad de la investigación” de la que sigue siendo perito, “junto con la dirección de servicios periciales de FGR para investigar, identificar y ver la causa de muerte sobre los restos de esta masacre”.
“¿Cómo puedo ser perito a ese nivel en esta investigación, y al mismo tiempo, estar siendo investigada por crimen organizado en ese mismo expediente? Es algo que me resulta incomprensible”, cuestionó.
Sin respuesta del Gobierno
A propósito del informe, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, anunció una campaña nacional y otra internacional contra la persecución penal de miembros de la sociedad civil en México.
“Para que Ana Lorena, Marcela y Mercedes, sepan que no están solas en su lucha por conocer lo ocurrido en las masacres de San Fernando y que cese la persecución sobre ellas”.
Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, agregó que antes de la publicación del reporte se buscaron a las autoridades señaladas, particularmente a la Fiscalía, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, pero que no han recibido ninguna respuesta.
Finalmente, la periodista Carmen Aristegui, quien moderó el evento, comentó que las tres mujeres defensoras son “ese copo de nieve que nos permite ver el universo” de la violencia y la impunidad rampante en México.
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