Más de 10.000 inmigrantes han llegado a Canarias de forma irregular en lo que va de año y varios miles han desembarcado en las costas levantina y de Baleares. Los dispositivos de repatriación han quedado paralizados por el cierre de fronteras y si ya antes de la pandemia el sistema de acogida presentaba graves deficiencias, el incremento de llegadas empeora ahora gravemente la situación. Aunque la crisis sanitaria y la recesión económica golpean a Europa, los flujos migratorios no remiten. Y cuando una ruta se cierra, otras cobran impulso. El acuerdo alcanzado con el Gobierno de Marruecos para evitar las salidas en patera ha hecho disminuir en el último año las llegadas a la costa de Cádiz, pero se han intensificado rutas desde Argelia hacia Baleares, Alicante y Murcia, y desde Senegal o Mauritania hacia Canarias.
En Melilla hay más de 2.000 inmigrantes en lamentables condiciones de hacinamiento, pero el punto más delicado se encuentra en Canarias, donde las deficiencias en la gestión de la recepción y acogida llevan camino de provocar una crisis. Aunque la cifra de llegadas está lejos de las más de 30.000 personas que se registraron en 2006, el pico de la crisis de los cayucos, el aumento es muy rápido. A la escasez de recursos se añade en este caso la falta de cooperación entre los diferentes ministerios con responsabilidad en la materia. En 2019 apenas había 70 plazas y aunque ahora se han habilitado 3.500 en centros públicos y hoteles, la solución no es satisfactoria. Más de un millar de inmigrantes malviven en inhóspitas tiendas de campaña en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria), mientras las organizaciones humanitarias que les atienden observan con inquietud cómo crece la hostilidad de la población hacia los extranjeros.
Estas situaciones muestran la debilidad de la estructura de acogida y las diferencias no solo de gestión sino también de sensibilidad que se observan. El Ministerio de Migraciones ha pedido al de Defensa instalaciones que se puedan acondicionar como lugar de acogida, pero no ha recibido la respuesta que esperaba. Tampoco Interior atiende a los requerimientos de traslado a la Península, donde hay centros de acogida con más del 40% de las plazas desocupadas. A ello se añade una gestión de exasperante lentitud en la tramitación de las solicitudes de asilo, y en algunos casos deshumanizada con la separación de niños de corta edad de sus madres. Una instrucción de la Fiscalía de Las Palmas obliga a separarlos hasta que una prueba de ADN demuestre el parentesco, y eso puede tardar meses. Que la pandemia requiera en estos momentos toda la atención no es excusa para no abordar esta cuestión de forma eficiente y respetando los derechos humanos. La gestión debe estar a la altura de los valores de la sociedad española y europea.
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