La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha ordenado remitir a la Fiscalía del Supremo una nueva investigación relacionada con Juan Carlos I que hasta ahora se estaba llevando en Anticorrupción. El ministerio público no ha concretado el contenido de la investigación ni si afecta a otros miembros de la familia del Rey, pero sí ha confirmado que involucra al rey emérito, que ya estaba siendo investigado desde junio por la Fiscalía del Supremo por su papel en el supuesto cobro de comisiones del AVE a La Meca. Esta investigación está en manos del fiscal Juan Ignacio Campos, que asume ahora también las nuevas diligencias.
El ministerio público ha informado de estas nuevas pesquisas horas después de que elDiario.es publicara que Anticorrupción investiga a Juan Carlos I y varios familiares del Rey por el uso de tarjetas de crédito vinculadas a unas cuentas de las que no son titulares ninguno de ellos. Tras difundirse esta información, la Fiscalía ha anunciado que se está investigando una “supuesta fuga de información”. Para ello ha remitido el expediente del caso a la Inspección Fiscal y ha puesto en conocimiento del delegado de Protección de Datos la supuesta filtración. En una nota hecha pública este martes, la Fiscalía General explica que el 29 de octubre abrió unas diligencias gubernativas “en cuyo trámite se ha dado traslado a la Inspección Fiscal a fin de comprobar las condiciones de custodia y acceso de los expedientes”. “Con su resultado se acordará lo procedente. Asimismo, los hechos se han comunicado al Delegado de Protección de Datos de la FGE a los oportunos efectos”, añade el organismo que dirige Delgado.
Fuentes fiscales han confirmado que la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga desde hace meses los movimientos de varias tarjetas de crédito supuestamente utilizadas por el rey emérito y otros familiares entre los que no están, según estas fuentes, ni los actuales Reyes ni la reina Sofía. Según la información publicada por elDiario.es, los gastos de esas tarjetas se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares.
Los movimientos de esa cuenta que investiga el ministerio público corresponderían, supuestamente, a los años 2016, 2017 y 2018, por lo que son posteriores a la fecha de abdicación de Juan Carlos I, en junio de 2014, cuando el hasta entonces Rey dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al jefe del Estado. Fuentes fiscales señalan que, en el transcurso de las diligencias llevadas a cabo hasta ahora, Anticorrupción ha investigado a distintas personas y se han hecho numerosas consultas a bancos sobre un gran número de transacciones realizadas con las tarjetas bajo sospecha.
La investigación la estaba llevando hasta ahora Anticorrupción, pero la fiscal general ha dado este martes orden de que el expediente se remitan de forma “inmediata” a la Fiscalía del Supremo, tribunal ante el que está aforado el rey emérito y donde ya se investiga su implicación en el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación a empresas españolas del AVE a La Meca. Esta investigación corre a cargo del fiscal de sala jefe de lo Penal, Juan Ignacio Campos, delegado de delitos económicos, que asumirá ahora también las diligencias sobre las tarjetas de crédito. Junto a él trabajan otros tres fiscales expertos en estos delitos (Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López Coig) y la Unidad Especializada de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado, dirigida por la fiscal Rosa Ana Morán Martínez, encargada de recabar documentación de otros países.
La fiscal general tiene conocimiento desde hace meses de la nueva investigación que implica a Juan Carlos I. Fuentes del departamento que dirige Delgado señalan que esta información se comunicó a la Fiscalía General en virtud del artículo 25 del Estatuto Fiscal, que establece que los fiscales pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos “que por su importancia o trascendencia deba conocer”. Fuentes consultadas señalan que uno de los últimos informes relativos al caso enviado a Delgado estaba relacionado con la petición de una prórroga para seguir investigando el caso solicitada por Anticorrupción para sortear el tope de 12 meses máximo de las diligencias de investigación. Esa prórroga, según fuentes fiscales, se concedió.
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