El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas denunció que el gobierno federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomaron una serie de medidas discrecionales que debilitan la protección y limitan la participación de la sociedad civil en el esquema institucional.
Afirman que las autoridades firmaron un nuevo contrato con la empresa “RCU” que incluye un anexo técnico que no fue aprobado por la Junta de Gobierno, donde participa la sociedad civil, “lo cual es una violación a la Ley que da origen al Mecanismo”, afirman en un comunicado.
En el anexo técnico se establecen las medidas preventivas y de protección para las personas que enfrentan riesgos por su trabajo en la defensa o promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.
De acuerdo con la Ley vigente, la Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones del mecanismo, incluyendo la capacidad de decidir sobre las medidas de protección.
Sin embargo, el 29 de abril la Comisión Ejecutiva Nacional informó a la Junta de Gobierno que ya había firmado un nuevo contrato con la empresa RCU y un Anexo Técnico, que limita la capacidad de brindar mejores medidas de carácter individual y colectivo, afirman.
El pronunciamiento es firmado por el Consejo Consultivo del Mecanismo, además de Alberto Xicoténcatl, Atziri Ávila López, Araceli Dominguez Nava, Araceli Magdalena Rodriguez, Lucía Lagunes Huerta, Sara Mendez Morales y Maurilio Santiago Reyes. Todos, periodistas o defensores de derechos humanos.
Source link