Por más de 10 años, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) ha documentado múltiples casos en los que maestros, personal de intendencia y hasta la directora de preescolares públicos o privados abusan de niños y niñas; incluso, de acuerdo con los testimonios de las víctimas, en 18 escuelas de 17 estados se repiten los mismos patrones.
Desde el 2008, la ODI conoció del primer caso de explotación sexual infantil en escuelas.
“La violencia narrada por las víctimas de 3 y 4 años de edad era difícil de creer”, señala en un comunicado.
Escuelas en siete estados de la república repiten patrones de violencia extrema; se documenta que los niños y niñas son sacados de la escuela, sedados y abusados sexualmente; además, múltiples niños y niñas describen la presencia de cámaras durante el abuso, según el informe “Es un secreto”. Explotación sexual infantil en preescolares públicos y privados, coordinado por la doctora Margarita Griesbach, de la ODI.
La SEP ha tenido conocimiento de estos casos desde hace años, asegura el organismo, pero cuando recibe una denuncia de posibles delitos graves en una escuela, no da aviso a la policía o la fiscalía. En su lugar se investiga a sí misma. Ante este procedimiento institucional es imposible distinguir la incompetencia del encubrimiento.
Interpol y Homeland Security ha facilitado el contacto con una serie de casos documentados en Israel. “Los patrones aberrantes se repiten”, indica el comunicado.
En Jerusalén, más de 200 niños y niñas refieren abuso muy similar en escuelas ortodoxas.
Buscando conocer más sobre la magnitud de este patrón delictivo se amplía la investigación en México.
“A través de información pública, se documentan 18 escuelas en siete estados de la República que reportan los mismos patrones”, señala la ODI. “FGR ha tenido conocimiento de estos casos desde hace años”.
En el informe, el organismo señala que en el 2018, la ahora Fiscalía General de la República lo contactó nuevamente, por el caso de un preescolar público en la CDMX.
“Por tratarse de una investigación aún activa, omitimos el nombre de la escuela y nos referiremos a ella como ‘Escuela B’. Al igual que en el 2011, la primera denuncia destapa un enorme número de niños y niñas víctimas. En este caso, 49 niños y niñas denuncian haber sufrido violencia sexual en la escuela. El paso de los años ha mejorado enormemente las condiciones en las que participan niños y niñas víctimas dentro de los procesos de justicia y se logra escuchar a las víctimas hablar con mayor libertad. Los niños y niñas narran eventos de extrema gravedad. Sus descripciones resuenan con lo narrado por los alumnos de los otros casos litigados por ODI y develan indicios de un posible patrón delictivo”, señala en el reporte.
Sin embargo, cada caso se investiga de manera aislada como simples casos de abuso sexual que coinciden en una escuela. Nunca se ha accedido a indagar el patrón delictivo más ampliamente.
Durante años, un grupo de académicos y activistas han exigido una investigación a fondo.
En el 2019, la FGR cierra la investigación con tan solo cuatro oficios. Niega reconocer a los denunciantes como víctimas y niega su posibilidad de impugnar la falta de investigación.
Cuando los codenunciantes le exigen hacerlo, determina excluirlos argumentando que no son víctimas directas.
Como codenunciantes, Karina Ansolabehre, Manuel Gil Antón, Maite Azuela, Lydia Cacho, Denise Dresser, José Guevara, Lorenzo Meyer, Juan Martín Pérez y Luis Daniel Vázquez, junto con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, exigen que se investigue debidamente y se reconozca a los denunciantes como víctimas con derechos para participar en la investigación; que se garanticen métodos especializados para escuchar las testimoniales de niños y niñas; que se modifiquen los procedimientos administrativos de la SEP y se avise a la policía de manera obligada ante cualquier denuncia de abuso sexual, y que se garanticen escuelas transparentes, sin casas privadas dentro de la escuela, cuartos oscuros o salones ocultos.
“Desde que la ODI tuvo conocimiento del primer caso, resultó evidente que había más que investigar que el abuso sexual infantil de la o las víctimas”, dice el informe. “Sin duda, este delito debía ser parte central de la investigación, pero los hechos narrados por las y los niños dibujaban una actividad delictiva más compleja. La investigación, solicitada por la ODI a las autoridades ampliaba la mirada en dos sentidos. Por un lado, la investigación requerida implicaba ir más allá de los actos concretos que sucedieron de manera aislada a cada uno de los múltiples niños y niñas que fueron víctimas en una escuela, y se investigara qué sucedió en la escuela en su conjunto”.
El documento señala que esta investigación obligaría el análisis integral de lo que refiere cada niño y niña para en su conjunto tratar de entender qué sucedía en la escuela y no solo lo que le sucedió a “x” o “y” niño en un día particular.
“La investigación requeriría la indagación de trayectorias y designaciones de cada uno de los agresores en ese plantel escolar a fin de lograr entender cómo se explica su coincidencia dentro de la misma escuela y su actuación conjunta en las agresiones a los niños y niñas”.
Por otro lado, agrega, la investigación requerida implicaba ir más allá de lo sucedido en una escuela y ampliar la mirada para descubrir si hay un patrón delictivo entre lo sucedido en múltiples escuelas.
“Ante la similitud de los hechos denunciados en escuelas aparentemente desvinculadas unas de otras, se requiere indagar si se trata de hechos coincidentes, pero aislados, o bien, si existe algún elemento común en su planeación o ejecución”.
De acuerdo con el reporte, a través de los últimos 13 años, la ODI ha desarrollado diversas estrategias para impulsar una investigación amplia y suficiente de los casos denunciados. Las estrategias han ido aprovechando los importantes espacios de participación procedimental que han adquirido las víctimas en la legislación penal mexicana.
“Sin embargo, los esfuerzos no han sido exitosos”, concluye.
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