Representantes de organizaciones ciudadanas anunciaron acciones legales en contra de la jueza Aidé Reyes.
Activistas de Nuevo León anunciaron que interpondrán una denuncia ante el Consejo de la Judicatura en contra de la jueza Aidé Reyes, por su fallo a favor de los funcionarios involucrados en el caso de la suegra del gobernador Jaime Rodríguez, que autorizaron el aumento del 144 por ciento en su pensión de funcionaria pública.
Los funcionarios neoleonenses, Liliana Gómez de Ossio, ex directora de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, y Francisco Estrada Corral, ex director de Administración en la Secretaría de Seguridad Pública, fueron acusados por la Fiscalía estatal, pero libraron ser sometidos a juicio.
Luego de que se revelara una relación entre la jueza Aída Reyes con el subdirector Jurídico del Isssteleón, Sergio Alanís, representantes de organismos de la sociedad civil anunciaron las acciones legales que interpondrán en su contra.
De acuerdo con el Periódico ABC, Liliana Flores, representante del Colectivo Nosotros, acusó a la juzgadora de haber actuado bajo un posible conflicto de interés.
“Hay un posible conflicto de intereses, por esos motivos vamos a poner la denuncia en la Judicatura, esta semana se va presentar, miércoles o jueves”.
Gilberto Marcos, de Vertebra, aseguró que la relación entre la jueza y su esposo, funcionario de Isssteleón, tuvo una injerencia en el sentido de la resolución.
“Consideramos que en este conflicto de interés de la juez con el funcionario del Isssteleón deja algo de sospecha tremendo en el sentido de la resolución tan rápida que se dio, ya quisiéramos que hubiera resoluciones tan rápidas en el Poder Judicial”, cuestionó.
Como parte de los cargos que se presentaron en la acusación de delito contra el patrimonio del Estado, de María Teresa Martínez Galván, suegra del gobernador de Nuevo León, la Fiscalía detalló que para lograr el aumento de 28 mil pesos a 70 mil al momento de retirarse como coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública, los dos funcionarios implicados pasaron por alto reglamentos internos, manuales y prácticas administrativas, según publicó el diario El Imparcial.