La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) de llevar la situación de México ante la Asamblea General marca un hecho sin precedentes y abre un nuevo escenario internacional frente a la crisis de desapariciones en el país. Así lo señalaron Santiago Corcuera, expresidente de ese órgano, y María Luisa Aguilar, directora del Centro Prodh.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Corcuera calificó el momento como extraordinario y subrayó el alcance de la determinación adoptada por el Comité. Explicó que el organismo ha decidido presentar el caso ante el secretario general de la ONU para que sea considerado por la Asamblea General, con el objetivo de que se adopten medidas concretas frente a la situación.
En ese sentido, destacó que la resolución plantea la necesidad de establecer un mecanismo especial que atienda integralmente la problemática. Según explicó, el documento contiene una argumentación sólida sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en México, particularmente en relación con las desapariciones.
El jurista indicó que le resulta relevante que el Comité considere que las desapariciones han alcanzado un nivel que podría encuadrarse dentro de ese tipo de crímenes, en un contexto de violencia generalizada.
“Espero que la Asamblea General tome esto con toda la seriedad y que adopte decisiones importantes y que no vaya a emitir una resolución descafeinada”, advirtió, al señalar la gravedad de la crisis humanitaria en el país.
Corcuera atribuyó este avance principalmente al trabajo de las familias de personas desaparecidas, quienes, dijo, han impulsado el tema a nivel internacional. Subrayó que este logro “se le debe cien por ciento a las familias de las personas desaparecidas”.
Sobre la respuesta del Estado mexicano ante el Comité, el expresidente criticó lo que describió como una actitud “negacionista” frente al fenómeno. Señaló que persiste una interpretación restrictiva de la desaparición forzada, limitada a casos históricos o a acciones directas de agentes del Estado, lo cual, explicó, no corresponde con los estándares internacionales.
En particular, recordó que la definición incluye también actos cometidos por particulares con apoyo o aquiescencia estatal, un punto que, afirmó, el gobierno ha intentado cuestionar. Frente a ello, sostuvo que la interpretación del Comité está respaldada por el derecho internacional.
Corcuera hizo un llamado al Estado mexicano a evitar confrontaciones con el organismo internacional: “Ojalá que no vaya a sacar el gobierno de México un comunicado descalificando, atacando e insultando al comité”, señaló, al advertir que una reacción de ese tipo debilitaría la posición del país.
Esto, minutos antes de que el gobierno federal publicara un comunicado de rechazo a la decisión del CED, en la que calificó el informe del Comité como “tendencioso”.
El expresidente del CED planteó que el Estado debería asumir el proceso con seriedad y comprometerse a adoptar medidas estructurales. Entre ellas, mencionó el fortalecimiento de la búsqueda de personas, la atención a la crisis forense, el combate a la impunidad con apoyo internacional y una nueva estrategia de seguridad.
Por su parte, la directora del Centro Prodh, María Luisa Aguilar destacó el rigor del trabajo realizado por el Comité a lo largo de varios años. Señaló que el análisis se sustenta en información acumulada desde evaluaciones previas, acciones urgentes, visitas al país y aportaciones tanto del Estado como de organizaciones y víctimas.
Afirmó que este proceso dificulta cualquier intento de desestimar las conclusiones del organismo:
“Difícilmente se puede minimizar, por un lado la situación, pero también el trabajo tan virtuoso que ha hecho el comité durante todos estos años”, sostuvo.
Aguilar consideró que la decisión abre una oportunidad para que México retome una relación más amplia con los mecanismos internacionales y reconozca la necesidad de cooperación externa ante la magnitud del problema.
En cuanto a la respuesta del Estado, coincidió en que existe una tendencia a minimizar el análisis del Comité, particularmente en lo relativo a la participación indirecta del Estado en las desapariciones. Explicó que el organismo identifica que la falta de acción puede interpretarse como una forma de permisividad.
Asimismo, señaló que, aunque el Comité reconoce ciertos avances institucionales y normativos, concluye que estos no han sido suficientes para prevenir ni erradicar las desapariciones, lo que evidencia el incumplimiento de recomendaciones previas.
Respecto a lo que podría seguir en el ámbito internacional, Aguilar indicó que las recomendaciones apuntan a fortalecer la cooperación, especialmente en áreas como la identificación forense. Recordó que han existido esfuerzos relevantes en el pasado, pero advirtió que algunos han sido debilitados recientemente.
También destacó la importancia de avanzar en mecanismos internacionales de investigación para enfrentar la impunidad. En ese sentido, subrayó las deficiencias estructurales en las fiscalías, que, dijo, no han respondido a la magnitud de la crisis.
Aguilar hizo un llamado a que la política exterior mexicana se enfoque en atender el problema desde una perspectiva de cooperación: “Que lo pongan al servicio de la crisis de desaparición, al servicio de las familias”, expresó, al advertir que no debería utilizarse para confrontar a los organismos internacionales