Cesar Salinas enfrenta una posible deportación, a pesar de que alega haber recibido amenazas de carteles de narcotráfico cuando después de que el ejército mexicano lo acusó de estar involucrado en esa actividad.
“Esa fue la razón que me hizo a mi solicitar el asilo porque sé cómo funcionan esas personas a que se dedican y de que son capaces”, cuenta Salinas
Salinas solicita asilo político en 2010 pero, por sufrir insuficiencia renal crónica y necesitar tratamiento de diálisis, su caso fue clasificado en “discreción procesal”, un término legal que fue posteriormente eliminado durante la administración del presidente Donald Trump.
Durante el proceso, en 2018, Salinas fue a la frontera para ver a su madre en el Parque de la Amistad. Allí fue arrestado por la patrulla fronteriza y pasó 16 meses en un centro de detención de San Diego.
“Desde el primer día que vi un juez me dijo, ‘tu firma y en dos días, en 24 horas estas en Tijuana’. Pero para mí eso es fatal”, dice Salinas.
El joven añade que su situación se agravó ese mismo año tras caer dentro de un vehículo de ICE mientras se encontraba esposado. Al saber que su caso había sido rechazado, presentó una apelación ante el Noveno Circuito. Sin embargo, allí tampoco tuvo suerte.
Para el abogado de inmigración, Gustavo Mora, el caso luce complicado, pero existen algunas opciones legales.
“A veces se puede hacer una moción para reabrir el caso si es que él fue una víctima de un abogado que fue inefectivo. Eso es una opción”, destaca Mora. “Segundo, se puede hacer una moción para reconsideración de la decisión original”.
Salinas reconoce, sin embargo, que la orden de deportación parece inminente, su sentencia de muerte no sólo serían las amenazas de los criminales sino su estado de salud, ya que en México no recibiría la atención médica que necesita para sobrevivir.
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