Aena tendrá que rebajar el alquiler a sus inquilinos. Esa es la posición mayoritaria en el Congreso, que ha debatido este jueves una enmienda introducida en el Senado por Coalición Canaria y que contó con el apoyo de PP, ERC, EH-Bildu y PDeCAT. En la Cámara Baja, además, se ha sumado a los apoyos el PNV, lo que abocaba al Gobierno a sufrir una derrota parlamentaria: la propuesta ha salido adelante con 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones. La enmienda establece que el arrendamiento de los locales comerciales en los aeropuertos deberá adaptarse al descenso del número de pasajeros experimentado por las instalaciones del gestor aeroportuario público (el Estado tiene una participación del 51%). En una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Aena ha estimado que el impacto sobre sus ingresos será de 1.500 millones y ha dejado la puerta abierta a emprender acciones legales.
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La cuestión de los alquileres es una larga batalla que libran Aena, que gestiona la inmensa mayoría de los aeropuertos españoles, y sus inquilinos casi desde el inicio de la pandemia. Estos últimos siempre han reclamado quitas superiores a las que la empresa aeroportuaria proponía. Esta, a principios de año, ofreció eximir del pago de los alquileres en los primeros meses de pandemia (cuando durante el primer estado de alarma las instalaciones quedaron prácticamente desiertas) y aplicar una rebaja del 50% en los meses siguientes hasta el actual. A partir de octubre, por tanto, los inquilinos deberían volver a pagar la totalidad de las rentas que figurasen en el contrato.
La oferta fue aceptada por un 40% de los inquilinos, pero un 60% la rechazaron por considerarla insuficiente, lo que enquistó la negociación y trasladó el conflicto a los tribunales. Ya en junio, el Congreso aprobó una iniciativa no legislativa que pedía al gestor aeroportuario que negociase “acuerdos equilibrados” con los arrendatarios. Pero aquella iniciativa quedó en saco roto y lo que ha llegado ahora es una modificación de un proyecto de ley en el que el Senado introdujo una nueva disposición final “de carácter obligatorio” para la compañía de mayoría estatal.
La enmienda modifica por ley los contratos de arrendamiento de Aena que estuvieran vigentes a 14 de marzo de 2020, el día en que se declaró el primer Estado de alarma. Durante la vigencia del mismo (hasta el 21 de junio de 2020), el gestor aeroportuario no podrá exigir el pago de rentas. A partir de entonces, deberá reducir los alquileres en la misma proporción en que se haya reducido el número de pasajeros de cada aeropuerto respecto al volumen de 2019. Eso arroja de momento porcentajes muy superiores al 50%.
Aplicación retroactiva
El nuevo texto señala que eso deberá ser así incluso cuando Aena hubiera alcanzado acuerdos previos con sus inquilinos. Agobiados por las deudas, muchos pequeños arrendatarios aceptaron las rebajas de renta que el gestor les ofrecía, pero no los más grandes. Entre estos, el principal es la multinacional Dufry, pero también los grupos Áreas o SSP, que operan áreas de restauración en numerosos aeropuertos. Estas compañías se negaron a aceptar los términos de Aena y litigaron en los tribunales. Ahora el proyecto de ley establece que se aplique retroactivamente y para todos por igual, para que los locales más pequeños también se beneficien.
El apoyo del Congreso a la enmienda supone un varapalo para Aena que, en un contexto de cuentas maltrechas por la pandemia, ha estimado que la medida supondrá un impacto sobre sus ingresos de 1.500 millones, repartidos a lo largo de cinco ejercicios (de 2020 a 2025). Los cálculos del gestor aeroportuario, según ha explicado a la CNMV, se basan en la previsión de que en el año 2026 el tráfico aéreo recuperará el volumen de 2019, la condición que la nueva enmienda pone para que deje de aplicarse la rebaja sobre las rentas. Si el número de pasajeros que pasa por los aeropuertos españoles alcanzase antes ese volumen, el impacto sería menor. En la valoración del impacto se han tenido en cuenta las reducciones que el gestor aeroportuario había ofrecido ya a los inquilinos.
La medida se aplica solo sobre la renta mínima anual garantizada (la cuota de alquiler fija pactada con sus inquilinos) y no sobre la parte variable, que depende de lo que facturen los locales comerciales. “Aena está, igualmente, analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía”, añade el gestor aeroportuario en la comunicación remitida a la CNMV poco después de que el Congreso haya dado luz verde a la enmienda y poco antes del cierre de la sesión bursátil. Durante la misma, los valores de Aena peleaban por mantener los 140,70 euros que marcaron al cierre del miércoles, pero tras la votación parlamentaria han sufrido una caída. Finalmente han cerrado en 138,40 euros, lo que supone un retroceso en el día del 1,63%.
Un “balón de oxígeno”
Manuel Zea, presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (Aeoca), considera que el Congreso ha dado “un balón de oxígeno” a las empresas que tienen locales en la red de Aena. Aeoca representa a unas 35 compañías, de las 120 diferentes que operan en los aeropuertos españoles, de tamaño medio o pequeño. “No es que pensemos que con esto vamos a poner la empresa en números verdes, pero nos salen unos alquileres razonables; con esto podemos subsistir”, ha valorado Zea en conversación telefónica. El representante de Aeoca pide “un poco de seguridad jurídica”, ya que espera que esto suponga el fin de algunos litigios que habían iniciado las compañías concesionarias y confía en que Aena no abra ahora un nuevo frente judicial. “Recordemos que esta enmienda la han apoyado todas las asociaciones comerciales y los dos sindicatos más potentes [CC OO y UGT]”, ha añadido.
La aprobación supone también un golpe para el Gobierno, cuyos socios principales (PSOE y Unidas Podemos) se han quedado prácticamente solos. Podemos ha decidido abstenerse, aunque ha dicho que compartía el espíritu de la enmienda en el sentido de obligar a negociar a Aena. La mayoría de partidos han afeado la actitud de la compañía presidida por Maurici Lucena en el proceso negociador. El PSOE ha señalado que no podía apoyar la enmienda por no tener nada que ver con el objeto principal del proyecto de ley en el que se inserta, que se aprobó para regular medidas en el transporte terrestre, engrosando igualmente las abstenciones.
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