“Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador cenará con alrededor de 100 empresarios, para algo que ya saben en qué terminará”, destaca El Financiero.
“Templo Mayor”, en Reforma:
“Según el presidente de la República, los empresarios son los culpables del desabasto de medicinas, son quienes “sabotean” jurídicamente sus obras de infraestructura; son también quienes le impusieron contratos “leoninos” al gobierno y, por si fuera poco, lo traían de “su puerquito” con las construcciones. Y ahora resulta que Andrés Manuel López Obrador a esos mismos empresarios les va a pasar la charola para obligarlos -por las buenas, claro- a que compren ¡4 millones! de cachitos de la no -rifa del avión presidencial, y así, aporten 2 mil millones de pesos a su administración. Del odio al amor hay una rifa, ¿o cómo era?”.
“Frentes Políticos”, en Excélsior:
“Si no es Chana en Juana. Invocando a su derecho electoral, Tatiana Clouthier se autodestapó como precandidata a una gubernatura. Pero para no fallarle, explicó que podría ser la de Nuevo León en 2021 o la de Sinaloa en 2023, ya que la legislación la respalda. No es sorpresa, se esperaba. Lo que llama la atención es su doblete imaginario. ¿Legalmente se puede? En la lógica de la legisladora, sí. Argumenta que nació en Sinaloa, pero desde sus 18 años vive en Nuevo León. Al menos no incluyó en la lista a Guerrero porque alguna vez vacacionó en Acapulco, pero bueno. ¿Se habrá puesto a reflexionar cómo recibirán los sinaloenses a una candidata que ha vivido 37 años en Nuevo León? ¿O qué dirán los neoleoneses? Por lo pronto, parece disparatado. Salvo en la mente de la aún diputada federal”.
“Estrictamente personal” de Raymundo Riva Palacio en El Financiero:
“Esta noche, el presidente Andrés Manuel López Obrador cenará con alrededor de 100 empresarios, para algo que ya saben en qué terminará. Comprarán cientos de boletos para la rifa de 100 millones de pesos para comprar medicinas y equipo médico, y que se ha disfrazado de sorteo del avión presidencial. El tema sigue metiendo en problemas al gobierno y enredándolo más en temas legales que significan responsabilidades penales. El martes, quien resbaló fue el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien entregó un cheque por dos mil millones de pesos al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para el pago de los premios. Se suponía que el Instituto ya tenía ese dinero en caja pero resultó mentira. Sin embargo, el resultado fue peor, porque el fiscal entregó dinero asegurado de una empresa sin haber consignado la carpeta de investigación ante tribunales, y sin saber si el juez va a aceptar las pruebas presentadas”.
“Trascendió”, en Milenio:
“En la oficina de David Colmenares, titular de la ASF, esperan desde febrero del año pasado que Carlos Martínez, director del Infonavit, les devuelva la llamada para reagendar la cita pendiente en la que supuestamente, de manera voluntaria, propondría la manera de transparentar el manejo de sus recursos, luego de que ese instituto se amparó en 2018, cuando el director era David Penchyna, para evitar que se le revisara el dinero de la Cuenta Pública de 2017”.