Los centros de derechos humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), quienes forman parte de las más de 300 organizaciones mexicanas que realizan un diagnóstico sobre los derechos humanos en el país, explicaron que la desaparición y desplazamiento forzado, militarización y riesgos de las personas defensoras, son problemas graves que impactan a la población que vive en Chiapas.
El diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país se entrega como insumo a las naciones que forman parte del Examen Periódico Universal (EPU), que es el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU mediante el cual se revisa el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos.
Jorge Hernández, de Serapaz, explicó que en el caso de Chiapas, la desaparición forzada se ha incrementado desde 2021, en los municipios Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, que afecta principalmente a poblaciones donde hay presencia de grupo criminales como la frontera y la sierra. Los sectores más afectados son mujeres, adolescentes, niñas y niños; y las personas en movilidad (migrantes).
Detalló que las cifras oficiales registran un incremento paulatino de esta problemática, pero la cifra real es mucho mayor; sin embargo hay temor entre la población afectada a acudir a presentar denuncias ante autoridades, por el temor de que estas estén coludidas con las personas o grupos que perpetran estos actos.
La misma situación sucede con las personas afectadas por el desplazamiento forzado, explicó Mario Ortega del Frayba, quien explicó la necesidad de que se cuente con protocolos y leyes de atención e investigación de este tipo de delito a nivel estatal.
“Las víctimas se enfrentan a la falta de voluntad, política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, al desconocimiento de estándares de derechos humanos por parte de los funcionarios responsables de atenderlos, y al riesgo de acudir a instancias estatales que pudieran estar capturadas por los propios perpetradores que cometieron el desplazamiento”, dijo el defensor.
En los temas de movilidad humana, México recibió 29 recomendaciones del EPU que tienen que ver con deficiencias en la investigación y sanción de delitos y violaciones graves a derechos humanos cometidas contra personas inmigrantes.
En concreto por las insuficientes garantías para la defensa de derechos de las personas migrantes y solicitantes de refugio así como con el fortalecimiento de las del sistema de asilo; pero también por la participación de las fuerzas armadas en la contención migratoria internacional.
Por su parte, Teresa Baratta, de la organización sueca SweFOR, abordó la situación de las personas defensoras de derechos humanos, recalcó que no hay políticas públicas que reduzcan el riesgo que corren las personas defensoras, particularmente en las comunidades rurales e indígenas, donde se dan las mayores violaciones a sus garantías.
Los organismos humanitarios presentaron el diagnóstico y pidieron la implementación de las recomendaciones internacionales que en esta materia han hecho diversas naciones a México, en el marco del Examen Periódico Universal de la ONU celebrado este 2024.
A nivel estatal estas recomendaciones implican la reglamentación e implementación de leyes en materia de desaparición y desplazamiento forzado, la investigación efectiva de los delitos y medidas para terminar con la impunidad.
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