La Secretaría de la Función Pública (SFP) descartó “conflicto de interés, cohecho y soborno” entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, en la construcción del Tren Maya.
De acuerdo con un comunicado de la SFP, esta dependencia recibió una solicitud de investigación por presuntas faltas administrativas atribuibles al Presidente. En el documento también se menciona a dos empresas, a dos hijos de Daniel Chávez y a un hijo de López Obrador.
El documento llegó a las oficinas de la SFP el 15 de febrero de 2022, y el día siguiente la dependencia inició un expediente de investigación, siguiendo el debido proceso establecido por la ley.
Con base en la información obtenida y en el marco jurídico aplicable, la investigación determinó que no se encontraron evidencias competentes y concluyentes que acreditaran la presunta comisión de hechos, actos u omisiones susceptibles de configurar alguna falta administrativa atribuible al servidor público y a los particulares, señala la SFP.
Los resultados que se obtuvieron por los medios probatorios determinaron que se acreditó que el Daniel Chávez Morán, nombrado como “supervisor honorario” en el proyecto “Tren Maya”, no recibió ni recibe ningún sueldo, emolumento, pago o retribución por parte de la administración pública federal, ni ejerció las funciones de las personas servidoras públicas designadas en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Daniel Chávez
No se encontraron irregularidades en los actos jurídicos relacionados entre el Grupo Vidanta e instituciones del Gobierno Federal.
Por otra parte, la SFP no tiene competencia para investigar actos jurídicos ajenos a la administración pública federal, ni tampoco los actos celebrados fuera del territorio nacional, como los que se refieren en el escrito acerca de la empresa KEI Partners.
Sobre la base de las evidencias, la dirección general de denuncias e investigaciones de la SFP emitió el acuerdo de conclusión por falta de elementos, el cual fue notificado este viernes.
Función Pública subrayó que ejerce sus atribuciones de investigación y sanción con sustento en las pruebas recibidas y recabadas, y con respeto al debido proceso.
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