La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la compra de un millón de mascarillas, 500.000 pares de guantes y 250.000 pruebas rápidas de detección de la covid a los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina ha destapado una cadena de engaños, desinformación y falta de control en el Ayuntamiento de Madrid que facilitó una presunta estafa de 11 millones de euros. La operación se llevó a cabo entre la última semana de marzo y la primera de abril de 2020, cuando la Comunidad de Madrid era el lugar de España donde la pandemia causaba más muertes y contagios.
El sumario del caso que ahora instruye el juez Adolfo Carretero incluye documentos de los organismos municipales encargados de la compra del material sanitario y declaraciones de los implicados en la operación que describen un escenario caótico, opaco, permeable al fraude.
La Empresa de Servicios Funerarios, encargada de pagar los 11 millones de euros que costó el material, se quitó la responsabilidad de encima cuando le preguntó la Fiscalía Anticorrupción: “La empresa no ha participado en la negociación de los términos ni de los anteriores contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio, por lo que, en consecuencia, no dispone de copia alguna de correspondencia relacionada con la negociación de los términos de los contratos”, declararon los responsables de la funeraria, según consta en el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Fue la Concejalía de Hacienda la que se encargó de todos estos trámites a través de Elena Collado, alto cargo encargada de la compra del material y con la que uno de los comisionistas, Alberto Luceño, mantuvo comunicación telefónica durante todo el proceso.
El hermano del duque de Feria declaró al fiscal que todo su trabajo fue normal y se sorprende de lo que se llevó su socio. “Yo he cobrado menos de un 10%, que no es nada”, dijo al ministerio público.
El principal comisionista admitió en el interrogatorio que ocultaron al Ayuntamiento de Madrid las comisiones millonarias que iba a cobrar junto a Medina.
Elena Collado admitió que Luceño contactó con ella por WhatsApp. “Si yo llego a oír la palabra comisión, inmediatamente lo pongo en conocimiento de la policía”, asegura al fiscal.
Luceño declaró al fiscal anticorrupción, en abril de 2021, que fue él quien fijó los precios del material vendido al Ayuntamiento de Madrid —de los más caros pagados aquellos días por las principales administraciones municipales de toda España—, que supuestamente fabricaba una empresa de Malasia llamada Leno. El comisionista relató al fiscal que hizo aquella operación en una situación de extrema necesidad cuando los precios subían en cuestión de horas. “Hablé con Elena Collado y me dijo que necesitaban el material de manera rápida, en tiempo y forma y de buena calidad. Y le dije que le podía asegurar esos tres productos” (mascarillas, guantes y pruebas).
Miguel Montejo, vocal de Más Madrid en el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, explica a EL PAÍS que el 4 de abril preguntó a Collado por qué se decidió contratar a Luceño y Medina entre todas las ofertas recibidas. “Me dijo que no lo recordaba, solo explicó que creyó que eran personas altruistas y que, si hubiera sabido que eran comisionistas, habría ido directamente a la Fiscalía. Pero Collado no contestó a la pregunta de por qué no denunciaron los hechos cuando ya supieron que la Fiscalía estaba investigando, ni por qué se le ocultó al consejo de administración que aquella operación estaba dirigida por intermediarios”.
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Luceño declaró al fiscal que había preguntado a su socio Luis Medina si conocía a alguien en la administración con quien pudiera contactar para ofrecerle material sanitario chino. Y que Medina le dio el contacto de los responsables municipales de Madrid. Como debía pagarse en parte por adelantado, el Ayuntamiento formalizó un convenio con su Empresa de Servicios Funerarios, que tenía flexibilidad suficiente en su actividad para asumir operaciones de ese tipo.
De madrugada
El decreto de alarma para combatir la pandemia cerró España a cal y canto el 14 de marzo de 2020. 10 días después, el martes 24 de marzo, el consejo de administración de la Empresa de Servicios Funerarios, municipal, se reunió de madrugada a través de un grupo de mensajería creado al efecto para aprobar una compra urgente que podía salvar vidas.
La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, Elena Collado, contó a los asistentes (con representación de todos los grupos políticos) que se trataba de adquirir un millón de mascarillas a 6,6 euros la unidad. Y que había que pagar la mitad esa misma noche por anticipado.
Collado no explicó entonces a los consejeros si aquella era la oferta más barata o la más cara de todas las que habían recibido, ni detalló que la operación se hacía a través de dos intermediarios, Luis Medina y Alberto Luceño; ni siquiera explicó si el fabricante que suministraría las mascarillas era de confianza o tenía solvencia suficiente para garantizar que el encargo llegaría a buen puerto.
Los representantes de todos los grupos municipales (Vox, Más Madrid, PP y PSOE) votaron a favor ante la emergencia. Unas horas después (25 de marzo), el consejo de administración volvió a reunirse de urgencia para más compras, que anunció otra vez Elena Collado: 250.000 pruebas rápidas a 17 euros la unidad y 2,5 millones de pares de guantes a 2 euros cada par. Tenían que actuar deprisa porque, según dijo, se estaba acabando la mercancía y había que pagar el 50% por adelantado.
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Ese segundo lote resultó defectuoso. Las pruebas tenían una fiabilidad del 60%, muy lejos del 98% comprometido. Los guantes llegaron a un precio disparatado, incluso en pandemia. Tanto fue así que, cuando Elena Collado se quejó al respecto ante Alberto Luceño, este tardó una hora y media en comprometerse a devolver cuatro de los cinco millones de dólares que ya había pagado el Ayuntamiento por esa mercancía.
Luceño explicó al fiscal anticorrupción que existe una recomendación verbal de la Cámara de Comercio de París para que las comisiones no superen el 50% de cada operación: “Yo reconozco [que] en el contrato de las máscaras [me llevé] el 44,85% y en la otra operación un 49,91%”.
Esta respuesta dejó perplejo al fiscal anticorrupción, quien le leyó las comisiones que habían pactado Luceño y Medina por la venta de dos millones de pares de guantes. De los cinco millones de euros, 1,8 millones eran la comisión de Luceño y 1.125.000 euros la de Medina. En total, 2.925.000 euros sobre cinco millones, más del 50%.
Luceño intentó replicar al fiscal que esa operación “se intentó hacer, pero no se cobró”. En realidad, fue Elena Collado quien comprobó en un supermercado de Madrid que los guantes que habían comprado a través de Luceño y Medina a dos euros el par costaban menos de la mitad en comercios de la capital. Eso llevó a que Luceño devolviera cuatro millones de euros sin poner reparos.
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