Hace 20 años, un hombre que se presentó como militar desertor entregó a Rosario Ibarra de Piedra, la madre buscadora y lideresa del movimiento por la liberación de los presos políticos, una lista con 183 nombres de personas detenidas entre abril de 1972 y diciembre de 1974, que habrían sido desaparecidas en 25 vuelos que despegaron de la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Guerrero, desde donde fueron arrojadas al mar.
El informante le dejó una carta en la que se lee, textualmente: “Tengo en mi poder relacion de los vuelos efectuados que creo que le serviran de mucha ayuda para que se investigue directamente a [el capitán] Javier Barquin ya que el fue el autor material de esos crimenes. Como comprendera no puedo arriesgar a mi familia por eso le hago llegar estos documentos con un propio”.
La misiva, con fecha del 26 de mayo de 2004, iba acompañada por cinco hojas escritas con una máquina de escribir antigua, en las que se enlistan 24 “viajes” y un “viaje especial” ocurridos en 1974, durante los que se habrían arrojado al océano Pacífico, en grupos de hasta ocho personas, los cadáveres de las 183 víctimas, todas identificadas con sus nombres.
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De confirmarse la información en poder del Comité Eureka, que fundó Ibarra de Piedra, sería la primera revelación de las identidades de personas desaparecidas en los “vuelos de la muerte” en México: 174 hombres y nueve mujeres, quienes fueron registrados con sus nombres completos, sus “seudónimos” como militantes o guerrilleros, el lugar y la fecha de su captura, y las unidades o dependencias que las detuvieron.
Diez corresponden a la temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), cinco a la Policía Judicial de Guerrero, y las restantes a manos del Ejército: 116 capturadas por elementos de la 27a Zona Militar ——distrito cuya sede en esa época estaba en El Fuerte de San Diego; actualmente en Acapulco—, 32 por la Policía Militar, y 17 por el Batallón de Fusileros Paracaidistas..
Entre los nombres figuran el fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, Ignacio Salas Obregón —registrado en el cuarto viaje con una cruz, una clave en los registros militares de que la persona murió cuando era torturada—. También está el músico y cantautor Rosendo Radilla —a bordo del tercero—, por cuya desaparición forzada la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en contra de México por los crímenes de Estado del periodo conocido como la “guerra sucia”.
La inédita información, que desde 2004 reposaba como un papel más en los archivos del Comité Eureka, es actualmente analizada por personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia e investigadoras de organizaciones de derechos humanos que representan legalmente a víctimas de ese periodo histórico o son independientes, quienes han encontrado similitudes con otros documentos generados por el Ejército y la DFS durante esa época, así como coincidencias con los datos de los registros de las personas desaparecidas esos años, y con testimonios y documentos oficiales sobre los llamados “vuelos de la muerte”. Los especialistas aún no han llegado a una conclusión.
Gracias a testimonios de perpetradores, de sobrevivientes de cárceles clandestinas y de testigos, ha podido establecerse que desde 1974 hasta 1979 el Ejército mexicano utilizó los “vuelos de la muerte” para deshacerse de quienes consideraba sus opositores. Los aviones despegaban de la base militar número 7, ubicada en el municipio de Acapulco, y desde el aire arrojaban personas —vivas o muertas— al océano, algunas dentro de costales cargados con piedras, otras picoteadas por bayonetas para que fueran devoradas por los tiburones, otras amarradas a vigas metálicas o a bloques de concreto para asegurar que nunca aparecieran.
Por eso, esta nueva información es devastadora para muchas familias.
Hasta el momento no ha sido posible determinar si Benjamin Apresa, el firmante, es el nombre real del supuesto delator. Su nombre no aparece en los organigramas de quienes participaron en la contrainsurgencia en ese periodo. Aún está por resolverse si era información falsa para entorpecer las investigaciones de las familias o dar carpetazo a sus búsquedas. Lo que queda claro es que su autor conocía bien la logística de la desaparición de personas.
A pesar de eso, esta semana diversas autoridades comenzaron a distribuir el documento a líderes de colectivos de víctimas y a familias de las personas mencionadas en las bitácoras, que a su vez lo compartieron con más familias de víctimas. A algunas de las ya informadas se les contactó para ser entrevistadas para este reportaje para no ocasionar más impactos emocionales.
“Cuando me avisaron de la lista y que aparece mi papá sentí un vuelco en el corazón, empecé a llorar en silencio, tratando de asimilar la información que estaba recibiendo, pensando lo que sufrió, que lo arrojaron al día siguiente de que lo capturó el ejército”, dijo en entrevista Angélica María Ramírez Hernández, hija de Gorgonio Santiago Alvarado, quien es registrado en el “viaje 23” junto a otras cinco personas, dos de ellas mujeres.
Ella habló del impacto de la noticia: “Ya va a cumplir 50 años desde que se lo llevaron y hasta hace menos de un mes aparece una ruta de esto, pero la sensación es que si esto le pasó nunca vamos a poder recuperar los restos, y que lo asesinaron de esa forma, que de todas las alternativas escogieron ese método. Siempre pensando si le rompieron los huesos, si lo torturaron con choques eléctricos, si lo picaron y lo aventaron al mar, si los aventaban vivos, No alcanzo a imaginar todo ese terror”.
Ramírez Hernández pertenece al Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia del Municipio de Atoyac de Álvarez; su padre fue capturado por el ejército el 24 de noviembre de 1974 y llevado en helicóptero a la base militar de ese municipio. Ella aún no cumplía dos años de edad. Ha pasado su vida esperándolo.
“No he podido decirle a las familias que conozco, a las que aparecen sus familiares. No es porque no merezcan saberlo, sino porque quiero dejar a la autoridad que nos explique si la lista es cierta o no, que nos expliquen lo que han investigado”, dijo entristecida luego de que un exfuncionario de la Comisión Nacional de Búsqueda le dio la noticia.
‘Metidos en el avión para arrojarlos al mar’
La mayoría de las personas mencionadas en la lista de “los viajes” (el documento original no los registra como vuelos) fueron capturadas en Guerrero —164 del total— durante la feroz persecución, por tierra y aire, de militares, agrupaciones especiales y judiciales contra la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos, el profesor que fundó el Partido de los Pobres, movimiento en el que participaba Gorgonio Santiago. El castigo fue también contra los pobladores de la costa y la sierra que eran sospechosos de simpatizar con Cabañas o se apellidaban como él.
Del resto de las personas registradas, siete fueron detenidas en Michoacán, cuatro en Hidalgo, dos en el Distrito Federal, dos en el Estado de México, una en Morelos, otra en Oaxaca y una más cuyo lugar de captura no se especifica.
Solo cuatro fueron detenidas en 1972, once en 1973, y el resto, 168, en el mortífero año de 1974, cuando —sugiere la carta— fueron asesinados.
“Como le comente en días pasados, estube en el 74 comisionado en Pie de la Cuesta comisionado a las ordenes del entonces capitan Javier Barqin Alonso y en ese entonces me percate de la forma en que desaparecen los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avion Aravat 2003 para arrojarlos en el mar. Por diferencias con dicho capitan tube que desertar en el 76ya que me amenazó de muerte si yo desia lo que habia visto”, escribió, textual, el informante en la carta escrita con mayúsculas y dirigida a Rosario Ibarra de Piedra.
El desertor se refiere a Javier Barquín Alonso, segundo comandante del grupo operativo de la Policía Militar y del temido Grupo Zorba, que trabajaba bajo el mando del coronel de infantería Francisco Quirós Hermosillo, operador de la salvaje represión. Se sabe que Barquín era el encargado de registrar en “un libro de pastas negras” la relación de los “paquetes”, como en el argot militar se referían a las personas presas en cárceles clandestinas, que serían torturadas para extraerles información y después —en su mayoría— desaparecidas.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem) acusa a estos militares —y al general Mario Arturo Acosta Chaparro— de haber desaparecido a 143 personas. Calcula que durante la contrainsurgencia 1,200 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de agentes del Estado; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registra 532 casos.
El informante menciona el avión Aravat, aunque su nombre correcto es Arava; se refiere a las aeronaves de fabricación israelí compradas por el gobierno mexicano, diseñadas para transportar carga, sobrevolar superficies y practicar el paracaidismo, pero que fueron usadas para desaparecer guerrilleros y disidentes políticos y, posteriormente, traficar droga.
La carta no era conocida, hasta ahora, por las familias que desde hace medio siglo exigen al gobierno la presentación con vida de sus seres queridos detenidos-desaparecidos durante el periodo de la mal llamada “guerra sucia”, tampoco por sus representantes legales ni por quienes han investigado de manera independiente la represión en esa época.
El documento pasó 20 años inadvertido en los archivos del Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México, como se conoce al Comité Eureka. Fundado en 1977 por doña Rosario a raíz de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1974, aglutinó a cientos de familiares de personas desaparecidas en el país por su militancia o afinidad con movimientos políticos, sociales o armados que el régimen priista veía como una amenaza.Esta reportera recibió la lista al solicitar documentos del archivo de Eureka que el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (Camena), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, digitalizó, ordenó y clasificó por varios años, y que planea publicar en septiembre. Dos integrantes de Eureka consultados para este reportaje dijeron que desconocían la existencia de la carta.
Tres expertos que revisaron el documento consideran la lista como “plausible” y su contenido “coincidente” con otros documentos generados en esa época.
“¿Quién tiene esta información reunida en esa época? ¿Quién puede tenerlo todo? ¿Quién puede saber qué corporación y en qué fecha detuvieron a quién y lo de los vuelos? Pues la DFS o el ejército”, opinó Javier Yankelevich, quien fue jefe del Equipo Especializado en la Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente durante la “Guerra Sucia”, perteneciente a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). El historiador obtuvo por su cuenta la relación de vuelos al solicitar todo el acervo de Eureka vía Transparencia.
“Solo para indagar esta lista se necesitaría otra comisión de la verdad; este es el inicio de lo que debería de ser una gran investigación y no el fin”, consideró en entrevista, tras conocer los papeles, el abogado César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a varias víctimas de las llamadas “desapariciones del pasado”.
Otras personas expertas en el periodo de la contrainsurgencia que han tenido acceso al contenido de la carta también lo consideran verosímil. Notaron que coinciden fechas, lugares de detención, compañías participantes, seudónimos, así como el estilo de redacción y la manera de registrar de la Sedena y la DFS, que son similares a otros documentos bajo resguardo del Archivo General de la Nación (AGN).
Sin embargo, algunos especialistas piden cautela. “El documento en sí tiene mucha relevancia, aunque no podamos decir que todo su contenido efectivamente trata de los ´vuelos de la muerte´. Es muy relevante porque nos permite hacer preguntas y abre una línea de investigación sobre los vuelos. Si después de una investigación seria resulta que no tiene que ver con esto, de todos modos va a estar relacionado con otras cosas sobre las estrategias de contrainsurgencia”, estimó el historiador Camilo Vicente Ovalle, quien coordina las investigaciones de la Comisión para el Acceso a la Verdad sobre la Guerra Sucia, uno de los instrumentos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.
Consideró que se requiere un análisis más profundo del documento para dar por válido su contenido. Al experto le llama la atención que la relación de viajes, en sí misma, no contiene la palabra vuelos —como sí aparece en otros archivos históricos—, solo viajes, y que carece de un título que indique de qué es el listado y de la fecha en que se hicieron los traslados.
Lo que llamó la atención al Centro Prodh, tras un primer análisis, es que incluye 13 nombres que no están mencionados en fuentes abiertas o en registros oficiales o en las listas de víctimas de la CNDH, la Comverdad de Guerrero, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), los archivos de la represión encontrados en el AGN, u otras investigaciones de esclarecimiento histórico. También considera relevante que de un número elevado, 170 nombres, haya coincidencias con distintos informes.
De las 183 personas enlistadas, 40 no están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).Hasta ahora no se habían mencionado las identidades de las posibles víctimas de los crímenes cometidos hace medio siglo, solo los tipos de aeronave —al menos dos aviones Arava de manufactura israelí y un número no identificado de helicópteros que despegaban de las costas de Guerrero—, los métodos de ejecución, los nombres de los generales y capitanes que ordenaban los operativos y de los subalternos que los llevaban a cabo, y los modus operandi que confesaron pilotos, mecánicos y militares de distintos rangos en el juicio que la Procuraduría General de Justicia Militar entabló en 2002 contra los generales Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo y el ya retirado Barquín Alonso, por las desapariciones forzadas de 148 personas, a la par de otro juicio por narcotráfico. Los dos últimos murieron durante el proceso, mientras que Acosta fue absuelto.
Yankelevich, historiador que este sexenio estuvo a cargo de la unidad que investigaba las desapariciones del pasado en la CNB, de donde fue despedido este año, pidió por transparencia el archivo digitalizado por Camena y comenzó sus propios cotejos. Releyó la confesión que en 1975 envió desde Petatlán, Guerrero, a su casa en Mexicali, el soldado Benito Tafoya Barrón, en la que se refiere a los mortales vuelos en los que participó; el AGN tiene una copia.
Tafoya formaba parte de una de las unidades que cercó y atrapó al guerrillero Lucio Cabañas. La misiva contiene dos datos que llamaron la atención de Yankelevich. Habla de dos mujeres que acababan de ser arrojadas al Pacífico —en el viaje 23 se mencionan los nombres de dos mujeres—, y cuenta que participó en la captura de Cabañas y en echar al mar a uno de sus acompañantes. Efectivamente, en el “viaje 24” de la lista aparece Marcelo Serafín Juárez, un menor de edad, quien fue el único compañero del líder guerrillero del que, tras ser detenido, aún se desconoce su paradero.
La carta del soldado, publicada por primera vez por el periodista Gustavo Castillo en La Jornada en 2008, dice: “Hermanos quiero que en cuanto reciban esta carta me contesten, mándenme decir si ya les mandaron decir de la casa de la Güera [Nicolaza] se fue con su novio y que Raquel y Paz se andan metiendo en problemas muy serios, que se andan metiendo de guerrilleras, digo problemas serios porque me ha tocado ver como acaban los que se dicen guerrilleros, digo que me ha tocado ver porque yo participé cuando rodiamos a Lucio Cabañas y su gente y murieron muchos y a los que agarramos vivos [fueron varios] a mí me tocó subirlos a un helicóptero amarrarlos de pies y manos y atados a unas barras de fierro e irlos a tirar al mar y entre ellos iban dos muchachas, por eso yo temo que ellas lleguen a caer en manos de la policía y tengan el mismo fin, de mis compañeros del batallón mataron nada más a uno y a nosotros nos tocó matar a Lucio Cabañas”.
Aunque cuando se descubrió la carta el militar fue interrogado por un Ministerio Público —según consta en el AGN—, a quien dijo que era una broma, los datos sobre su hermana son reales: Raquel fue detenida y encarcelada en Sinaloa y fichada como miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Para Yankelevich, las menciones de Tafoya y las listas tienen datos coincidentes. La información que dio el mecánico militar Margarito Monroy Candia en los juicios de 2002 sobre el número de personas que cabían en cada vuelo (siete u ocho) —aunque se refería a los que partieron de 1975 en adelante y en el Arava 2005—- concuerda con el número de personas registradas en los vuelos enlistados en la carta
“No es claro cuándo se hizo la lista, acá no hay fechas de viajes, sí de detenciones. El estilo es consistente con lo militar, las siglas, las puntuaciones”, señaló Yankelevich. “Menciona a personas de detención tardía; haciendo una inferencia, el documento se elaboró en diciembre del 74, […] [y en 1975] la carta del soldado que dice que desde el helicóptero tiró al mar a los detenidos, y te da un cruce fuerte: Serafín está en la lista de gente lanzada al mar”.
Con estos hallazgos, Yankelevich comenzó a hablar con algunos familiares para explicarles, paso por paso, la información encontrada, y los hallazgos de sus cotejos.
Lo que el informante de la carta pretende dejar claro es que todos los detenidos desaparecidos estuvieron en 1974 en la base aérea militar número 7 de Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar que fue el destino final de un número aún indeterminado de disidentes políticos del régimen priista, pues se sabe que los vuelos continuaron hasta 1979.
“Es un documento valioso. Pero hay que irse con cuidado, indagar y hacer una investigación mucho más compleja para verificar el documento”, advirtió Vicente Ovalle, autor del libro Tiempo suspendido, sobre las desapariciones forzadas.
Señala que el documento también pudo haber sido construido por el propio Ejército para desviar la atención o engañar; o porque en 2004 entre las filas castrenses existían rencillas internas.
“Puede estar relacionado con los ‘vuelos de la muerte’, el problema es saber cómo está relacionado. No irnos con la finta: ¿qué tipo de traslado menciona?, ¿por qué dice la palabra viaje y no vuelo?, ¿de dónde a dónde eran esos traslados? Falta ver cómo podemos relacionarlo con Pie de la Cuesta, con los vuelos, con las bitácoras y cosas por revisar. Esta es una pieza de un rompecabezas pero tenemos que saber qué nos dice”, precisó.
La carta generó esta semana que las organizaciones de derechos humanos Fundar, el Centro Prodh y Artículo 19, integraran un grupo de trabajo para contrastar su contenido con los datos que se tienen de ese periodo, y para planear un posicionamiento.
Detonó también que la agrupación Fundar —representante legal de Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla— enviara la carta a la Fiscalía General de la República, al área donde se investigan los llamados delitos del pasado para que se analice, y eso mismo hizo el área de esclarecimiento histórico de la Secretaría de Gobernación que, junto con la CNB, crearon ya un grupo de trabajo para examinar la carta. También ha llegado a manos de los comisionados de la verdad del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico que presentarán este mes su informe final.
‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’
¿Hubo alguna razón por la que la fundadora de Eureka descartó su contenido? ¿Hizo Rosario Ibarra de Piedra algo con la lista? Es difícil saberlo; la también exsenadora, quien llegó a ser la primera mujer candidata a la Presidencia de México, murió en 2022. Su familia no respondió a una petición de entrevista.
Este martes por la noche la información llegó a algunas de las compañeras de Rosario Ibarra, conocidas como Las Doñas.
Sara Hernández, esposa de Rafael Ramírez Duarte, desaparecido en 1974 e integrante de “Las Doñas de Eureka”, respondió que dudaba que el documento sea certero.
“Primero, Rosario hubiera buscado la forma de confirmar esa información. Tenía muchos contactos para eso. Segundo, nunca se buscó a los desaparecidos muertos, siempre con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tercero, ella algo hubiera hecho pero jamás archivarlo”, opinó.
Pero quienes conocieron a Ibarra de Piedra —madre de la actual titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra— saben de su eterna renuencia a considerar que las personas desaparecidas forzadamente pudieran estar muertas.
“Parece que quieren darle carpetazo a las investigaciones diciendo que fueron aventados al mar y que no hay manera de identificar a las víctimas, cuando muchos de ellos fueron vistos con vida en el Campo Militar Número Uno”, declaró en 2002 al periodista Gustavo Castillo, cuando trascendió que tribunales castrenses juzgaban los “vuelos de la muerte”. Siempre consideró sospechoso que la Procuraduría General de Justicia Militar aceptara que 143 desaparecidos políticos en Guerrero fueron asesinados y arrojados al mar.
Éramos radicales en nuestro lema: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, confesó una persona perteneciente a Eureka, omitían hablar de los indicios de que algunos de los desaparecidos ya habían sido asesinados.
En ese contexto hay que situar a Eureka. Ibarra recibió la carta cuando acababan de terminar los juicios y se cerraba la decepcionante investigación de los delitos del pasado de la Femospp, y recibía muchos documentos y confesiones de todo tipo; las familias habían sido engañados durante años por funcionarios de gobierno, que les mentían o entregaban información falsa. Y la consigna de Eureka era que aparecieran con vida, no dejaba que se mencionara otra posibilidad.
Sin embargo, entre familiares que reciben la lista siempre surge la pregunta: ¿Por qué Rosario no nos informó?
Han sido días difíciles para mucha gente a partir de que circuló esa información. También han comenzado a escucharse las exigencias de verdad.
“Si el ejército tuvo la lista de 1974 debe existir listas de los años posteriores, al menos hasta 1979 que se tienen documentados los vuelos de la muerte. La mayoría de las víctimas enlistadas fueron aprehendidas por el ejército y su último paradero conocido fue en las instalaciones militares. Este hallazgo es un punto de inflexión que hace vigente la exigencia histórica de las familias de que el Estado mexicano entregue todas las listas con los nombres de las víctimas de esta operación”, dijo Contreras, del Centro Prodh.
“Pedimos a la Sedena que colabore y no ponga obstáculos o nos dé información a cuentagotas. También llamamos a la cautela; aunque tiene información verídica, Tita Radilla ya antes había recibido otra lista de ‘vuelos de la muerte’ que tenía inconsistencias; esta tiene datos verídicos, por eso pedimos a las autoridades darle importancia”, concluyó el abogado Humberto Guerrero Rosales, de Fundar.
La lista de los presuntos vuelos comenzó a divulgarse en grupos de mensajería de colectivos de víctimas desde este martes por la noche. En A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab decidimos publicarla porque ya está en los celulares de las familias de las víctimas de manera descontextualizada y sin explicaciones certeras. Como sabemos que está causando dolor e indignación preferimos que esté acompañada de esta investigación.
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