La periodista comentó que existían algunas instituciones que recibían recursos públicos a pesar de que no contaban con Registro Federal de Contribuyentes.
Desde 2014, cuando la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) era encabezada por Rosario Robles, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) empezó a encender “los focos rojos” en el Programa de Estancias Infantiles, debido a la falta de transparencia en la asignación de recursos, afirmó la periodista Ana Lilia Pérez.
En #MesaDeAnálisis con la periodista Carmen Aristegui, comentó que de acuerdo con una revisión que hizo la Auditoría, no había transparencia suficiente en la manera en la que se operaba este programa y en la distribución de los recursos.
Por ejemplo, apuntó, había funcionarios que cobraban por integrar a las estancias en este programa.
Refirió que como foco muestra se tomó a las estancias de Jalisco, y ahí se encontraron inconsistencias en las listas de los niños beneficiados.
“En términos de las condiciones físicas de los inmuebles, se encontró que había inmuebles que no tenían sus pólizas de seguro, que no había autorizaciones de las autoridades en materia de protección civil. Cuando se revisan físicamente algunas de estas estancias, se encuentra con que había botiquines con productos caducos o que carecían de los mínimos solicitados. Había estancias que presentaban aparatos eléctricos sin protección adecuada, cables, enchufes o contactos que estaban al alcance de los niños”, abundó.
Además, había bitácoras incompletas, áreas de actividad y alimentación de niños que no tenían higiene adecuada.
Por otra parte, expuso, “los auditores afirmaron que cuando hicieron estas visitas de verificación, los responsables de algunas estancias les dijeron que había encargados del programa de Sedesol que les solicitaban dinero para realizar o agilizar trámites, que los obligaban a asistir a cursos de capacitación adicionales o los amenazaban con suspenderlos”.
Cuando los auditores entrevistaron a estos supervisores, ellos señalaron que los vehículos asignados para hacer su trabajo eran utilizados por sus jefes para fines particulares, detalló Pérez.
Asimismo, destacó, había estancias que no contaban con toda la documentación.
“Año con año se iba modificando el padrón de estancias, unas entraban, otras salían, había dilación inexplicable en la autorización de trámites. Había estancias que operaban sin tener al día trámites o temas importantes clave, como un Registro Federal de Contribuyentes, pero se estaba mandando dinero a esta institución a través de este programa”, subrayó.
En otros casos, comentó, los encargados reportaban que tenían un número de niños, pero cuando se hacía la revisión, se encontraban menos.
Por su parte, el escritor Fabrizio Mejía observó que la expresión del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, de que los abuelos cuiden a los niños, “fue desafortunada”.
Aseveró que en caso de que los padres decidan que sus hijos sean cuidados en su casa, habrá que implementar un programa adicional de formación psicológica o de apoyo emocional.
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que la administración anterior “no dejó una piedra sin labrar”, pues en todos los programas y actividades que se desarrollaron se encuentra corrupción, falta de controles y ausencia de ética pública.
Afirmó que el nuevo gobierno ha decidido entregar los apoyos de manera directa para evitar que los recursos sean desviados o que se les sean otorgados a personas que no los necesitan.
“Hay familias que recibían tres o cuatro mil pesos por apoyos mensuales, y había gente a la que no le llegaba, a pesar de que tenían mayor necesidad de tipo económico”, expuso.
Por ejemplo, refirió, las estancias se les daba a los familiares de los servidores públicos, “lo cual se llama corrupción”.
“El caso ABC es una tragedia terrible y un ejemplo del ejercicio discrecional de funcionarios públicos, de actos de corrupción, para efecto de mandar dinero a estancias donde los controles administrativos eran muy débiles y se estaba financiando a niños fantasma”, dijo.
La idea de bancarizar, anotó, tiene el propósito de “mejorar las condiciones de control y evitar que esto termine en pactos de naturaleza electoral”.
Por otro lado, Mejía afirmó que en México hay más de 30 mil organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del Estado y que no tienen control, “no se verifica lo que hacen o a quién benefician”.
Al respecto, Ana Lilia Pérez indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá que hacer una revisión muy cuidadosa, pues mientras algunas organizaciones han sido usadas para desviar o “lavar dinero”, hay otras que han hecho el trabajo que le correspondía al Estado,
Nieto añadió que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reportado que las organizaciones sin fines de lucro es uno de los espacios que se tienen que cubrir, sobretodo para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
A continuación la #MesaDeAnálisis sobre estancias infantiles y organizaciones de la sociedad civil:
