“No tiene que ver con eventos de los últimos 15 días, tampoco tiene que ver con que el hospital pudiera haberse negado al plan de gratuidad de todo el sector salud”, afirmó el funcionario de la Ssa.
La decisión de destituir a Miguel Ángel Celis López como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “no fue una decisión precipitada ni tiene que ver con eventos de los últimos 15 días, tampoco tiene que ver con que el hospital pudiera haberse negado al plan de gratuidad de todo el sector salud”, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Durante la conferencia matutina de este martes, indicó que este espacio es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Salud (Ssa) que tiene personalidad jurídica propia y un órgano de gobierno, y aseveró que fue la junta la que dispuso el cese del entonces directivo.
“Tiene que ver con algo que se ha venido analizando desde hace más de cuatro meses y es el desempeño de la gerencia del hospital. La capacidad técnica en medicina no está en cuestión y no tiene nada que ver con esto. La idea es, una persona que dirige un hospital tiene que dirigirlo con eficiencia, transparencia y al servicio de que funcione el hospital para que las personas sean atendidas. Podrá tener las mejores capacidades técnicas en una materia específica de la medicina, pero lo importante es que sea un gerente efectivo”, apuntó.
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López-Gatell refirió que se documentaron muy graves problemas de incapacidad técnica que llevaron a que hubiera desabastos locales en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el cual tiene contrato de farmacia integral que incumplió reiteradamente con sus obligaciones. El funcionario de la Ssa expresó que el proveedor privado debió ser sancionado y el hospital debió exigir la entrega de medicamentos.
Adelantó que el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, Gustavo Reyes Terán, ya tiene un plan en conjunto con la junta de gobierno para reactivar de manera efectiva los servicios y garantizar insumos, atención médica y gratuidad de los servicios.
En el actual gobierno, manifestó, no existe prejuicio alguno contra médicos y enfermeras, y precisó que a través de ellos y a partir de las denuncias vertidas, tanto en las visitas especiales que hubo como en procedimientos ordinarios, es que están viendo que haya un mecanismo robusto para activar los servicios que han estado paralizados por ciertas personas que en lo individual no han contribuido a eso.