Jorge Arnaldo Nava López fue separado de su cargo como fiscal de la Zona Norte en Chihuahua, informó este martes la Fiscalía General del Estado.
El cese fue dado a conocer tras revelarse que enfrenta una orden de aprehensión relacionada con el caso del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y la presentadora Inés Gómez Mont, investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.
Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont
Nava López asumió el cargo de fiscal de la Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, durante la recién concluida administración de Javier Corral; y hasta ayer se desempeñaba en el mismo puesto en el nuevo Gobierno de María Eugenia Campos.
“Esta separación no tiene que ver con los cambios o ratificaciones de titulares de las distintas áreas en el análisis del funcionamiento actual de la Fiscalía, los cuales se establecieron para realizarse un mes después de haberse completado el proceso de entrega-recepción”, señala la dependencia de Chihuahua en un comunicado.
Sin embargo, aclara, luego de tener conocimiento a través de algunos medios de comunicación nacionales de que Nava López tiene pendiente un procedimiento legal, se decidió separarlo de su cargo para que atienda dicho proceso.
Este martes, Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró orden de aprehensión contra 10 personas presuntamente involucradas en el caso de Álvarez Puga y Gómez-Mont.
En esa lista figuran cinco altos mandos del sistema penitenciario federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
También aparecen Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo, extitular de la Coordinación General de Centros Federales del organismo, y Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo revelado por medios nacionales.
Completan la lista Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla, por su presunta participación en empresas utilizadas para desviar los recursos provenientes de contratos otorgados precisamente por los OADPRS.
De acuerdo con información difundida días atrás, la investigación señala una triangulación de recursos a través de empresas factureras.
Según Reforma, en este caso se imputa una triangulación de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras presuntamente vinculadas a Álvarez Puga, recursos provenientes de dos grandes contratos otorgados por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), uno de ellos para la adquisición del Sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Coordinación, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS, destinado a los penales federales del Altiplano, Occidente, Noreste, Noroeste, Oriente, Sureste, Nor-Noroeste, Nor-Poniente, Norte y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
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