Tras un análisis de evidencia recabada en los últimos años y una serie de quejas presentadas ante el gobierno federal contra el directivo, el órgano rector del instituto decidió cesar al titular.
Por Marcos Martínez Chacón
Ante una serie de irregularidades denunciadas por personal del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, la Junta de Gobierno resolvió destituir al director de ese organismo, Miguel Ángel Celis López, acusándolo de “incompetencia”, “abandono de labores” y “falta de honorabilidad”.
En una ficha informativa a la que Aristegui Noticias tuvo acceso, se detalla que en una sesión este 21 de febrero, el órgano rector del instituto decidió remover a Celis López de su posición al analizar anomalías y “múltiples quejas” planteadas por personal médico y pacientes.
“En resumen, resultaba imperiosa la salida de un director que demostró incapacidad para dirigir un hospital de tercer nivel y gran prestigio, ya que diariamente se ponía en riesgo la salud y la vida de los pacientes y personas que laboran en dicha institución.
“Una atención indigna para cualquier persona, así como un comportamiento ominoso e indolente de que se le confía la salud y la vida, no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, con independencia del reconocimiento técnico que pudiera tener cualquier médico calificado”, dice la ficha consultada.
En la reunión de este viernes, presidida por Jorge Alcocer, Secretario de Salud federal, se votó con 6 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra por la remoción de Celis López. Como encargado del despacho de la dirección del instituto fue nombrado Pablo Ortiz León, director de Enseñanza.
Este sábado, durante una gira en Durango, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la reputación del funcionario destituido.
“Quien sabe eminencia para qué, porque eso también decían de los tecnócratas, que eran eminencias y miren cómo dejaron al país, a veces eminencias para sacar provecho personal”, declaró en Tamazula.
Trayectoria polémica
Tras asumir la dirección del instituto en febrero del 2017 por un periodo de cinco años, Celis López enfrentó señalamientos por presunta corrupción.
En marzo del 2017, un mes después de su nombramiento, la entonces senadora por el PRD, Lorena Cuéllar cuestionó los criterios utilizados para designar al médico como titular del organismo.
Al presentar un punto de acuerdo pidiendo al gobierno federal aclarar estos criterios, la legisladora sostuvo que Celis López “tenía averiguaciones previas ante la Procuraduría General de la República por negligencia médica (… ) y por falsificación de expedientes clínicos y falsedad en declaraciones ante la autoridad judicial”.
Sin embargo, tras la sesión de este viernes en la que se destituyó a Celis López, el ex Secretario de Salud federal, José Narro Robles, cuestionó la decisión en su cuenta de Twitter, calificándola como “una injusticia”.
Narro Robles encabezó la Junta de Gobierno del instituto cuando Celis López fue designado su director.
Al remover al doctor Miguel Ángel Celis como director del Instituto Nacional de Neurología, el Gobierno Federal comete una injusticia al tiempo que atropella la dignidad de los profesionales de la salud e incuba un problema grave pic.twitter.com/RzPsfIDcZG
— José Narro Robles (@JoseNarroR) February 21, 2020
Cesado por ‘grandes problemas’ en el instituto
En la ficha informativa, se detalla que durante el encuentro se analizó el contenido de una denuncia enviada al Presidente Andrés Manuel López Obrador el 19 de diciembre pasado por siete enfermeras y dos médicos del instituto en el que denunciaron múltiples anomalías dentro del instituto.
Entre las irregularidades reportadas por el personal en la carta, de la cual este medio tiene copia, están “una gran deficiencia en la prestación del servicio por parte del proveedor” de farmacia subrogada Phoenix Farmacéutica S.A. de C.V. e Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V.
Los quejosos también revelaron que ante las fallas del proveedor al que le fue otorgado el contrato SSG/LPN/011/2017 -del cual Aristegui Noticias tiene copia-, por el instituto en 2017, personal médico le exigía a los pacientes adquirir con recursos propios los insumos médicos.
El contrato, con vigencia del 1 de diciembre del 2017 al 31 de noviembre del 2020, fue firmado, por parte del instituto, por Luis Gerardo Arredondo Gasamans, director de Administración; Héctor Flores Tafolla, subdirector de Servicios Generales; Juan López Anaya, subdirector de Recursos Materiales, y Adolfo Leyva Rendón, director Médico.
En el convenio se estableció que el instituto era representado por López Celis. Como representantes de las empresas firmaron Juan Eduardo Flores Villegas, representante legal de Phoenix Farmacéutica, y Rogelio Rodríguez Quintana, representante legal de Intercontinental de Medicamentos.
En el contrato se estableció un monto máximo de 662 millones 050 mil 289.85 pesos y uno mínimo de 332 millones 610 mil 901.53 por la prestación de servicios.
El material que los denunciantes sostuvieron que constantemente era insuficiente incluye fentanilo, epamin y kepra, antibióticos como ceftriaxona, cefolatina, vancomicina, clindamicina, y analgésicos como efedrina y desmoprecina.
“Cabe señalar que en los citados rubros que se han comentado, a la falta de insumos tanto de farmacia como de material, estos le son solicitados directamente al paciente o a sus familiares, bajo la consigna que de no comprarlos con los proveedores sugeridos por el personal médico del nosocomio, no se le dará atención al paciente”, dice la carta.
Estos médicos y enfermeras además denunciaron que estas fallas derivaron en “suspensión de cirugías, crisis convulsivas, infecciones que pueden causar causar muerte, y más días de hospitalización”.
En la misiva, en la que los denunciantes reportaron fallas en la “subrogación de servicios”, en el “uso de quirófanos”, además de “acoso laboral”, “falta de planeación adecuada”, “violencia de género” y temor a represalias, se detallan múltiples fallas como la reutilización de equipo que debía ser usado una sola vez.
“El equipo de craneótomos, sierras, fresas para realizar los diferentes abordajes son insuficientes y de mala calidad, además de ser reutilizados, (y) aún cuando dicho equipo debe ser de un solo uso y desechado, el mismo es lavado y esterilizado para su reutilización, lo cual va en contra de cualquier buena práctica médica”, dice el documento enviado a López Obrador.
Copias de la carta fueron dirigidas a la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval; la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, y a la entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda (SCHP), Raquel Buenrostro.
Asimismo, los denunciantes acusaron que personal médico obligaba a los pacientes a pagar la renta de equipo para tratamientos a empresas externas como Tecnomed, Forefront Médica México, Varliz e Integra, entre otras.
“La renta de todos los aparatos para cirugía también tiene que ser pagada por los pacientes, ya que el día de la cirugía es cuando llegan dichos aparatos al instituto y se cobra la renta a los familiares antes de que bajen a quirófano”, dice el texto.
Además fue denunciada presunta corrupción en los servicios de biodescontaminación.
“La biodescontaminación se pretende aplicar con más frecuencia de la necesaria para incrementar el consumo del servicio y obtener una ganancia indebida, por parte de la empresa KOOFER, en contubernio con algún servidor público del instituto”, sostuvieron en la carta, en la que también fueron señaladas violaciones en el instituto a las normas oficiales en materia de quirófanos.
La carta fue firmada, del equipo de enfermería adscrito al Servicio de Quirófano, por Abraham Ricardo Serralde Ramírez, María del Rosario Ruelas López, Eloísa Servín Morales, María del Rocío Monroy Trevilla, Martha Elena Castillo Trejo y Martha Patricia Medel Calzadilla; de Servicio de Neurología, la enfermera Karla Leticia Cancino Morales, y los médicos adscritos al Servicio de Neuroanestesiología, Eduardo Hernández Bernal y Manuel Islas Álvarez.
“Todo esto tristemente está pasando al interior de este instituto, cuya función es apoyar a la población más necesitada que sufre este tipo de padecimientos, lo cual no se materializa debido a los manejos indebidos y corruptelas por parte de los altos mandos de dicho instituto”, concluyeron.
SFP investiga irregularidades
El 31 de enero, la titular de la SFP informó que la dependencia federal abrió investigaciones contra seis directivos del sector salud, entre los que está el ahora ex director de Neurología Celis López.
“Están abriéndose (procesos de investigación), ya hay abiertos para el de Neurología y hay una media docena de investigaciones de alto nivel”, dijo ese día tras un encuentro con legisladores de Morena.
Previo al anuncio de Sandoval, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó el 28 de enero que el Instituto de Neurología había sido el único hospital que había rechazado sumarse al esquema de otorgamiento de servicios gratuitos en el tercer nivel de atención.
“En este momento lo que dice el Instituto de Neurología es: ‘Yo quiero seguir con este contrato’, y el diálogo sigue abierto. Como ha dicho el presidente, queremos que todo mundo entre con el convencimiento de que estamos haciendo un bien para la población”, sostuvo en la conferencia matutina de López Obrador ese día.
Tras las declaraciones de López-Gatell, Celis López dijo que el instituto aceptaría la gratuidad en los servicios.
Tanto Sandoval como el titular de Salud federal, Alcocer, habían realizado una visita, sin previo aviso, a Neurología y Neurocirugía el 6 de febrero pasado, durante la cual personal les reiteró las quejas previamente expuestas, como falta de gasas, guantes, jabón, suturas y hasta batas.
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