Del 1 de enero al 30 de septiembre el gobierno federal entregó más de 125 mil contratos por un monto de 358 mil 930 millones de pesos.
Es periodo incluye las compras que se realizaron mientras estuvo fuera de servicio Compranet, donde no hay información suficiente para conocer todas las compras públicas, según el reporte Nuestro Dinero, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
Investigadores apunta que 8 de cada 10 contratos se entregan por adjudicación directa y 1 de cada 10 por licitación pública, lo que refleja la misma tendencia que se ha mantenido desde sexenios previos.
El reporte dice que 48 de cada 100 pesos se han gastado por licitación pública mientras que 37 pesos de cada 100 son mediante procedimientos de excepción.
Solo en este trimestre tres instituciones tuvieron más de 95% de su gasto en contratos con poca o nula competencia: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) con 99%, Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) con 98% y Diconsa con 94%.
El contrato más grande fue por 12 mil millones de pesos. Lo dio Banobras a Mota-Engil.
El reporte completo aborda irregularidades en las contrataciones, incluyendo adjudicaciones a empresas inhabilitadas para participar en compras públicas.
El análisis contempla un apartado especial para las compras y contratos que realizó el gobierno federal entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2022, mientras estuvo fuera de servicio la plataforma Compranet.
Entre los contratos con mayores montos para el periodo de caída de la plataforma CompraNet se encuentra el contrato de Prevención y Readaptación Social con la empresa Irkon Holding S.A. de C.V., por un monto de más de 230 millones de pesos. Esta empresa fue inhabilitada en 2017 por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla y ha tenido auditorías por irregularidades derivadas de sobrecostos en contratos de años anteriores, según los investigadores de Nuestro Dinero.
Durante la caída de CompraNet también se identificaron contratos por 20 millones de pesos entregados a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, Cyber Robotics Solutions, misma que había sido inhabilitada por la Función Pública y acusada de irregularidades como sobrecostos y haber dado información falsa para ganar contratos.
Los investigadores afirman que su objetivo es “demostrar lo importante que es para todos y todas un sistema de transparencia que nos permita revisar y mejorar las formas en que el gobierno gasta nuestro dinero (…) esta investigación busca denunciar las faltas e irregularidades que se encontraron en los procesos de compra para exigir una mejora en ambos”.
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